“Campaña de desprestigio” denuncia una abogada contra el Poder Judicial de San Luis
Una abogada de la provincia advirtió que el Poder Judicial de San Luis está siendo blanco de una “campaña de desprestigio” organizada desde distintos sectores cercanos al poder político. Según su análisis, el objetivo de esta estrategia sería debilitar la autonomía judicial, afectar la reputación institucional y condicionar la labor de juezas y jueces.
Durante su exposición a la comunidad jurídica, la profesional indicó que la campaña combina varios elementos:
- Difusión constante de datos de mora y retraso en los tribunales sin suficiente contexto institucional ni estructura de recursos.
- Protocolos de comunicación que presentan al sistema como lento, ineficiente o parte del aparato estatal.
- Falta de respuestas públicas de las autoridades judiciales para defenderse, lo que genera una sensación de indefensión entre el personal del sistema.
La abogada advirtió que esta estrategia de desgaste no solo impacta en la percepción del servicio de justicia, sino también en su capacidad para funcionar con independencia. “La autonomía judicial no se construye únicamente con leyes: requiere presupuesto, gestión autónoma y respaldo institucional”, afirmó.
En respuesta, distintos colegios profesionales y asociaciones de la abogacía provincial analizan medidas para afrontar lo que consideran un deterioro institucional:
- Creación de un observatorio de medios para analizar y contrarrestar la cobertura adversa.
- Desarrollo de campañas de comunicación institucional para restablecer la confianza.
- Reuniones intercolegiales para consolidar una agenda común de defensa de la independencia judicial.
El episodio abre una discusión más amplia sobre el rol de los medios, las filtraciones selectivas y las políticas de comunicación institucional en el funcionamiento del sistema de justicia. También plantea preguntas importantes: ¿hasta qué punto la imagen de la justicia depende de su gestión y de su cobertura mediática? ¿Cómo garantizar que las críticas sean constructivas y no un instrumento para condicionar decisiones judiciales?
