Investigaciones e informes especiales

CONICET bajo ataque: El plan de Milei que pone en jaque la ciencia argentina

El gobierno de Javier Milei ha puesto la mira en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), el faro de la ciencia argentina, con planes que prometen un recorte profundo no solo en el presupuesto, sino en la misma esencia de la investigación: su autonomía y diversidad. Las medidas, orquestadas desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado y la Secretaría de Legal y Técnica, buscan imponer una «motosierra» sobre la ciencia, redefiniendo qué se investiga y qué no, y generando una honda preocupación en la comunidad científica.

El corazón de la propuesta gubernamental es la intervención directa en las investigaciones del CONICET a través de un decreto. El objetivo explícito: «poder definir qué se investiga y qué no para priorizar lo técnico por sobre informes que hablan de Batman». Esta frase, más allá de la anécdota, revela una peligrosa concepción de la ciencia como un mero instrumento utilitario al servicio de intereses específicos, despojándola de su capacidad intrínseca para explorar lo desconocido y generar conocimiento de base.

La ciencia bajo la lupa: prioridades impuestas y exclusión

La reorientación de las prioridades es clara: el gobierno busca dirigir los fondos y los esfuerzos hacia áreas consideradas «estratégicas» como la energía, la minería y la salud. Si bien estas áreas son vitales, la contraparte es la amenaza de exclusión de las ciencias sociales y humanidades, campos fundamentales para comprender la complejidad de nuestra sociedad, su historia y sus desafíos. La intención de «priorizar la incorporación de perfiles técnicos» y apartar a investigadores de las ciencias sociales es un golpe a la diversidad de pensamiento y a la capacidad de la Argentina para generar conocimiento integral.

Además, la reestructuración de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (I+D+I), que pasa de once a solo tres miembros en su directorio, centraliza aún más el control sobre la financiación. Esta centralización del poder en manos del Ejecutivo politiza el ámbito científico, poniendo en riesgo la libertad de investigación y la posibilidad de que los proyectos se elijan por su rigor científico y no por su alineación con una agenda gubernamental.

CONICET: un actor clave frente a las «enfermedades olvidadas»

Es aquí donde la importancia del CONICET se vuelve innegable, especialmente en la lucha contra lo que se conoce como «enfermedades olvidadas». Un ejemplo contundente es la investigación sobre el Chagas. Investigadores del CONICET, junto a la UNLaM y la UNSAM, han logrado un avance significativo al descubrir que el sorafenib, una droga antitumoral, podría ser clave en el tratamiento de la fase crónica de esta enfermedad, donde los tratamientos estándar son ineficaces y tienen múltiples efectos adversos.

Este hallazgo no solo demuestra la relevancia de la ciencia básica, sino que subraya una verdad ineludible: «ningún ente privado va a querer financiar tratamientos para una enfermedad de pobres». Es la ciencia pública argentina, con el CONICET a la cabeza, la que asume el compromiso de abordar problemas estructurales de salud pública, incluso con presupuestos recortados. La intervención gubernamental amenaza directamente la continuidad de estas líneas de investigación vitales, que benefician a los sectores más vulnerables de la sociedad.

El CONICET, con sus 26.781 empleados —entre investigadores, becarios, técnicos y administrativos— y una vasta red de 17 Centros Científico Tecnológicos y más de 300 institutos, ha demostrado ser un pilar fundamental en el desarrollo científico y tecnológico de Argentina. Desde la validación de fármacos innovadores hasta el descubrimiento de nuevas especies de dinosaurios o las primeras evidencias prehispánicas de lepra en América, sus logros son testimonio de una autonomía científica deseable para el país, que permite la exploración del conocimiento en toda su amplitud.

El intento del gobierno de pasar la «motosierra» sobre el CONICET no es solo un ajuste presupuestario; es un ataque a la capacidad de la Argentina de generar conocimiento crítico, diverso y autónomo. Es hora de que el debate se centre en defender la ciencia como un motor de desarrollo integral, y no como un apéndice sujeto a los vaivenes políticos.


Publicaciones relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba