Bancos y Gobierno: tensión máxima por la obligación de financiar deuda pública
La suba de encajes y la imposición de destinar fondos inmovilizados a la compra de bonos encendió alarmas en el sistema financiero, con fuertes repercusiones en el mercado y críticas por la falta de diálogo.
La relación entre el Gobierno y los bancos atraviesa su momento más tenso desde el inicio de la actual gestión. La reciente decisión del equipo económico de elevar nuevamente los encajes bancarios y obligar a las entidades a destinar esos fondos inmovilizados a la compra de deuda pública generó un fuerte malestar en el sector, que advierte sobre un esquema de coerción financiera.
Aunque las circunstancias distan del traumático “corralón” de 2001, la medida —adoptada tras el fracaso en la última licitación de bonos— fue interpretada por muchos como un “manotazo de ahogado”. La reunión de urgencia entre banqueros y el Banco Central no logró calmar las aguas: “No nos escucharon”, resumió un ejecutivo, señalando que el encuentro fue más técnico que participativo. El mensaje oficial fue claro: los pesos no deben presionar al dólar, y para eso deben quedarse quietos.
Reacción local e internacional
Lo que el Gobierno presenta como un instrumento de contención monetaria es visto por las entidades como un castigo. El impacto no tardó en llegar a los mercados: los ADR de los bancos argentinos en Wall Street se desplomaron, con caídas lideradas por Galicia, Supervielle y BBVA, reflejando la desconfianza externa en el rumbo económico.
El ministro de Economía, Luis Caputo, intentó justificar la medida como una estrategia para preservar la estabilidad de precios. Sin embargo, sus declaraciones —cargadas de tecnicismos y contradicciones— no despejaron dudas. La idea de “no emitir si no sabemos por qué sube la demanda de dinero” dejó la sensación de que el Gobierno actúa más por temor que por un plan sólido.
Críticas y falta de previsibilidad
Desde el sector privado, economistas y consultoras señalan la falta de previsibilidad y coherencia en el plan económico, especialmente tras la eliminación de las Leliq. También cuestionan la forma de comunicar decisiones de alto impacto por redes sociales y fuera de los canales oficiales, lo que, lejos de generar certidumbre, incrementa la volatilidad.
Riesgos políticos y económicos
Más allá de lo financiero, analistas advierten que el problema es también político: reemplazar el diálogo por imposiciones erosiona la confianza, desalienta la inversión y limita el crecimiento. El Gobierno enfrenta así un dilema serio: si no reconstruye consensos —incluso con el sector bancario—, podría profundizar su aislamiento institucional y perder credibilidad, con el riesgo de desatar una nueva crisis que ya no será atribuible a la herencia, sino a las propias decisiones de la gestión.
