“Yo lo que pido es justicia”: el testimonio de Jocelyn y la furia del barrio Eva Perón
El barrio Eva Perón, en la ciudad de San Luis, se encuentra conmocionado tras la denuncia pública de Jocelyn Silva, una joven que acusa a su vecino, Gustavo Lázaro, de 51 años, de abuso sexual. El caso ha desatado una ola de indignación y protestas en la comunidad, que exige respuestas por parte de las autoridades judiciales.
El testimonio de Jocelyn
En un valiente testimonio, Jocelyn relató el horror que vivió al ser abusada por Lázaro. La joven expresó su frustración por la falta de acción de la justicia, ya que, a pesar de la denuncia, el acusado fue visto libre y actuando «como si nada». «Me llamo Jocelyn Silva. Soy la chica que fue abusada por este hombre de 51 años, Gustavo Lázaro», comenzó su relato, destacando el abandono institucional que ha sentido desde que hizo pública su denuncia.
Reacción de la comunidad
La indignación de los vecinos del barrio Eva Perón no se hizo esperar. Al enterarse de la denuncia y ver que el acusado no fue detenido inmediatamente, un grupo de residentes incendió la casa de Lázaro en señal de protesta. El acusado fue retirado del lugar con custodia policial, mientras que la comunidad expresó su enojo por la aparente inacción de las autoridades.
Nuevas denuncias
El caso de Jocelyn ha motivado a otras mujeres a alzar la voz. Una joven que fue pareja del hijo de Lázaro entre 2015 y 2016 denunció en redes sociales que también fue víctima de abuso por parte del acusado. «Él aprovechó mi estado de vulnerabilidad emocional para manosearme, tocarme, en más de una ocasión», afirmó la mujer, sumándose al pedido de justicia y visibilización de estos casos.
Exigencia de justicia
La comunidad del barrio Eva Perón continúa exigiendo una respuesta clara y efectiva por parte del sistema judicial. El caso de Jocelyn ha puesto en evidencia la necesidad de una atención más rápida y sensible por parte de las autoridades ante denuncias de abuso sexual, así como la importancia de brindar apoyo a las víctimas y garantizar su seguridad.
Este caso refleja la urgencia de implementar políticas públicas que protejan a las víctimas y aseguren que los agresores enfrenten las consecuencias legales correspondientes.
