El Gobierno nacional oficializó hoy la intervención de las sociedades del Estado Educ.Ar, Télam, Radio y Televisión Argentina (RTA) y Contenidos Públicos por el plazo de un año, período que podrá ser prorrogado por única vez por decisión de la Jefatura de Gabinete.

Así se establece en el decreto 117/2024 que fue publicado en el Boletín Oficial.

Así, el abogado Diego Martín Chaher fue designado interventor de RTA y, con carácter ad-honorem, de Télam, Contenidos Públicos y del portal Educ.Ar.

Asimismo, la norma consigna el nombramiento de Sebastián Marías como interventor adjunto de Radio y Televisión Argentina y, con carácter ad-honorem, de Télam, de Contenidos Públicos y de Educ.Ar.

En el ejercicio de sus cargos, "el interventor y el interventor adjunto tendrán, en forma conjunta, las facultades que los respectivos estatutos de las empresas intervenidas confieren al Directorio y a su presidente", según se sostiene en el articulado de la norma.

Los interventores deberán "elaborar un plan de reformulación, readecuación y acción para las sociedades, el cual deberá ser puesto a consideración del Poder Ejecutivo".

Además deberán "evaluar, modificar el Estatuto para el Personal del organismo y aprobar uno nuevo", así como propiciar cambios "en el régimen de administración de fondos, ampliando o reduciendo las partidas presupuestarias o aprobar uno nuevo".

Además, podrán modificar "el Reglamento de Contrataciones de obras, bienes y servicios del organismo y cambiar "la denominación de los organismos, previa conformidad del Ejecutivo.

Las nuevas autoridades de los medios públicos también estarán en condiciones de "modificar la estructura orgánica y funcional, los organigramas correspondientes y los Regímenes Profesionales del Personal contratado, de planta permanente y de gabinete y/o aprobar una nueva", según se establece en el articulado de la norma.

Además podrán "revisar la administración de compras y contrataciones" y "disponer una auditoría integral sobre el estado de las instalaciones, bienes que se recepcionan y estado de los mismos".

Deberán "presentar la rendición de cuentas; operar y mantener las sociedades, de modo de optimizar la gestión administrativa con miras a tornar sustentable dichas empresas y designar y remover a funcionarios y personal de cada una de las sociedades mencionadas".

El decreto determina que tanto el interventor como el interventor adjunto puedan "vincularse a otros aspectos regulatorios, a acciones de auditoría y sanciones, a aspectos económico-financieros y a la protección de los derechos de los usuarios".

En caso de detectarse alguna anomalía, "deberán informar con precisión su significatividad económica y el impacto que ocasiona o ha ocasionado sobre la gestión, aportándose la totalidad de la información o documentos de trabajo respectivos y asesorando sobre las acciones y medidas que corresponda adoptar".

En el articulado se fija que "el interventor tendrá en forma exclusiva facultades de representación de las sociedades", y que el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, "dispondrá los ajustes necesarios en el Presupuesto de la Administración Pública Nacional a efectos de atender los requerimientos que surjan como consecuencia del presente acto".

Asimismo, se faculta a la Jefatura de Gabinete o al organismo que esta dependencia de Gobierno determine "a dictar las normas complementarias y aclaratorias que resulten necesarias para la implementación del presente".

En los fundamentos de esta normativa, se recuerda que esta decisión está en línea con el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023 que declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 el diciembre de 2025.

La citada norma "tuvo en consideración que, a los fines de una mayor eficiencia en el funcionamiento del sector público, resulta necesario efectuar una profunda reorganización de las empresas públicas".

Y que mediante ese DNU se derogó la ley 20.705 y "se dispuso la transformación de las Sociedades o Empresas con participación del Estado en Sociedades Anónimas, acordes al régimen de la Ley General de Sociedades", se subraya en los fundamentos.

El decreto lleva las firmas del presidente Javier Milei y del ministro del Interior, Guillermo Francos.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para hoy un alerta de nivel amarillo por tormentas acompañadas de abundante caída de agua en sectores de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, San Luis, La Pampa, San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy, a la vez que rige otro alerta amarillo por viento con ráfagas de hasta 100 kilómetros por hora (km/h) en el sur de Santa Cruz y toda la provincia de Tierra del Fuego.

El alerta por tormentas rige para esta noche en el oeste y sur de la provincia de Buenos Aires, el sur de Córdoba, el este de La Pampa y casi toda la provincia de San Luis, con excepción del extremo norte.

También afecta a las zonas centrales de San Juan, La Rioja y Catamarca; al oeste de Salta en la zona de la puna de Cachi y de La Poma; y a parte del centro y oeste de Jujuy en la puna de Cochinoca, de Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Tilcara, Tumbaya y Yavi.

El área será afectada por tormentas, algunas fuertes, que podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos y, de manera local, habrá actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas.

Se estiman valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 milímetros, pudiendo ser superados en forma puntual, según pronosticó el SMN.

Para la población bajo alerta, el organismo meteorológico recomendó no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Además, pidió no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo; prestar atención ante la posible caída de granizo; informarse por las autoridades; y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Por otro lado, para este lunes a la mañana se encuentra vigente un alerta amarillo por viento para el sur de Santa Cruz, en la meseta de Corpen Aike, Güer Aike y de Lago Argentino; y para toda la provincia de Tierra del Fuego.

La zona tendrá vientos del sector norte, rotando al sector oeste, con velocidades entre 45 y 70 km/h, y ráfagas que pueden superar los 100 km/h.

Por el nivel amarillo que implica "posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas", el SMN recomendó evitar actividades al aire libre y asegurar los elementos que puedan volarse.

Jóvenes de entre 18 y 24 podrán acceder a becas gratuitas para la capacitación de habilidades laborales destinado a favorecer el acceso de empleos formales, en el marco de un programa de la fundación Empujar destinado a personas de sectores con mayor vulnerabilidad.

La inscripción para las 500 becas disponibles del programa “Tu Empleo” se abrirá a partir de este miércoles en el sitio www.fundacionempujar.org y los aspirantes deben haber finalizado la escuela secundaria, en tanto que las capacitaciones se dictarán a partir del 1 de marzo tres veces por semana en forma presencial y virtual.

Una vez finalizado el curso, los jóvenes pueden acceder a la bolsa de empleo del programa, que integran una red de 550 empresas, según informó en un comunicado la fundación que cuenta con sedes en ciudad de Buenos Aires, AMBA (incluida La Plata y General Rodríguez), Rosario, Neuquén, Mendoza y San Juan.

La Secretaría de Energía dispuso la reprogramación de los precios estacionales de verano para los usuarios de energía eléctrica de altos ingresos comprendidos en el Nivel 1, con el propósito de "corregir progresivamente los desfases generados por 20 años de subsidios", qué sólo en el sector representaron un déficit al Estado que estimó en US$ 104.764,8 millones.

La medida se formalizó a través de la resolución 7/2024, publicada hoy en el Boletín Oficial, y mantiene los valores subsidiados para los usuarios de ingresos bajos (Nivel 2) y medios (Nivel 3) "para evitar impactos bruscos en los costos del servicio".

Esa medida se mantendrá "hasta tanto se ponga en vigencia el nuevo sistema de subsidios que considerará la capacidad de pago de cada consumidor", una vez que se oficialice la Canasta Básica Energética.

Energía dispuso que para el período comprendido entre el 1° de febrero y el 30 de abril se van a establecer nuevos Precios de Referencia de la Potencia (Potref), Precio Estabilizado de la Energía Eléctrica (PEE) y Precio Estabilizado del Transporte (PET).

De esta manera el precio Potref y el PEE sin subsidio para el Nivel 1 pasará a ser de $ 46,018 por kwh en hora pico (un aumento del 124,85% respecto de los valores vigentes entre noviembre de 2023 y enero de 2024), de $ 44,401 en hora resto (117,01%) y de $ 43,473 en hora valle (112,54%).

De esos porcentajes no puede inferirse un traslado determinado a la tarifa final, si se tiene en cuenta que aún faltan aprobar los ajustes al Valor Agregado de Distribución (VAD) y de transporte, luego de las audiencias realizadas por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) el 26 y el 29 de enero.

La Secretaría de Energía planteó en los considerandos de la resolución que las administraciones anteriores "no contemplaron los reales costos de abastecimiento del sistema que debía ser abonados por los usuarios del MEM (mercado Eléctrico Mayorista).

"Esta falta de reconocimiento no ha sido una medida puntual, o acotada en el tiempo para superar crisis o situaciones excepcionales, sino que ha respondido a una política del Estado Nacional de no transparentar los costos reales del suministro eléctrico", indicó.

Esa decisión, añadió, provocó "graves trastornos en el crecimiento y funcionamiento del sistema eléctrico, a la par que dio señales incorrectas para el consumo que dejó de lado un uso responsable o adecuado acorde al costo real de abastecimiento en el MEM".

La remuneración de los valores no reconocidos "debieron ser cubiertas por el Estado Nacional", lo que generó déficits acumulados en 20 años que, calculado a un tipo de cambio promedio anual mayorista "representaron la suma de US$ 104.764.808.732, es decir, un promedio de US$ 5.238.240.437 anuales", precisó Energía, en base a informes de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa).