Por Pablo Muract
La segunda semana de junio trajo novedades en la tan imaginaria como incomprensible guerra que las nuevas alianzas gobernantes decidieron declarar a muchos pobres sin trabajo formal.
En la capital provincial, el proyecto del Ministerio de Seguridad para sancionar a cuidacoches y lavavidrios en San Luis había sido frenado por el concejal oficialista Mario Silvestri, quien advirtió graves fallas técnicas y jurídicas. Cuestionó la intervención de la Policía provincial y la transferencia de competencias judiciales, señalando contradicciones en el texto. La propuesta, presentada como una solución al uso del espacio público, fue retirada del tratamiento legislativo. Inmediatamente, el intendente Gastón Hissa reclamó a los concejales de la ciudad de San Luis que traten y aprueben el proyecto lo antes posible.
En Villa Mercedes, desde la Intendencia enviaron al Concejo Deliberante una nota presentada por comerciantes, quienes solicitan intervención ante la grave situación que están viviendo, al sentirse rehenes de pretensiones y malos tratos de los denominados “trapitos”. En la misiva mencionan un hecho delictivo del que fue víctima uno de los comerciantes de nuestra ciudad. Aunque no lo describen en detalle, sí explicitan que se produjo en el interior de un local, por lo que cuesta imaginar que ese repudiable episodio tenga vinculación con el tránsito y la seguridad vial.
La nota terminó anexada al expediente del proyecto de ordenanza que busca prohibir a los limpiavidrios, trapitos, cuidacoches, artistas callejeros y demás actividades informales a las que la situación desesperante actual empuja a muchas personas. La comentamos oportunamente en este artículo denominado “Prohibir para no resolver: la miopía social de concejales villamercedinos”.
Los legisladores comunales organizaron una reunión a la que convocaron a los comerciantes preocupados. Los escucharon —poco— e intentaron convencerlos de que la solución a sus problemas pasa por el proyecto de ordenanza que hemos citado y que venimos cuestionando.
Las reuniones de comisión en el HCD son públicas, y los ciudadanos pueden participar y hablar hasta 45 minutos. Razones laborales nos impidieron estar presentes, pero hicimos llegar una nota en la que desarrollamos algunos aportes, con pedido expreso de que fuera leída. Queríamos que los comerciantes no se quedaran con el sonido de una sola campana. Menos aún cuando esa campana suena con tonos autoritarios, represivos, insolidarios y —al fin y al cabo, desde lo que a ellos les interesa— con propuestas de acción absolutamente inútiles para resolver el problema que concretamente tienen los comerciantes. Y, de paso, también inútiles para solucionar el problema de inseguridad vial, que es el objetivo explicitado en el proyecto en cuestión.
Debo destacar la actitud del concejal Roberto Mones Ruiz, que estaba de acuerdo y abogó por que se dieran a conocer estas consideraciones.
Hablo de una nueva alianza oficialista conformada por la fuerza que lidera y conduce el intendente Frontera, más la fuerza del gobernador Poggi y, por su intermedio, la fuerza y sobre todo las ideas y metodologías dañinas del presidente Milei. Esto es distinto a lo que votó la ciudadanía de Villa Mercedes en junio de 2023, pero no se encuentra en el centro de nuestro análisis de hoy.
Hasta ahora —y todo indica que seguirá así, aunque ojalá me equivoque— el único sector convocado a reunirse fue el sector de los comerciantes. Lógicamente, ellos requieren una solución y no tienen por qué ponerse a estudiar o analizar las diferentes alternativas que podrían dar resultado. Tampoco tienen la obligación de notar que el camino que les están proponiendo arriba a un destino distinto del que ellos necesitan llegar. Tampoco anunciaron si los trabajadores informales cuya actividad pretenden prohibir van a ser convocados y escuchados, ¿ya tiene fecha la reunión con trapitos, limpiavidrios, artistas callejeros? Suena poco probable, pero, otra vez: ojalá que el equivocado sea yo.
Tampoco anunciaron si los trabajadores informales cuya actividad pretenden prohibir van a ser convocados y escuchados, ¿ya tiene fecha la reunión con trapitos, limpiavidrios, artistas callejeros?
La nota con los argumentos que las y los concejales de la nueva alianza oficialista se negaron a leer es el que reproduzco a continuación.
Lo primero que hay que expresar es la solidaridad con el comerciante víctima del hecho delictivo del pasado 8 de abril, en el local Moscow. Este lamentable episodio origina la nota que solicita intermediación e intervención al Sr. Intendente y deriva en el expediente que hoy se está debatiendo. El texto no explicita el tipo ni la naturaleza del hecho delictivo, aunque sí parece identificar al o los autores como recurrentes generadores de malos tratos, que ponen en vilo la seguridad de los firmantes y los coloca en el lugar de “rehenes de sus pretensiones”. Pretensiones que no se detallan en la nota en cuestión.
Lógicamente, los comerciantes requieren una solución y no tienen por qué ponerse a estudiar o analizar las diferentes alternativas que podrían dar resultado. Tampoco tienen la obligación de notar que el camino que les están proponiendo arriba a un destino distinto del que ellos necesitan llegar.
El hecho delictivo referenciado debe ser investigado, y su o sus responsables juzgados y castigados en función de la naturaleza del acto y aplicando todos los resortes del sistema judicial, independientemente de la actividad que desarrollen los agresores o su lugar de nacimiento y/o procedencia. Quiero decir: así se desempeñen como cuidacoches, oficinistas, abogados o empresarios, si son responsables de un hecho delictivo cometido en el interior de un comercio, debe formularse la correspondiente denuncia y reclamarse el proceso pertinente, con independencia también de si el o los perpetradores nacieron en Villa Mercedes, se instalaron en la década del 90 o llegaron hace 15 días.
Mi participación aquí propone la reflexión sobre las líneas que vinculan el episodio en cuestión con el proyecto de Ordenanza del Exp. 22545-o-2025, que se presenta como garante de la seguridad vial, entre otras cosas, mediante la prohibición de las actividades de cuidacoches, limpiavidrios y artistas callejeros.
La realidad y el registro estadístico echan luz sobre esta oscura afirmación, pues en los últimos 15 años, al menos, no hay un solo siniestro vial cuyas causas se puedan encontrar en ninguna de las actividades cuestionadas.
Más aún: del texto del proyecto de Ordenanza se desprende una flagrante contradicción entre los fundamentos y la parte resolutiva. En los primeros se enumeran una serie de situaciones —algunas que realmente suceden en nuestra ciudad y otras que solo se encuentran en el imaginario social y de quien o quienes redactaron el proyecto en cuestión. De hecho, el proyecto menciona que las actividades que pretende reprimir “incrementan el riesgo de accidentes de tránsito”. La realidad y el registro estadístico echan luz sobre esta oscura afirmación, pues en los últimos 15 años, al menos, no hay un solo siniestro vial cuyas causas se puedan encontrar en ninguna de las actividades cuestionadas.
Hace más de diez años que estudio aspectos relacionados con la movilidad urbana, el tránsito urbano y la siniestralidad vial. Lo hice con mayor compromiso y rigor durante los cuatro años en los que fui concejal de esta ciudad (2017–2021). He analizado soluciones urbanas aplicadas en diferentes ciudades del país y del mundo, buscando modos de adaptación a nuestra Villa Mercedes. De ese estudio y análisis comparativo, de legislación existente, experiencias y estadísticas, surgieron varias iniciativas. Algunas se concretaron gracias a la decisión política del Intendente Frontera, quien —por intermedio de su por entonces Secretario de Transporte, hoy concejal electo Fernando Revello— implementó el boleto gratuito prácticamente universal que propusimos entonces, como una medida para disminuir la siniestralidad vial y descongestionar el tránsito mediante el recurso —obvio, pero poco estimulado— de desalentar el uso de vehículos particulares en favor del transporte público de pasajeros.
Otras propuestas no tuvieron la misma suerte y quedaron solamente en proyectos. Sostengo hoy que —de instrumentarse— contribuirían a mejorar lo que a todos nos ocupa: mejorar la calidad de vida de las y los villamercedinos. Establecer calles más seguras reduciendo en 10 km/h la velocidad máxima de circulación de vehículos, optimizar el sistema de semaforización y reductores de velocidad, intervenir en la avenida 25 de Mayo para que el cruce solamente se haga en calles transversales que tengan semáforo, revisar el sentido de circulación de calles no céntricas ni avenidas que mantienen doble mano desde cuando las paralelas adyacentes eran de tierra. Como ejemplo: las calles Montevideo o Uruguay, en donde sí las estadísticas indican altos niveles de siniestralidad.
Es menester manifestar, además, que junto a la propuesta de boleto gratuito para diferentes colectivos sociales (estudiantes, docentes, personal de salud, jubilados, amas de casa, etc.), debía ponerse en práctica un servicio de transporte de pasajeros complementario: uno es el llamado «social», que atiende tres barrios alejados y desconectados, y que no podían atenderse por razones operativas con el sistema principal de transporte público. Se puso en marcha en el período de aislamiento por pandemia y, con muy buen criterio, atendió diferentes problemáticas de manera simultánea: los vecinos de los barrios 70 Viviendas, Ciudad Jardín, Kilómetro 2 y Kilómetro 4 tuvieron al fin su servicio de transporte, y las propietarias y propietarios de tráfics de transporte escolar, al no haber clases, pudieron mantener una actividad, adhiriendo a este nuevo servicio.
Quedaron pendientes tres acciones más que —debo destacarlo por enésima vez— parecen acciones destinadas exclusivamente a los usuarios del transporte público, pero son medidas urbanísticas que derraman ventajas sobre la sociedad en conjunto. Más transporte público es igual a menos autos particulares en las calles, igual a menor congestión de tránsito, a más lugares de estacionamiento, a menor siniestralidad vial, a menor contaminación ambiental, visual, sonora y térmica. Las acciones pendientes son: la implementación de servicios rápidos entre algunos complejos habitacionales (La Ribera, Jardín del Sur, 1000 Viviendas) y el centro; y la reformulación de los recorridos de las líneas tradicionales (que fueron aprobadas en la ordenanza de 2021 —no tengo el número disponible ahora— que estableció el boleto gratuito). También en esa ordenanza se establecía que en cada cuadra del microcentro, donde funciona el estacionamiento medido, deben disponerse de 6 metros que no se deben ocupar, para ascenso y descenso de pasajeros de coches de alquiler. De esa manera, se evita que taxis y remises paren en doble fila en cualquier lugar de la cuadra.
Todo el racconto anterior fue deliberado para dar testimonio de que sabemos de qué hablamos cuando hablamos de movilidad urbana, seguridad y siniestralidad vial.
Ninguna de las propuestas de acción del proyecto de Ordenanza que pretende prohibir a trapitos, limpiavidrios y artistas callejeros aporta ni un ápice a la seguridad vial. No apunta a mejorar la vida de las y los villamercedinos. Pretende colocarnos en un lugar de delatores un tanto paranoicos e intolerantes con los morochos, los pobres y los no nativos.
Ni hablar de lo que propone para con los menores, hijos de quienes buscan un magro ingreso informal con alguna de las actividades que quieren prohibir: llamar a la policía y separarlos de sus padres.
Decíamos, concretamente, en referencia a ese proyecto de ordenanza:
El núcleo del proyecto reside en su apuesta por la prohibición absoluta de actividades informales como los «cuidacoches», «limpiavidrios» y las expresiones artísticas en intersecciones viales, acompañada de sanciones económicas severas (200 a 500 unidades multa, duplicadas para reincidentes) y la intervención de la justicia contravencional. Este enfoque no distingue entre quienes ejercen estas actividades por necesidad y quienes podrían estar vinculados a redes extorsivas, sino que aplica una lógica de castigo indiscriminado. La seguridad vial, esgrimida como justificación, se convierte en un pretexto para criminalizar prácticas que, en muchos casos, son estrategias de supervivencia en un contexto de suma precariedad económica.
La ausencia de matices en la norma —que no diferencia entre un trapito que pide una colaboración voluntaria y una organización mafiosa— refleja una pereza intelectual que prefiere la solución fácil del garrote antes que el esfuerzo de comprender y abordar las complejidades del problema. En lugar de regular o formalizar estas actividades, como han intentado otras ciudades, Villa Mercedes opta por un modelo que convierte a los trabajadores informales en infractores, perpetuando su marginalidad en vez de integrarlos al tejido social.
Uno de los aspectos más alarmantes del proyecto es el tratamiento de los menores involucrados en estas actividades. El Artículo 6° establece que, ante la participación de niños, niñas o adolescentes, se dará intervención inmediata a la Policía de la Provincia de San Luis para su «protección y resguardo». No convoca a una Secretaría de Niñez y Adolescencia, no recurre a un juzgado de familia, ni a una ONG de las tantas que intentan contener la descomposición del tejido social que hoy nos abruma. No se menciona la intervención de organismos de niñez, programas de apoyo familiar o estrategias de contención; en cambio, se delega a la policía una tarea que debería ser abordada desde políticas sociales integrales. Va directamente al órgano represivo del Estado —la policía— y la presenta como una medida de cuidado, cuando es en realidad una aberración ética y social: implica separar a los menores de sus familias y judicializar su situación, trasladando un problema de vulnerabilidad socioeconómica al ámbito penal.
Lejos de proteger a la infancia, esta medida ignora el contexto en el que estos menores se encuentran —a menudo acompañando a padres o tutores en la búsqueda de sustento— y los expone a un sistema policial y judicial que, históricamente, ha demostrado poca sensibilidad hacia las infancias en situación de pobreza. Esta decisión no solo vulnera derechos fundamentales consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño, sino que agrava la estigmatización de las familias más pobres, tratándolas como amenazas en lugar de sujetos de derecho.
Frente a casos como este, ¿lo único que se les ocurre es llamar a la policía?
El proyecto carece por completo de una perspectiva social que reconozca las causas estructurales de las actividades informales. Los «trapitos», «limpiavidrios» y artistas callejeros no surgen por capricho, sino como respuesta a la falta de empleo formal, la precarización laboral y la exclusión económica que afectan a amplios sectores de la población argentina. Sin embargo, el proyecto de ordenanza no ofrece ni una sola alternativa superadora: no hay propuestas de capacitación, cooperativas, microcréditos ni programas de inserción laboral. La prohibición aparece como un fin en sí mismo, como si bastara con borrar estas prácticas del paisaje urbano para resolver el problema.
Esta omisión es particularmente grave en un contexto de crisis económica nacional, donde la informalidad es un refugio para quienes no encuentran lugar en un mercado laboral cada vez más restringido. Al no contemplar la dimensión social, el proyecto condena a estas personas a una mayor precariedad, empujándolas a la clandestinidad o a otras formas de subsistencia aún más riesgosas, sin atacar las raíces del fenómeno que dice combatir.
El Artículo 5°, que habilita el número 147 para denuncias anónimas, insta a los habitantes de Villa Mercedes a convertirse en vigilantes y delatores de sus propios vecinos. Esta medida no solo fomenta un clima de desconfianza y fragmentación social, sino que desnaturaliza el rol de la ciudadanía, transformándola en un engranaje de la maquinaria represiva estatal. El anonimato, lejos de ser una garantía de seguridad, puede derivar en abusos, venganzas personales o señalamientos infundados, especialmente contra los sectores más vulnerables.
En lugar de promover la solidaridad comunitaria o el diálogo entre vecinos, el proyecto apuesta por una lógica de control y sospecha que erosiona los lazos sociales. Es una invitación a mirar al otro no como un igual, sino como un potencial infractor, profundizando la polarización en una ciudad que debería buscar soluciones colectivas a sus desafíos.
El texto revela una notable falta de creatividad y esfuerzo por parte de los once concejales firmantes. Otras ciudades argentinas han explorado enfoques más solidarios y comunitarios que podrían haber servido de inspiración. Mendoza, por ejemplo, combinó la prohibición de «trapitos» con programas de capacitación y empleo formal en el sistema de estacionamiento medido. Concordia propuso asistencia social para reinsertar a quienes dependen de la vía pública. Incluso La Plata vio nacer un sindicato que busca formalizar estas actividades desde la autoorganización. En contraste, Villa Mercedes opta por la vía más rudimentaria y menos reflexiva: prohibir y castigar, sin mirar más allá de sus narices.
Esta pereza intelectual no solo limita el impacto de la norma, sino que desperdicia la oportunidad de aprender de experiencias exitosas que equilibran el orden público con la inclusión social. Los concejales parecen haber preferido una solución cosmética, que limpia las calles a la vista pero ensucia las vidas de quienes las habitan.
Finalmente, reitero la solidaridad con el conciudadano comerciante agredido. Y me sumo al reclamo de investigación, juicio y castigo al o los autores del hecho. Pero creo —y me permito instarles a que analicen y consideren mi punto de vista, otros puntos de vista— que, por las razones que he desarrollado en este texto, que no son todas en virtud de no abusar de vuestro tiempo y atención, no tienen nada que ver con la actividad de cuidacoches, limpiavidrios o artistas callejeros.
¡Vamos! Que estas actividades se desarrollan en la calle, no en el interior de locales comerciales, que es donde sucedió el hecho denunciado. Y estas actividades, luego, no generan más inseguridad vial ni siniestros viales.
Esas problemáticas requieren, como intenté explicar —insisto— otro tipo de medidas. Por lo tanto, no tiene ningún sentido, ni razón, ni practicidad vincular la problemática expuesta por los comerciantes con el expediente de la ordenanza —permítanme llamarla— trapitosfóbica, que debe ser desestimada y reemplazada por otro proyecto, con otro enfoque diferente, de manera participativa, democrática, con mirada urbanística moderna, social y solidaria.
Pablo Muract
DNI 20.382.539
