Acompañantes terapéuticos sin cobrar desde abril: familias denuncian que peligra la inclusión escolar
Padres y madres de San Luis denuncian que el Gobierno provincial adeuda desde abril los pagos a acompañantes terapéuticos que asisten a niños con discapacidad en las escuelas. La situación afecta directamente el derecho a la educación inclusiva y podría derivar en medidas de fuerza si no se resuelve de inmediato.
“Mi hijo tiene síndrome de Asperger. Desde fines de marzo cuenta con una acompañante terapéutica que trabaja todos los días de 8 a 12:30 y hasta ahora no ha cobrado ni un solo mes. Lo hace gratis”, relató una madre en diálogo con El Diario de la República.
El conflicto comenzó tras un cambio en el sistema de contratación implementado por DOSEP, la obra social estatal, que firmó un nuevo convenio con una empresa privada para canalizar los pagos. Algunas profesionales alcanzaron a ingresar como prestadoras directas, pero ni siquiera en esos casos se efectivizaron los pagos.
Cada mes, los profesionales presentan una orden con el “módulo escolar”, que DOSEP autoriza. Pero, según denuncian, los expedientes quedan detenidos en la Contaduría General de la Provincia sin explicaciones claras.
“Llamás a Contaduría y nadie sabe nada. Te dicen que está para la firma, que hay que esperar, que lo están revisando… Pero lleva más de un mes en ese estado. ¿Cuánto más tenemos que esperar?”, cuestionó la mujer.
Error administrativo, consecuencias reales
Durante una reunión con padres y profesionales, directivos de DOSEP reconocieron que hubo un “error de sistema” que dejó fuera de circuito a varias trabajadoras. Aseguraron que se trataba de solo “cuatro o cinco casos”, pero los reclamos siguen multiplicándose.
El monto mensual por cada módulo ronda los 322 mil pesos, y la deuda por profesional ya supera los $1.300.000. Algunas acompañantes advirtieron que, de no regularizarse la situación antes del último viernes hábil de julio, no retomarán las actividades tras el receso invernal.
“No se puede exigir compromiso y vocación mientras el Estado las deja cuatro meses sin cobrar. Las acompañantes trabajan codo a codo con los docentes para que nuestros hijos puedan aprender en paz. No planifican como una maestra, pero sostienen emocionalmente a los chicos todos los días”, explicó la madre denunciante.
“Cumplimos con todo, pero nos fallan desde adentro”
Las familias insisten en que cumplieron con todos los requisitos administrativos. “El error lo cometieron ellos. Yo trabajo en el Estado y sé que puede pasar. Pero no podés tardar cuatro meses en arreglarlo. Es una falta de respeto para las profesionales y para nuestros hijos”, concluyó la madre.
Mientras tanto, el reclamo sigue creciendo. Padres, madres y trabajadoras reclaman lo mismo: respeto, cumplimiento y urgencia.
