Los trabajadores estatales de San Luis volverán a cobrar sus salarios, esta vez los correspondientes a enero, en dos cuotas, anunció el Gobierno de la provincia por medio de la Dirección de Recursos Humanos, se informó oficialmente.

Según el cronograma oficial, que se dio a conocer por medio de la Agencia de Noticias del Estado Provincial, los trabajadores de la Administración Pública de San Luis cobrarán el 31 de enero próximo el 50 por ciento de sus haberes, con un pago mínimo de bolsillo de 300.000 pesos; el saldo restante del salario se hará efectivo el 6 de febrero.

"De esta manera, con el pago mínimo del 31 de enero, los agentes de las categorías más bajas de la Administración estarán percibiendo un porcentaje mayor al 50 por ciento previsto para esa fecha", se indicó en un comunicado.

El texto oficial afirmó que, "pese a los esfuerzos realizados, no se podrá realizar el pago íntegramente a fin de mes por cuanto la Legislatura provincial no autorizó la materialización del convenio de adelanto transitorio de haberes con el Banco de la Nación Argentina".

Finalmente, el comunicado destacó que los haberes de los funcionarios "recién serán abonados una vez finalizado el pago de los salarios de todos los empleados de la Administración Pública".

El anunció se llevó a cabo mientras se desarrollaba el paro de 12 horas y la movilización convocada por las centrales sindicales, que en la capital de la provincia reunió más de cinco cuadras de manifestantes y se replicó en las ciudades más importantes de San Luis como Villa Mercedes y Merlo. En las manifestaciones el reclamo común fue "pago de sueldo entero".

A pocos días de asumir el cargo, el gobernador Claudio Poggi anunció una política de ajuste en la provincia, que incluyó que los salarios de los trabajadores públicos correspondientes a diciembre y enero se pagarán en dos cuotas.

Sin embargo, ante una acción de amparo presentada por la seccional San Luis de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Defensoría del Pueblo provincial, debió adelantar el pago de la segunda cuota del salario de diciembre de los trabajadores estatales.

La jueza Penal y Contravencional Daniela Benenatti ordenó en aquel momento al gobierno de San Luis que abonara "de manera urgente e inmediata los haberes adeudados al personal de la administración central y órganos descentralizados, hasta completar la totalidad de la liquidación correspondiente al mes de diciembre de 2023".

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, afirmó hoy que lo "angustia" la "amenaza" contenida en el anuncio que realizó ayer el ministro de Economía, Luis Caputo, acerca de "delinear todas las partidas provinciales que se recortarán inmediatamente si alguno de los artículos económicos de la Ley 'Bases' es rechazado".

En declaraciones realizadas en Casa de Gobierno santafecina, Pullaro afirmó que lo "angustia que desde el Gobierno central se pretenda quebrar una decisión" y consideró que el anuncio de Caputo va dirigido a Santa Fe.

"Creo que sí, nos habla a nosotros porque fuimos el principal Gobierno que se plantó ante un tema que entendíamos que era injusto para la provincia de Santa Fe y son las retenciones a las exportaciones agropecuarias y los gravámenes a las exportaciones industriales", apuntó Pullaro.

El mandatario sostuvo que "Santa Fe es industria y campo", y estimó cualquier decisión que afecte esos conceptos está destinada "a romper el contrato social de defender a la provincia".

"Entonces, la verdad es que me angustia su amenaza, pero yo nunca me voy a poner del lado del Gobierno central porque pretendan subordinarnos con la billetera. Vamos a defender la producción de la provincia de Santa Fe y si Caputo piensa de esa manera, nosotros vamos a trabajar para hacerle entender que es un error aumentar las retenciones al campo y a la industria", subrayó.

Para Pullaro, con medidas de ese tipo, lo que se va a lograr "es que se pierdan puestos de trabajo y se afecte el crecimiento económico en el interior de Argentina".

"Que desde Buenos Aires miren mucho más al interior. El interior es gente de trabajo que se esfuerza todos los días. Nosotros no vivimos de la coparticipación. Eso es Santa Fe", concluyó.

El diputado nacional (Hacemos por Nuestro País-Córdoba) Carlos Gutiérrez cuestionó la decisión de modificar el capítulo referido a los biocombustibles en el proyecto de Ley de 'Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos', al sostener que evidencia que “lo único que le importa es la recaudación”.

El legislador nacional cordobés, que responde al Gobierno provincial, mediante su cuenta X (ex Twitter) afirmó que cuando se creía que el capítulo #biocombustible se habían logrado las condiciones para alcanzar un acuerdo que contiene a todos los sectores, “nos encontramos con que se realizaron modificaciones que nadie sabe ni quién ni cómo se hicieron”.

Gutiérrez, quien forma parte de los 23 diputados del bloque ‘Hacemos Coalición Federal’, al cuestionar esos cambios dijo que lo que se hizo “es muy grave y deja claro que al Gobierno Nacional lo único que le importa es la recaudación, careciendo de un plan de desarrollo productivo”.

Al respecto, agregó que “es absurdo que una ley proponga que hay que esperar tres años para que se presente otra ley. ¿Por qué, en cambio, no se plantea ahora un escenario futuro que genere confianza en las leyes, y que garantice previsibilidad, inversión y generación de empleo?”, planteó el diputado nacional.

Además, calificó como una “aberración que se haya cambiado la definición de biocombustible cuando se incorpora y se habla de reciclado de plástico. Eso no es biocombustible”, aseveró.

El gobierno nacional del presidente Javier Milei impulsa en su proyecto un 10% la mezcla de biodiesel con gasoil, que luego será de un 15%, y la participación en ese 10% inicial se establecerá por licitaciones.

En tanto, las provincias productoras de biocombustibles, Córdoba, Entre Ríos, Tucumán, Salta y Jujuy presentaron su propia iniciativa que consiste en que se implementen licitaciones separadas: en segmentos separados del 6,5% del corte del 10% lo licitarían las no integradas y pymes, entre sí; y el otro 3,5% las integradas o grandes aceiteras, entre ellas.

En una jornada histórica, trabajadores de diversas centrales obreras de Argentina protagonizaron un paro general y una masiva marcha hacia el Congreso en rechazo a dos controvertidas iniciativas impulsadas por el presidente Javier Milei: la Ley Ómnibus y el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). Convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT), ambas CTA (de los Trabajadores y Autónoma), y los trabajadores de la economía popular (UTEP), la movilización se extendió a lo largo y ancho del país.

El paro general tuvo un impacto significativo en diversos sectores. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunció que los colectivos operarían hasta las 19 horas para facilitar la movilización de aquellos que se sumaran a la medida de fuerza. En el ámbito bancario, las entidades atendieron hasta las 12 del mediodía, momento en el cual se declaró el paro total de actividades.

En relación al sector comercial, la atención fue normal, pero el plenario de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) definió la suspensión de los servicios aéreos desde las 12 hasta las 24. Sin embargo, el gremio de trabajadores de líneas low cost indicó que el servicio no se vería afectado.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) a nivel nacional determinó que el paro se extendería desde la medianoche hasta pasadas las 23 horas. La provincia de San Luis se unió a las movilizaciones, con concentraciones y marchas en puntos estratégicos, como el Correo Argentino en la capital, la Plaza del Mercado en Villa Mercedes, y la esquina del Casino en Merlo.

La jornada de protesta refleja el malestar y la resistencia de los trabajadores ante las políticas impulsadas por el presidente Milei, generando un llamado de atención a nivel nacional. La situación política y social continúa siendo fluida, con la posibilidad de que las movilizaciones desencadenen en nuevos desarrollos en los próximos días.