Una familia humilde recibió $540 millones por error del Estado y ahora enfrenta prisión
En Villa Mercedes, Verónica Acosta y cinco familiares fueron imputados por usar parte del dinero transferido por un contador del Gobierno. Les exigen una fianza de $30 millones a cada uno para evitar la cárcel.
Un grave error administrativo del Gobierno provincial dejó a una familia humilde de Villa Mercedes al borde de la cárcel. Verónica Alejandra Acosta esperaba recibir $8.000 de una cuota alimentaria, pero el Estado le transfirió por equivocación $540 millones. Hoy, la Justicia la acusa de defraudación al Estado y exige una caución de $30 millones por persona para ella y cinco familiares que también fueron imputados.
El hecho ocurrió hace unas semanas, cuando un contador de la administración pública realizó la transferencia errónea y luego él mismo presentó la denuncia. Según la defensa, el funcionario no fue imputado.
“Pensé que habían sido $500.000, compré alimentos, una heladera y arreglos para la casa. No sabía que era dinero del Gobierno”, explicó Acosta.
Una reacción desproporcionada, según la defensa
En menos de 48 horas, el Gobierno bloqueó la cuenta bancaria y presentó la denuncia. Se realizaron allanamientos, secuestro de bienes y celulares de menores de edad, y la Justicia imputó a Acosta y otros cinco familiares.
“Son personas humildes, sin antecedentes ni intención de estafar. El error fue del Estado, y ahora quieren hacerlos pasar por delincuentes”, dijo su abogado, Hernán Echevarría, quien apeló tanto la imputación como la fianza exigida por la jueza de Garantía.
El Gobierno logró recuperar más del 90% del dinero: parte fue bloqueada, otra devuelta voluntariamente y el resto se rastrea en billeteras virtuales incautadas. Todo el movimiento quedó digitalmente registrado.
Desde Fiscalía de Estado, el abogado Flavio Ávila aseguró que hubo intentos de advertirles del error antes de accionar judicialmente. “La buena fe se demuestra con hechos”, dijo.
La libertad en juego
A pesar de los antecedentes y la falta de intención criminal comprobada, la Justicia resolvió que cada imputado deberá pagar $30 millones en tres días hábiles para conservar su libertad. La defensa calificó la medida como “exorbitante e imposible de cumplir”.
Mientras tanto, las familias —con niños, personas con discapacidad y en condiciones de vulnerabilidad— viven con miedo a ir a prisión por una situación que no generaron.
“No somos ladrones. No sabíamos de dónde venía esa plata. Ahora nos tratan como criminales por un error ajeno”, concluyó Acosta.
