El interior en alerta: intendentes denuncian caída de ventas, ajuste y exclusión institucional
La crisis económica golpea con fuerza a los municipios del interior de San Luis. Con la coparticipación en retroceso, el consumo en baja y los costos fijos en alza, los intendentes advierten que los pueblos atraviesan un panorama crítico que no muestra señales de mejora.
Desde Santa Rosa del Conlara, el intendente Miguel Postiguillo afirmó que la situación excede la caída de fondos nacionales y provinciales. “La pérdida del poder adquisitivo complica porque caen las ventas y aumentan los costos fijos. El contexto nacional es pésimo. Estamos dentro de la Nación y los pueblos estamos dentro de las provincias: el contexto es el mismo”, expresó.
Postiguillo explicó que desde el Municipio se promueve el compre local, pero las condiciones no acompañan. “Los costos de la luz, el gas, el alquiler y el contador, con un número de ventas que no alcanza, hacen imposible que cierre la ecuación”, advirtió.
Incertidumbre en Buena Esperanza
En la misma línea, la intendenta de Buena Esperanza, Sofía Larroudé, calificó la situación económica como “muy difícil” y aseguró que la incertidumbre es total.
“La caída de recursos nos impide impulsar el movimiento local. No podemos ofrecer un salario mejor a los trabajadores municipales, que son los que siempre compran en los comercios del pueblo. El circuito económico se frena por completo”, explicó la jefa comunal.
Ambos intendentes coincidieron en que el aumento de tarifas también afecta directamente a las arcas municipales y agrava las dificultades para sostener servicios básicos.
Reclamo por exclusión y falta de diálogo
A la crisis financiera se suma un nuevo punto de tensión institucional. Larroudé denunció que la gestión de Claudio Poggi excluyó a los intendentes peronistas de una reunión convocada por el programa Asuntos Municipales, que se llevará a cabo este martes en Terrazas del Portezuelo.
El encuentro tiene como eje central el debate por la Coparticipación y el Presupuesto Provincial 2026, que el Ejecutivo ya anticipó será similar al de este año, lo cual genera más preocupación entre los jefes comunales.
“Es una falta de respeto a las instituciones y a los ciudadanos que representamos. En momentos como este, lo que menos podemos permitirnos es cerrar el diálogo”, sentenció Larroudé.
