Trabajadores del INTI advierten un posible vaciamiento: peligran más de 20 puestos en San Luis
La técnica Mariel Korb alertó que las recientes medidas del Gobierno nacional amenazan la continuidad del instituto. A nivel nacional, podrían perderse hasta 700 empleos.
La posible reestructuración del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) encendió alarmas entre sus trabajadores. En San Luis, más de 20 empleados desconocen cuál será su futuro laboral tras el decreto presidencial que promueve la supresión o fusión de organismos públicos, entre ellos el INTI, el INTA y Vialidad Nacional.
Mariel Korb, trabajadora del instituto en la provincia, aseguró que el Gobierno nacional busca “disolver o debilitar una institución de más de 70 años”, cuya función clave es el desarrollo tecnológico e industrial del país.
“¿Le importa al Gobierno actual el desarrollo de la industria?”, se preguntó Korb en declaraciones a SanLuis24 Radio. También advirtió que, de concretarse la transformación del INTI en una simple oficina dependiente de la Secretaría de Industria, “se perderían entre 400 y 700 puestos de trabajo” a nivel nacional.
“El INTI sigue existiendo, pero no sabemos por cuánto tiempo”
Korb remarcó que el instituto continúa funcionando a pesar de los recortes y la incertidumbre. Sin embargo, describió un desgaste estructural desde diciembre de 2023, producto de la falta de actualización salarial y la migración de profesionales al sector privado.
También detalló que el 80% de los recursos del INTI provienen de servicios brindados a industrias y Pymes, mientras que solo el 20% corresponde a fondos del Estado nacional.
“El INTI está presente en tareas que muchas veces pasan desapercibidas, pero que son fundamentales para la vida diaria y la producción: desde calibrar prensas hidráulicas, certificar ropa ignífuga, capacitar soldadores o garantizar la inocuidad de alimentos, hasta verificar etiquetas de eficiencia energética en electrodomésticos”, explicó.
Inquietud en San Luis
En la provincia, más de 20 técnicos y profesionales están en alerta. Por ahora no recibieron definiciones oficiales sobre el futuro de sus contratos ni sobre el rol que cumplirá el organismo si se concreta su absorción.
El conflicto se da en los últimos días de vigencia de las facultades delegadas de la Ley Bases, que habilitan al presidente Javier Milei a implementar reformas estructurales en el Estado nacional.
