Acusan a funcionarios de San Luis de extorsión y de vender una cosecha millonaria de maíz
Un grave escándalo sacude la provincia de San Luis: se denuncia que funcionarios provinciales y judiciales estarían implicados en la extorsión y venta irregular de una cosecha de maíz de alto valor económico, procedente del campo expropiado llamado “El Caburé”. El monto estimado supera los 2 millones de dólares, y hoy se desconoce el paradero del cereal o del dinero generado con su comercialización.
El establecimiento agropecuario, de unas 2.000 hectáreas ubicado en el departamento Pedernera, fue expropiado en abril del año pasado. En ese momento, el secretario de Ética Pública y Control de Gestión del gobierno provincial, Ricardo André Bazla, encabezó el operativo de toma del predio. Según los productores afectados, la documentación estaba en regla, y califican el acto como arbitrario e ilegal.
El abogado que representa a los productores declaró que, en paralelo a esa expropiación, se desplegaron maniobras para comercializar el maíz sin los procesos legales correspondientes: falta de cartas de porte, ausencia de registros oficiales, uso de intermediarios no inscriptos. En uno de los audios que circulan, un supuesto asesor vinculado al gobierno describe cómo vender el cereal “en negro”, a un comprador que no requeriría carta de porte, de modo de evadir controles.
A su vez, la acusación incluye que los productores fueron imputados de usurpación en una distracción procesal mientras se quedaba con la cosecha. “Nos imputaron de usurpación para que todo el mundo mire para otro lado y se queden con el maíz”, afirmó el letrado.
Las irregularidades también alcanzan el ámbito judicial: se menciona la participación de personas del Poder Judicial y contratos firmados por funcionarios vinculados al proceso de cosecha sin transversalidad ni transparencia. No se ha registrado oficialmente el ingreso de dinero a las arcas públicas ni la trazabilidad del cereal recuperado.
Hasta ahora, las autoridades no han emitido declaraciones públicas sobre el tema, y la Secretaría a cargo de Bazla permanece en silencio. Mientras tanto, los productores damnificados han presentado denuncias penales para que se investigue la desaparición del cereal y se determine la responsabilidad de los funcionarios involucrados, reclamando que se haga justicia por el tamaño del perjuicio.
El caso abre una incógnita de peso: ¿dónde están los millones que dejó esa cosecha?
