La doble cara de las reformas del Gobierno: ajuste para la mayoría y beneficios exclusivos para pocos

En la era libertaria, para cada necesidad hay un mercado. Pero, además, también hay un Estado para pocos. El brutal ajuste fiscal no solo apunta a cumplir con el objetivo de “arreglar la macro”, sino que fue y es clave para aumentar la riqueza acumulada de algunos sectores por sobre el conjunto social.

“Vamos a hacer una reforma impositiva, una reforma previsional, una verdadera reforma laboral y otras tantas reformas”, expresó el presidente Javier Milei a un año del inicio de su gobierno. Sin embargo, pese a presentar dichos anuncios como lo que el país necesita “hace décadas”, lo cierto es que el primer período de mandato con “el ajuste más grande de la historia de la humanidad” dejó en evidencia que muchas reformas, lejos de ser para el conjunto social, favorecen a unos pocos actores.

El supuesto «retiro» del Estado muestra una doble vara: por un lado, propuestas de desregulación que generan beneficios para ciertas actividades y, por otro, cambios impositivos que favorecen a los sectores más ricos, mientras los más perjudicados siguen siendo jubilados, trabajadores formales e informales, docentes, empleados del sector público, entre otros.

Las acciones del gobierno han puesto de manifiesto cómo “el Estado estuvo proactivo y presente para hacer propuestas de desregulación, para reducir la cantidad de personas que pagan Bienes Personales, para brindar ventajas económicas a empresas de distintos rubros como la medicina y la explotación minera, y para privilegiar la primarización productiva”, alertó un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Lejos del discurso de desmantelamiento estatal a favor de la sociedad, el gobierno avanzó con un combo de leyes y regulaciones que mejoraron significativamente la rentabilidad de algunos sectores de la economía, orientando un Estado más chico hacia la protección de ciertos modelos de negocio. Entre los cambios se encuentran decretos de necesidad y urgencia (DNU) y resoluciones ministeriales que modificaron o derogaron leyes como el Contrato de Trabajo, Alquileres, Abastecimiento, Promoción Industrial y Comercial, Ley de Tierras, entre otras. Esto ha generado un impacto significativo en los derechos sociales y en la estructura productiva nacional.

El programa económico apunta a sostener un equilibrio fiscal en 2025, pero a costa de una economía real que sigue mostrando caídas significativas. El consumo se desplomó un 20% en noviembre y arrastra once meses consecutivos de contracción, según datos de Scentia. Esto se suma a un deterioro del poder adquisitivo, pérdida de puestos de trabajo, crisis en el mercado interno y parálisis productiva, con la destrucción de más de 11.000 firmas.

Los recortes también han impactado en:

• Salarios y jubilaciones: Reducción de ingresos reales y deterioro de las condiciones de vida.
• Educación: Suspensión de compras de libros para estudiantes y recorte del presupuesto universitario.
• Salud: Incremento de cuotas de medicina prepaga en un 118% en el primer trimestre de 2024, saturación del sistema público y recortes en PAMI y DADSE, dejando a miles de personas desprotegidas.
• Alquileres: Eliminación de regulaciones, lo que ha empeorado las condiciones para los inquilinos, con aumentos abruptos y contratos desventajosos.
• Alimentos: Abandono de programas como Pro Huerta, eliminación de la Ley de Góndolas y recortes en asistencia alimentaria.

La otra cara del ajuste es el aumento significativo en la rentabilidad de ciertos sectores. Empresas como YPF, Tecpetrol, Loma Negra y Arcor han visto duplicados sus niveles de utilidad. Además, se redujo la carga impositiva para sectores como la minería y la medicina, mientras se mantuvo o aumentó la presión fiscal sobre las clases medias y bajas.

Según un informe de CIFRA-CTA, la rentabilidad promedio de las principales empresas pasó de 9,6% a 21% durante el primer año de gestión. Este modelo ha profundizado la desigualdad, con una transferencia de recursos desde sectores vulnerables hacia los más ricos y concentrados.

El ajuste, lejos de ser una medida de corrección macroeconómica para el conjunto, ha evidenciado un enfoque que privilegia a sectores específicos en detrimento de la mayoría. Mientras el discurso oficial resalta la «libertad» y el «retiro» del Estado, en la práctica, este se mantiene activo para proteger ciertos intereses, dejando a gran parte de la población al margen de derechos esenciales.