Una ordenanza que castiga la pobreza y niega sus causas. Villa Mercedes es, desde hoy, un poco más cruel
Escribe Pablo Muract
El martes 8 de julio, el Concejo Deliberante de Villa Mercedes aprobó una ordenanza que, lejos de resolver el problema de la informalidad en la vía pública, lo agravará. Con el respaldo de once de los trece concejales, se impuso un texto que criminaliza la pobreza, estigmatiza a quienes buscan un ingreso mínimo en semáforos o calles, y deja en evidencia un desprecio alarmante por la realidad social que atraviesa nuestra ciudad.
Solamente dos concejales votaron en contra: Roberto Mones Ruiz y Virginia Lucero, quienes tuvieron la dignidad de alzar la voz frente a un proyecto regresivo, que fue introducido “por la ventana” del Concejo. El despacho de comisión no figuraba en el sumario oficial de la sesión confeccionado el viernes anterior, y fue ingresado en el recinto con maniobras reglamentarias dudosas, evitando el debate público y el escrutinio ciudadano. Fue, literalmente, una votación a escondidas.
Los concejales que aprobaron la ordenanza fueron:
- Lucía Lacerda – Movimiento de Unidad Provincial
- Karina Maranguello – Movimiento de Unidad Provincial
- Claudia Miranda – Movimiento de Unidad Provincial
- Margarita Villegas – Movimiento de Unidad Provincial
- Marianela Oviedo – Movimiento de Unidad Provincial
- Cecilia Lucero – Cambia San Luis
- Gabriela López – Cambia San Luis
- Miguel Ángel Arce – Cambia San Luis
- Andrés Forgione – PRO (Interbloque con Cambia SL)
- Lucas Sapino – PRO (Interbloque con Cambia SL)
El concejal Luciano Dave de Cambia San Luis estuvo ausente, aunque se supone que hubiera votado a favor del proyecto porque es uno de los firmantes de la iniciativa. La concejal Virginia Lucero también estuvo ausente por razones de salud. Se manifestó en varias ocasiones, en contra de esta propuesta.
La ordenanza busca prohibir la actividad de cuidacoches, limpiavidrios y artistas callejeros, imponiendo multas imposibles de pagar para quienes apenas pueden garantizar una comida diaria. ¿Qué sentido tiene sancionar económicamente a personas que realizan malabares o lavan autos para sobrevivir? ¿Qué alternativa se les ofrece? Ninguna. Solo castigo.
El problema de la informalidad existe. Nadie lo niega. Pero no en la magnitud que declaran los ediles oficialistas. Incluso la propia Policía, convocada en una reunión aparte a los concejales, fue clara al respecto: el aumento de personas en situación de calle y actividades informales comenzó en septiembre del año pasado, en paralelo con los ajustes del gobierno nacional y provincial. Asimismo, se realizó otra reunión distinta con comerciantes, quienes fueron convocados para tratar el tema pero de manera engañosa, sin informar el verdadero alcance y consecuencias del proyecto. Esas dos fueron las únicas reuniones realizadas en relación con esta ordenanza.
Esa misma pobreza empujada por políticas públicas que recortan derechos y destruyen empleos, ahora será castigada con garrote y multas.
Mientras tanto, los verdaderos factores de este fenómeno —la inflación, el desempleo, la desprotección social— ni siquiera son mencionados en la ordenanza. Es más fácil perseguir al pobre que interpelar al poder económico.
Es notable que los concejales se acerquen tanto a las formas y modos del gobierno nacional que no sería de extrañar que las próximas ordenanzas institucionalicen el castigo a los jubilados o incluso blanqueen estafas con criptomonedas, siguiendo una línea política cada vez más dura y alineada con un modelo económico excluyente.
El intendente Maximiliano Frontera aún está a tiempo
Como jefe del Ejecutivo municipal, tiene la facultad de vetar esta ordenanza injusta y mal concebida. No solo porque su procedimiento fue irregular, sino porque su contenido es socialmente destructivo. Vetarla no sería un gesto partidario, sino un acto de responsabilidad institucional y humanidad política.
En lugar de profundizar la exclusión, el Municipio debería convocar a organizaciones sociales, referentes barriales, trabajadores informales y especialistas en políticas públicas, para elaborar una respuesta real al problema de la informalidad. Una política pública que escuche, incluya, regule y, sobre todo, no estigmatice.
Porque el verdadero orden no se logra persiguiendo a los que menos tienen, sino garantizando que nadie tenga que malabarear en un semáforo para comer.
La ciudad necesita soluciones. No castigos. Y menos aún, castigos a los castigados de siempre.
Un análisis crítico al proyecto de ordenanza de Villa Mercedes: represión, desidia y ceguera social. Castiga la pobreza mientras ignora sus causas.
La ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante de Villa Mercedes no soluciona el problema de la informalidad; por el contrario, lo profundiza al criminalizar a quienes sobreviven en la calle sin ofrecer alternativas reales. La iniciativa fue ingresada irregularmente, con escaso debate público y solo dos reuniones oficiales con comerciantes y policía, quienes confirmaron que la pobreza aumentó con los ajustes nacionales y provinciales. La normativa impone multas que los más vulnerables no pueden pagar, estigmatiza la pobreza y desconoce las causas estructurales del fenómeno. En este contexto, el intendente Maximiliano Frontera tiene la oportunidad de vetar la ordenanza y convocar a la comunidad para buscar soluciones inclusivas y humanas, lejos de la represión y la exclusión que representa este proyecto. En el momento de ser presentado el proyecto, realizamos un detallado análisis que puede leerse aquí. Tiempo después continuamos con el análisis y con escribimos Nuevo capítulo en la imaginaria guerra trapitofóbica. Y a fines de junio, completamos con Prohibido ganarse el mango: sigue la cruzada trapito-fóbica.
