La medida, publicada en el Boletín Oficial, se enmarca en la política de desregulación económica que promueve el actual Gobierno.

La norma derogada, establecida por el Decreto 1191/2012, había sido parcialmente anulada este año mediante el Decreto 747/2024, en el contexto de la emergencia económica y la revisión de regulaciones vigentes. La nueva disposición elimina por completo las ventajas exclusivas para empresas estatales en contrataciones públicas, permitiendo que los organismos evalúen alternativas privadas.

Según el artículo 50 del Decreto 70/2023, esta medida busca garantizar transparencia, competitividad y eficiencia en el uso de recursos públicos. “Esto responde a un nuevo paradigma de libertad económica que prioriza la pluralidad de ofertas y criterios de precio y calidad”, señalaron desde el Ejecutivo.

A partir de este martes, todas las dependencias nacionales comprendidas en el artículo 8° de la Ley 24.156 podrán optar por cualquier proveedor de servicios aéreos, dejando atrás la obligatoriedad de contratar empresas donde el Estado sea accionista mayoritario.