La deuda invisible: cuando la Justicia le da la espalda a la discapacidad
Sofía Macarena Fernández, una joven de 18 años que padece displasia diastrófica, sufrió una verdadera odisea para poder acceder a audiencias en el Poder Judicial de San Luis. Lo que debería haber sido una jornada clave en su expediente por el reclamo de una silla de ruedas con motor, se convirtió en una dolorosa muestra de cómo el sistema judicial vulnera, en la práctica, los derechos de las personas con discapacidad.
Fueron múltiples los obstáculos: ingresos sin rampas, empleados desinformados, policías indiferentes y un destrato generalizado que dejó expuesta una realidad alarmante: el acceso a la Justicia no es igual para todos.
La abogada de Sofía, Susana Placidi, relató que debieron ingresar por calle Colón debido a que el acceso de calle Rivadavia estaba cerrado. Sin embargo, ese ingreso no cuenta con rampa, lo que dificultó de forma extrema el acceso de Sofía, quien debió avanzar con un andador, sin ayuda institucional.
«Hay un destrato absoluto. Ni la Policía ni el personal del edificio judicial tuvo la calidez humana de ponerse en el lugar del otro», lamentó Placidi en diálogo con El Diario de la República.
Una vez dentro del edificio, tampoco hubo ofrecimientos de asistencia ni disponibilidad inmediata de sillas de ruedas. La familia debió insistir durante varios minutos para que finalmente alguien respondiera al pedido.
El colmo fue que, tras semejante esfuerzo, al llegar al Juzgado Civil Nº 5, donde debían celebrarse las audiencias testimoniales, se les informó que la jueza estaba de licencia y que posiblemente se suspendería la actividad por falta de sala disponible.
“Nos avisaron en el momento, sin considerar el sacrificio físico y emocional que Sofía había hecho para llegar. Ni siquiera contemplaron a las médicas que habían hecho un esfuerzo para asistir”, explicó la abogada.
Luego de insistencias y reclamos, finalmente se tomaron los testimonios, aunque con un notorio retraso y solo después de que el Tribunal accediera a usar una sala alternativa.
Al igual que el ingreso, la salida fue otra batalla. Nuevamente fue necesario rogar asistencia. La Policía —según relató Placidi— se mostró molesta por tener que acompañar a Sofía hasta el auto con una silla de ruedas.
«Duele ver cómo la gente le pasa por el lado ignorando su situación. El personal no sabe dónde hay una silla, no hay rampas, no hay preparación», denunció.
La situación pone sobre la mesa una deuda estructural del sistema judicial: la accesibilidad. No solo en lo arquitectónico, sino en la formación del personal, en la empatía y en el cumplimiento efectivo de los derechos que garantizan el acceso igualitario a la Justicia.
«Esto fue destrato, desinterés, falta de humanidad. El Tribunal está al servicio de la gente. No puede ser que una persona tenga que rogar para ser atendida», concluyó Placidi.
