La Justicia prohíbe al Gobierno eliminar programas de violencia de género
La Sala Feria A de la Cámara Nacional Contencioso Administrativo Federal resolvió este viernes prohibir al presidente Javier Milei eliminar los programas de prevención y asistencia destinados a mujeres y niños en situación de violencia de género. La medida, ratificada a través de la resolución 11167/2024, confirma la vigencia de la cautelar que el Gobierno había intentado apelar para avanzar con recortes en estas políticas.
Rechazo a la apelación del Gobierno
El Ejecutivo había solicitado habilitar la feria judicial para tratar su apelación, pero la Justicia rechazó el planteo. Según explicó la periodista Vanesa Petrillo en el programa De Una de C5N, “la Cámara le acaba de rechazar el planteo al Gobierno para habilitarle y tratar esto”, reafirmando la vigencia de la medida cautelar.
Alcances de la medida judicial
La resolución prohíbe al Ministerio de Justicia y al Poder Ejecutivo Nacional:
- Reducir recursos humanos y de infraestructura institucional dedicados a la Subsecretaría de Protección Contra la Violencia de Género.
- Realizar reestructuraciones o medidas que afecten el funcionamiento de los Centros de Acceso a la Justicia.
- Suspender la producción y publicación de evidencia y estadísticas relacionadas con la problemática de género.
Estas disposiciones buscan garantizar la continuidad de los programas y servicios que brindan asistencia a víctimas de violencia de género en todo el país.
Acción judicial de organizaciones feministas
La medida cautelar responde a una acción judicial iniciada el 28 de junio de 2024 por un grupo de organizaciones, entre ellas el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Ni Una Menos (NUM), Mujeres por Mujeres (MxM), FUNDEPS y la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM). Estas entidades habían solicitado la intervención judicial para impedir recortes en áreas críticas de protección a las víctimas.
Contexto político
El fallo representa un revés para el Gobierno de Javier Milei, que ha impulsado ajustes en diversos sectores, incluyendo las políticas de género. Esta decisión judicial refuerza la obligación del Estado de garantizar la protección y asistencia a mujeres y niños en situación de vulnerabilidad, pese a las intenciones de reestructuración del Ejecutivo.
La resolución también marca un precedente relevante en la defensa de los derechos humanos, subrayando la importancia de preservar y fortalecer las políticas públicas destinadas a erradicar la violencia de género.
