Recorte silencioso: el Gobierno provincial restringe el alcance del PANE en las escuelas
La secretaria Eugenia Gallardo anunció nuevas medidas que reducen drásticamente el alcance del Plan Alimentario Nutritivo Escolar. Los reclamos por la calidad de los alimentos hicieron mella, y ahora el Gobierno sostiene: “Si no le gusta, no coma”.
El Plan Alimentario Nutritivo Escolar (PANE), impulsado como una política de Estado para garantizar el acceso a una alimentación saludable en las escuelas públicas de San Luis, atraviesa su momento más crítico desde su implementación. Este lunes, la secretaria del programa, Eugenia Gallardo, anunció una serie de modificaciones que, en la práctica, implican un recorte profundo del alcance del plan.
A partir de ahora, el PANE dejará de ser universal y se aplicará de forma focalizada, según la “demanda” y la “evaluación” de cada institución educativa. Es decir, ya no llegará a todos los estudiantes, sino solo a aquellos que el Gobierno considere dentro de los nuevos criterios, aún poco definidos.
“La idea es que el PANE se articule con otras políticas y se adapte a las realidades de cada comunidad escolar”, sostuvo Gallardo.
Sin embargo, no detalló cuántas escuelas dejarán de recibir los módulos alimentarios ni qué alternativa ofrecerán en esos casos. La medida abre la posibilidad de que las instituciones incluso rechacen el programa, en un giro que choca frontalmente con su planteo original de ser una herramienta transversal contra la malnutrición infantil.
Reclamos y preocupación
La reacción de padres, madres y docentes no se hizo esperar. La incertidumbre sobre el futuro del PANE generó un fuerte malestar en las comunidades escolares.
“Nos están diciendo que el almuerzo de nuestros hijos ya no es prioridad”, expresó una madre del barrio Eva Perón.
Hasta ahora, el plan proveía diariamente módulos alimentarios diseñados por nutricionistas, con el objetivo de cubrir las necesidades básicas de niños y niñas en edad escolar. Con el nuevo enfoque, ese derecho queda condicionado, y miles de familias podrían quedar fuera de la cobertura.
De política pública a decisión voluntaria
El argumento oficial para este repliegue es la necesidad de “reorganizar recursos”. Pero en la práctica, el PANE pierde su carácter integral y se transforma en una opción más, ya no obligatoria ni garantizada.
Mientras tanto, la autocrítica del Gobierno por las fallas del programa –que ya venía siendo cuestionado por la calidad de los productos entregados y las demoras en la distribución– brilla por su ausencia. La frase extraoficial que más ruido generó en las escuelas y redes sociales fue clara: “Si no le gusta, no coma”.
El retroceso del PANE marca un cambio de rumbo significativo en una de las principales banderas del oficialismo provincial, que ahora queda reducida a una prestación limitada y sujeta a evaluación.
