Una Constituci\u00f3n no puede responder a las necesidades de un gobierno de turno. Debe ordenar el poder
durante d\u00e9cadas, garantizar que toda autoridad elegida pueda gobernar y establecer controles eficaces
frente a los abusos.
Por eso, la reforma constitucional de San Luis debe evaluarse con una pregunta central: \u00bfcrear\u00e1
instituciones capaces de asegurar gobernabilidad, transparencia y desarrollo social, cualquiera sea el
resultado de la pr\u00f3xima elecci\u00f3n?<\/strong>
San Luis aprob\u00f3 la Ley XIII-1213-2026, que declara la necesidad de una reforma parcial. Todav\u00eda no aprob\u00f3
una nueva Constituci\u00f3n. La Convenci\u00f3n podr\u00e1 aceptar, modificar o rechazar los cambios dentro del temario
habilitado.
Es un dato b\u00e1sico, pero decisivo: la ley de necesidad de reforma no equivale a una Constituci\u00f3n reformada.
[1, 2]La distribuci\u00f3n prevista permite dimensionar el debate:<\/p>\n\n\n\n
![\"\"](\"https:\/\/i0.wp.com\/calleangosta.com\/ca\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/WhatsApp-Image-2026-10-10-at-22.07.42-2.jpg?resize=600%2C294&ssl=1\")
<\/figure>\n\n\n\n
El art\u00edculo 5 de la ley establece que cada departamento elegir\u00e1 tantos convencionales como diputados y
senadores suma actualmente. Son cargos nuevos: los legisladores en ejercicio no se convierten
autom\u00e1ticamente en convencionales. [3, 4, 5]La composici\u00f3n combina representaci\u00f3n poblacional y territorial. Pueyrred\u00f3n y Pedernera re\u00fanen 22 de los
52 convencionales, mientras que los otros siete departamentos suman 30.
En consecuencia, los departamentos m\u00e1s poblados no podr\u00e1n definir por s\u00ed solos el contenido de la
reforma. El interior tendr\u00e1 una representaci\u00f3n decisiva. Esa representaci\u00f3n deber\u00eda traducirse en pol\u00edticas
concretas de infraestructura, servicios y desarrollo productivo.
La ley dispone que la elecci\u00f3n de convencionales coincida con la pr\u00f3xima elecci\u00f3n provincial general y que
utilice el sistema electoral previsto para diputados provinciales. La ciudadan\u00eda elegir\u00e1 autoridades y
convencionales en la misma jornada, pero se tratar\u00e1 de decisiones diferentes.
<\/p>\n\n\n\n
Votar una f\u00f3rmula de gobierno no implica aprobar todas sus propuestas constitucionales. [3]<\/strong> Esa norma no resuelve por s\u00ed sola si una persona puede postularse simult\u00e1neamente a ambos cargos. La La ley tambi\u00e9n habilita discutir la eliminaci\u00f3n de ciertas incompatibilidades para reformas constitucionales El agua muestra con claridad la importancia de este equilibrio. La reforma propone reconocerla como Para identificar empresas concretas se necesitan proyectos aprobados, contratos o adjudicaciones. La Fuentes Por el Dr. Fernando Pastor \/ Candidato a gobernador de la provincia de San Luis Una Constituci\u00f3n no puede responder a las necesidades de un gobierno de turno. Debe ordenar el poderdurante d\u00e9cadas, garantizar que toda autoridad elegida pueda gobernar y establecer controles eficacesfrente a los abusos.Por eso, la reforma constitucional de San Luis debe …<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":17009,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"advanced_seo_description":"","jetpack_seo_html_title":"","jetpack_seo_noindex":false,"jetpack_seo_schema_type":"","_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_feature_clip_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2},"jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[23],"tags":[],"class_list":["post-17004","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-opinion"],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_likes_enabled":true,"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/calleangosta.com\/ca\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/Fernando-Pastor-San-Luis-e1791681555828-1.jpeg?fit=900%2C747&ssl=1","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/calleangosta.com\/ca\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/17004","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/calleangosta.com\/ca\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/calleangosta.com\/ca\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/calleangosta.com\/ca\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/calleangosta.com\/ca\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=17004"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/calleangosta.com\/ca\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/17004\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":17008,"href":"https:\/\/calleangosta.com\/ca\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/17004\/revisions\/17008"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/calleangosta.com\/ca\/wp-json\/wp\/v2\/media\/17009"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/calleangosta.com\/ca\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=17004"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/calleangosta.com\/ca\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=17004"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/calleangosta.com\/ca\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=17004"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
Tambi\u00e9n debe precisarse la situaci\u00f3n de quienes pretendan ser candidatos a gobernador y a convencional.
El art\u00edculo 283 de la Constituci\u00f3n vigente establece una incompatibilidad entre ejercer la Gobernaci\u00f3n y
ejercer como convencional.<\/p>\n\n\n\n
respuesta requiere analizar la legislaci\u00f3n electoral aplicable y el criterio de la autoridad electoral.
Si una persona resultara elegida para ambos cargos, no podr\u00eda ejercerlos al mismo tiempo bajo la regla
vigente. Por eso, no corresponde afirmar sin m\u00e1s que la doble candidatura est\u00e1 permitida o prohibida. [2]<\/p>\n\n\n\n
posteriores. Esa habilitaci\u00f3n no autoriza autom\u00e1ticamente al gobernador, a los ministros ni a los
legisladores actuales a integrar esta Convenci\u00f3n y conservar sus cargos. [3]La limitaci\u00f3n de mandatos y el balotaje concentran buena parte del debate p\u00fablico. Son temas relevantes,
pero no son los \u00fanicos.
La propuesta tambi\u00e9n contempla renovar \u00edntegramente las c\u00e1maras cada cuatro a\u00f1os. Como transici\u00f3n,
prev\u00e9 extender hasta 2031 los mandatos de legisladores y concejales elegidos en 2025, que originalmente
terminaban en 2029. [6]Limitar la permanencia del gobernador puede favorecer la alternancia. La extensi\u00f3n de mandatos
legislativos plantea otra cuesti\u00f3n: quienes fueron elegidos por cuatro a\u00f1os permanecer\u00edan seis.
Ordenar el calendario electoral puede ser razonable. Pero el mecanismo elegido debe contar con una
justificaci\u00f3n democr\u00e1tica clara y no puede evaluarse como un detalle menor.
La medida ya fue cuestionada judicialmente. Una presentaci\u00f3n informada el 2 de octubre objeta las
pr\u00f3rrogas, la simultaneidad electoral y el plazo previsto para la Convenci\u00f3n.
La existencia de esa acci\u00f3n no significa que la ley haya sido anulada ni que sus argumentos hayan sido
aceptados. S\u00ed demuestra que existen controversias jur\u00eddicas pendientes. [7]\n\n\n\n
\u00bfQu\u00e9 podr\u00eda ocurrir si en 2027 triunfa una fuerza opositora al actual oficialismo?<\/strong>
La respuesta depender\u00e1 de la composici\u00f3n de la Legislatura. Un gobernador puede ganar la elecci\u00f3n y no
contar con mayor\u00eda suficiente para aprobar sus proyectos. Si una parte de la Legislatura elegida en 2025
permanece hasta 2031, el nuevo gobierno deber\u00e1 negociar con esa composici\u00f3n.
Podr\u00e1 obtener apoyo, enfrentar pedidos de modificaci\u00f3n o encontrar resistencia. Adem\u00e1s, si se elimina la
elecci\u00f3n de medio t\u00e9rmino prevista para 2029, esas bancas no se renovar\u00edan durante el mandato del
pr\u00f3ximo gobernador.
El Ejecutivo podr\u00eda quedar frente a una Legislatura parcialmente elegida antes de su llegada al poder. Ese
escenario no es necesariamente ileg\u00edtimo, pero s\u00ed merece una discusi\u00f3n pol\u00edtica transparente.<\/strong>
La renovaci\u00f3n total puede mejorar la coordinaci\u00f3n entre el Ejecutivo y el Legislativo a partir de 2031. Sin
embargo, la transici\u00f3n puede generar el efecto contrario: el pr\u00f3ximo gobierno podr\u00eda convivir durante todo
su mandato con una representaci\u00f3n legislativa parcialmente heredada.
Por eso, la gobernabilidad debe evaluarse tanto por el sistema definitivo como por el per\u00edodo de transici\u00f3n.
Los controles judiciales y administrativos tambi\u00e9n requieren una evaluaci\u00f3n precisa. La reforma propone
separar el Ministerio P\u00fablico del Poder Judicial y modificar el sistema de selecci\u00f3n de magistrados.
Las ternas vinculantes y los concursos p\u00fablicos pueden reducir la discrecionalidad. Su eficacia depender\u00e1 de
qui\u00e9n seleccione a los candidatos, qui\u00e9n preste el acuerdo y qu\u00e9 reglas eviten una influencia partidaria
excesiva. [8]Un gobierno democr\u00e1tico debe aceptar controles. Pero esos controles deben proteger a la sociedad,
aplicarse mediante reglas p\u00fablicas y evitar que una autoridad elegida sea impedida de cumplir su mandato
sin fundamento suficiente.<\/p>\n\n\n![\"\"](\"https:\/\/i0.wp.com\/calleangosta.com\/ca\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/Fernando-Pastor-San-Luis-e1791681555828-600x498.jpeg?resize=600%2C498&ssl=1\")
<\/figure>\n<\/div>\n\n\n
derecho humano y recurso estrat\u00e9gico. Tambi\u00e9n prev\u00e9 que su conducci\u00f3n quede a cargo de un funcionario
t\u00e9cnico designado por el Ejecutivo con acuerdo del Senado, por un mandato de cinco a\u00f1os. [9]El reconocimiento del derecho al agua es compatible con una pol\u00edtica de protecci\u00f3n del inter\u00e9s p\u00fablico. La
duraci\u00f3n y las atribuciones del cargo, en cambio, requieren mayor precisi\u00f3n.
Un mandato que exceda el per\u00edodo del gobernador puede aportar continuidad. Pero tambi\u00e9n puede limitar
al gobierno siguiente si concentra decisiones relevantes sin controles suficientes.
El efecto concreto depender\u00e1 de la fecha de designaci\u00f3n, las competencias asignadas y las reglas de
remoci\u00f3n. Con la informaci\u00f3n disponible, no puede afirmarse que el pr\u00f3ximo gobernador quedar\u00e1
necesariamente subordinado a una autoridad h\u00eddrica designada por la administraci\u00f3n anterior.
La capacidad t\u00e9cnica es necesaria, pero no elimina las decisiones pol\u00edticas. Distribuir agua entre consumo
humano, producci\u00f3n agropecuaria, industria y otros usos implica establecer prioridades.
Esas prioridades deben ser p\u00fablicas, justificadas y controlables.
Por eso, conviene analizar conjuntamente la reforma, el RIPEE \u2014R\u00e9gimen Integral de Promoci\u00f3n del
Desarrollo Econ\u00f3mico y del Empleo\u2014 y el Plan Maestro del Agua.<\/strong>
El RIPEE ya fue reglamentado. El Plan Maestro recibi\u00f3 media sanci\u00f3n en Diputados el 7 de octubre. Esa
aprobaci\u00f3n no equivale a una sanci\u00f3n definitiva ni a su promulgaci\u00f3n. [10, 11]La relaci\u00f3n entre estas pol\u00edticas es concreta. Los incentivos pueden atraer inversiones, pero los proyectos
tambi\u00e9n requieren suelo, agua, energ\u00eda e infraestructura.
El RIPEE contempla beneficios fiscales, subsidios al empleo, financiamiento y disposici\u00f3n de inmuebles del
dominio privado provincial. El debate p\u00fablico debe identificar qui\u00e9n recibe esos beneficios y qu\u00e9
compromisos asume.
Entre otros aspectos, deber\u00edan evaluarse la inversi\u00f3n efectiva, el empleo registrado y la participaci\u00f3n de
proveedores locales. [12]Promover inversiones es una funci\u00f3n leg\u00edtima del Estado. Tambi\u00e9n lo es exigir resultados verificables.
Una empresa que genera empleo estable y desarrolla proveedores locales no produce el mismo impacto
que un proyecto que consume recursos escasos y deja pocos v\u00ednculos con la econom\u00eda provincial.
La reforma puede ocupar parte de la agenda p\u00fablica y reducir la atenci\u00f3n sobre otras decisiones
econ\u00f3micas. Esa es una posibilidad pol\u00edtica y comunicacional, no un hecho probado.
La coexistencia de las iniciativas est\u00e1 documentada. No hay, con la informaci\u00f3n disponible, evidencia
suficiente para afirmar que fueron dise\u00f1adas para ocultarse entre s\u00ed.
La misma exigencia debe aplicarse al debate sobre Mekorot. El CFI se define como un organismo p\u00fablico
interestadual integrado por las provincias argentinas. Existen documentos sobre contratos entre el CFI y
Mekorot para tareas de planificaci\u00f3n h\u00eddrica en otras provincias.
Esos contratos no prueban que ambas entidades compartan capitales. [13, 14]En San Luis est\u00e1 documentada la cooperaci\u00f3n con el CFI para fortalecer la gesti\u00f3n h\u00eddrica. Tambi\u00e9n existen
referencias a adquisiciones y procedimientos de selecci\u00f3n.
La documentaci\u00f3n consultada no permite afirmar que Mekorot controle San Luis Agua ni que haya sido
identificada como adjudicataria provincial. [15]Los posibles beneficiarios econ\u00f3micos de las pol\u00edticas de desarrollo pueden incluir empresas industriales,
agropecuarias, energ\u00e9ticas, constructoras, proveedoras de equipamiento y consultoras.<\/p>\n\n\n\n
informaci\u00f3n p\u00fablica deber\u00eda incluir los expedientes, los beneficiarios finales, los montos, las obligaciones
asumidas y los resultados.
Tambi\u00e9n es necesario distinguir entre asesorar, vender tecnolog\u00eda, ejecutar obras y administrar un servicio.
Cada actividad implica responsabilidades diferentes.
Desde una perspectiva peronista, el trabajo debe ocupar un lugar central en la organizaci\u00f3n social. Ese
criterio debe acompa\u00f1arse con producci\u00f3n, justicia social y capacidad provincial para decidir sobre sus
recursos estrat\u00e9gicos.
Esto implica defender el acceso al agua, la infraestructura productiva, la industria, las peque\u00f1as y medianas
empresas y una distribuci\u00f3n territorial m\u00e1s equilibrada de las oportunidades.
Tambi\u00e9n implica exigir reglas generales. La defensa de una tradici\u00f3n pol\u00edtica no obliga a sostener
reelecciones indefinidas ni privilegios personales. Tampoco obliga a rechazar toda iniciativa de otro
gobierno.
Cada cambio debe evaluarse por sus efectos sobre la sociedad.
La reforma deber\u00eda proteger la periodicidad de los mandatos, los controles independientes, la publicidad de
los contratos y los beneficios fiscales. Tambi\u00e9n deber\u00eda garantizar la prioridad del abastecimiento humano y
la participaci\u00f3n de municipios, trabajadores, productores y universidades.
La continuidad de las pol\u00edticas debe apoyarse en instituciones y acuerdos p\u00fablicos. Al mismo tiempo, el
gobierno elegido debe conservar capacidad para corregir errores y cumplir sus responsabilidades.
La discusi\u00f3n central consiste en combinar continuidad sin inmovilismo, control sin bloqueo y promoci\u00f3n
econ\u00f3mica con beneficios sociales verificables.
San Luis necesita una Constituci\u00f3n que no dependa de la voluntad ni de la identidad pol\u00edtica de quien
gobierne. Debe dar herramientas reales a cada gobierno elegido y establecer controles efectivos sobre su
actuaci\u00f3n.
La reforma ser\u00e1 leg\u00edtima si equilibra gobernabilidad, control democr\u00e1tico y beneficio colectivo. Sus reglas
deben funcionar tanto cuando gobiernan sus impulsores como cuando gobiernan sus adversarios.
Ese debe ser el criterio para evaluar cada art\u00edculo: no la ventaja inmediata que ofrece, sino las garant\u00edas
que deja para el futuro.
Una buena Constituci\u00f3n no debe hipotecar al pr\u00f3ximo gobierno ni atar el destino de la provincia a una
mayor\u00eda circunstancial. Debe crear instituciones estables, permitir corregir el rumbo y proteger el inter\u00e9s
provincial por encima de los intereses de cualquier dirigente.
Dr. Fernando Pastor
Candidato a gobernador de la provincia de San Luis<\/p>\n\n\n\n
[1] ANSL \u00b7 Promulgaci\u00f3n de la ley de necesidad de reforma
[2] Argentina.gob.ar \u00b7 Constituci\u00f3n de San Luis
[3] Bolet\u00edn Oficial \u00b7 Ley XIII-1213-2026
[4] Agenda Legislativa \u00b7 El poder legislativo de San Luis
[5] ANSL \u00b7 Precisiones sobre la reforma constitucional
[6] Infobae \u00b7 Ley que habilita la reforma constitucional
[7] El Diario de la Rep\u00fablica \u00b7 Cuestionamiento judicial
[8] ANSL \u00b7 Sanci\u00f3n de la necesidad de reforma
[9] ANSL \u00b7 Pol\u00edticas especiales y organismos de control
[10] ANSL \u00b7 Reglamentaci\u00f3n del RIPEE
[11] Radio Universidad UNSL \u00b7 Media sanci\u00f3n del Plan Maestro del Agua
[12] ANSL \u00b7 Sanci\u00f3n del RIPEE
[13] CFI \u00b7 Qui\u00e9nes somos
[14] CFI \u00b7 Plan Maestro h\u00eddrico de La Rioja
[15] ANSL \u00b7 Cooperaci\u00f3n h\u00eddrica entre San Luis y CFI<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"