Denuncian a Poggi y a su ministro por malversación de fondos públicos
El diputado nacional Ernesto Nader “Pipi” Alí presentó una denuncia penal contra el gobernador de San Luis, Claudio Poggi, y el ministro de Hacienda e Infraestructura Pública, Néstor Ordóñez, por el presunto delito de malversación de caudales públicos, en los términos de los artículos 260 y 264 del Código Penal Argentino.
La acusación fue formalizada tras la aprobación de la Cuenta de Inversión 2024, en la que el Ejecutivo reconoció un saldo inicial de $93.590 millones, disponibles al momento de asumir la gestión.
El eje de la denuncia: plazos fijos y salarios desdoblados
La presentación judicial se basa en dos medidas adoptadas por el Gobierno:
- La constitución de 19 plazos fijos millonarios con fondos públicos a partir del día siguiente a la asunción de Poggi.
- El desdoblamiento del pago de salarios a trabajadores de la administración pública.
Según Alí, el Gobierno tenía los fondos necesarios para abonar los sueldos en tiempo y forma, pero optó por invertirlos en instrumentos financieros, lo que, a su entender, configura una maniobra irregular.
“El Ejecutivo prefirió disponer de los fondos para obtener rendimiento financiero, en lugar de cumplir con su obligación de pagar salarios sin demora”, denunció.
Fondos disponibles y proyecto de endeudamiento
El legislador recordó que al comenzar su mandato, Poggi contaba con $93 mil millones en las arcas provinciales, mientras que requería $30 mil millones para cubrir la masa salarial.
En ese contexto, cuestionó el intento del gobernador de tomar deuda pública, lo que según el diputado, “fue parte de un acting para simular una crisis inexistente y justificar políticas de ajuste”.
Los artículos del Código Penal invocados
Alí sustentó su denuncia en dos figuras del Código Penal:
- Artículo 260: castiga al funcionario que aplica los fondos públicos a un fin distinto del que estaban destinados.
- Artículo 264: sanciona al funcionario que demora, sin justificación, el cumplimiento de pagos ordinarios.
“Está claro que la conducta del Gobernador y del Ministro ha sido antijurídica”, afirmó el diputado.
