Los gremios docentes de [Nombre de la Provincia] han expresado su creciente preocupación ante la situación salarial y las acciones de ajuste llevadas a cabo por el gobernador Claudio Poggi. La falta de actualización salarial, el pago de sueldos en cuotas y otras medidas de ajuste han generado un clima de tensión que pone en riesgo el inicio de clases.

El descontento entre los trabajadores estatales ha alcanzado niveles críticos, y la falta de diálogo con el gobierno agrava la situación. Los gremios, que han agotado las instancias de negociación, no descartan intensificar las medidas de protesta en respuesta a las acciones del gobierno.

Entre las principales preocupaciones de los gremios docentes se encuentran:

Sueldos en Cuotas: La modalidad de pago de salarios en cuotas ha generado malestar entre los trabajadores, afectando su capacidad financiera y generando incertidumbre respecto a la estabilidad económica.

Falta de Actualización Salarial: La ausencia de ajustes salariales acordes a la inflación y el costo de vida ha llevado a una pérdida significativa del poder adquisitivo de los docentes y trabajadores estatales.

Acciones de Ajuste del Gobierno Las medidas de ajuste implementadas por el gobernador, Claudio Poggi, han sido recibidas con rechazo, considerándolas como acciones que afectan negativamente a los trabajadores y sus condiciones laborales.

La falta de avances en las negociaciones y la creciente indignación entre los gremios docentes plantean un escenario incierto para el inicio de clases. Los educadores, conscientes de la importancia de sus reclamos, evalúan la posibilidad de recrudecer las medidas de protesta en defensa de sus derechos laborales y salariales.

La comunidad educativa y la sociedad en general se mantienen atentas a los desarrollos de esta situación, que podría tener un impacto significativo en el sistema educativo y en el bienestar de los docentes.

El Gobierno de la Provincia de San Luis levantó la intervención de San Luis FC de fútbol femenino, tras considerar que se cumplieron “todos los pasos necesarios para comenzar con la regularización de la institución”, cuyo control comenzó el 29 de diciembre de 2023 por denuncias de corrupción e incompatibilidades institucionales.

“El hallazgo del colectivo que había comprado la exsecretaria de Deportes, Cintia Ramírez, y la conclusión a la que llegaron los interventores del San Luis Fútbol Club, quienes consideran que ya cumplieron todos los pasos necesarios para comenzar con la regularización de la institución, llevaron al Gobierno de San Luis a dar por terminada la intervención que había comenzado el 29 de diciembre del año pasado” afirmó la Agencia de Noticias del Estado Provincial.

“Con la recuperación del colectivo y el inicio de acciones penales contra la presidenta del club, los interventores creen que ya tienen el conocimiento suficiente de las actividades deportivas, institucionales y sobre la existencia de bienes, por lo que van a convocar a una asamblea de oficio para el nombramiento de una nueva comisión directiva y una comisión revisora de cuentas” afirmaron.

Según la misma comunicación esa asamblea “será el viernes 2 de febrero a las 18 en la sede de Personería Jurídica, ya que el club carece de un espacio físico propio”.

Advirtieron además que queda por resolver “el padrón de asociados ya que aseguran que hay 16 socios activos y 153 adherentes, una categoría que eliminó la comisión directiva anterior, por lo que existe una irregularidad”.

La intervención impulsada por el gobierno provincial derivó en la suspensión provisoria de la afiliación de la Liga Sanluiseña, dispuesta por el ente nacional el pasado 8 de enero y en una primera intimación enviada el 29 de diciembre de 2023 contra ese acto administrativo.

La AFA comunicó que para levantar la suspensión el gobierno de Claudio Poggi debía cesar con la intervención a SLFC, ya que la Liga “debía asegurarse de que no se produzca ninguna injerencia por parte de terceros en sus asuntos internos, lo que incluye a sus afiliados" y designó a la funcionaria cuestionada como vicepresidenta del Federal A de AFA.

Ramírez fue denunciada por el gobierno provincial por "violación de deberes de funcionario público", por presuntos adelantos de pagos a una empresa por movimientos de suelos y la realización de un alambrado olímpico para la construcción de canchas de fútbol en la Universidad de La Punta.

Se la acusa de haber ordenado el pago de $45.864.000, más un adelanto de $24.906.000 por 'movimiento de suelos' y otros $12.250.000 por el cierre olímpico, que hasta ahora no se han realizado, denuncia a la que se suma otra radicada a fines de diciembre por haber transferido dinero por sumas que rondan los 300 millones de pesos a un ente descentralizado de deporte y a un club de fútbol, ambas entidades de las cuales la exfuncionaria era titular.

El 15 de enero, Cintia Ramírez, en una conferencia de prensa junto a los abogados Ramiro Rubio y Marcos Juárez, negó la presunta incompatibilidad de cargos como titular simultánea de una cartera gubernamental y una sociedad sin fines de lucro y afirmó que se trata “de una persecución política, como les sucede a otros exintegrantes del Gabinete del exgobernador, Alberto Rodríguez Saá”.

“Las denuncias la afectan a nivel personal y profesional, como también a su futuro. Son acusaciones muy graves sobre malversación de caudales públicos, figura de peculado, hasta una defraudación por la compra de este famoso colectivo cuyo único beneficiario era el equipo, las chicas y el club”, indicó Juárez, quien insistió que su clienta actuó “dentro de los procedimientos administrativos” vigentes.

Los trabajadores estatales de San Luis volverán a cobrar sus salarios, esta vez los correspondientes a enero, en dos cuotas, anunció el Gobierno de la provincia por medio de la Dirección de Recursos Humanos, se informó oficialmente.

Según el cronograma oficial, que se dio a conocer por medio de la Agencia de Noticias del Estado Provincial, los trabajadores de la Administración Pública de San Luis cobrarán el 31 de enero próximo el 50 por ciento de sus haberes, con un pago mínimo de bolsillo de 300.000 pesos; el saldo restante del salario se hará efectivo el 6 de febrero.

"De esta manera, con el pago mínimo del 31 de enero, los agentes de las categorías más bajas de la Administración estarán percibiendo un porcentaje mayor al 50 por ciento previsto para esa fecha", se indicó en un comunicado.

El texto oficial afirmó que, "pese a los esfuerzos realizados, no se podrá realizar el pago íntegramente a fin de mes por cuanto la Legislatura provincial no autorizó la materialización del convenio de adelanto transitorio de haberes con el Banco de la Nación Argentina".

Finalmente, el comunicado destacó que los haberes de los funcionarios "recién serán abonados una vez finalizado el pago de los salarios de todos los empleados de la Administración Pública".

El anunció se llevó a cabo mientras se desarrollaba el paro de 12 horas y la movilización convocada por las centrales sindicales, que en la capital de la provincia reunió más de cinco cuadras de manifestantes y se replicó en las ciudades más importantes de San Luis como Villa Mercedes y Merlo. En las manifestaciones el reclamo común fue "pago de sueldo entero".

A pocos días de asumir el cargo, el gobernador Claudio Poggi anunció una política de ajuste en la provincia, que incluyó que los salarios de los trabajadores públicos correspondientes a diciembre y enero se pagarán en dos cuotas.

Sin embargo, ante una acción de amparo presentada por la seccional San Luis de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Defensoría del Pueblo provincial, debió adelantar el pago de la segunda cuota del salario de diciembre de los trabajadores estatales.

La jueza Penal y Contravencional Daniela Benenatti ordenó en aquel momento al gobierno de San Luis que abonara "de manera urgente e inmediata los haberes adeudados al personal de la administración central y órganos descentralizados, hasta completar la totalidad de la liquidación correspondiente al mes de diciembre de 2023".

La exsecretaría de Deportes de San Luis, Cintia Ramírez, fue designada como vicepresidenta del Torneo Federal para la temporada 2024, organizado por el Consejo Federal que nuclea la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

La AFA formalizó el nombramiento a través del Despacho N°12.691, junto a los nuevos directivos del Torneo Federal: Carlos Lanzaro como presidente, Darío Zamorate, secretario, y como vocales a Sergio Palmieri y Claudio Yopolo junto a la puntana Ramírez, quien se encuentra envuelta en una polémica generada por el nuevo gobierno provincial de Claudio Poggi.

El comunicado oficial establece que la designación responde a “la necesidad de la integración de los diferentes Departamentos creados en el ámbito del Consejo Federal del Fútbol Argentino, en los términos del Reglamento General”, y aclara que todas las designaciones “cumplen con los requisitos para el cargo”.

El Gobierno de San Luis, a cargo de Claudio Poggi, radicó dos denuncias contra la exsecretaria de Deportes de Alberto Rodríguez Saá, por "violación de deberes de funcionario público”.

De acuerdo con la denuncia presentada el 16 de enero último, Ramírez habría ordenado el pago de $45.864.000, más un adelanto de $24.906.000 por 'movimiento de suelos' y otros $12.250.000 por el cierre olímpico, que hasta ahora no se han realizado.

Esta denuncia se suma a las ya radicada a fines de diciembre, donde se la acusa de haber transferido dinero por sumas que rondan los 300 millones de pesos a un ente descentralizado de deporte y a un club de fútbol, ambas entidades de las cuales la exfuncionaria era titular.

Por este motivo, el Fiscal de Estado, Víctor Endeiza, pidió al Juez de Garantías que habilite la feria judicial y la audiencia de formulación de cargos.

Sin que se conozcan avances en la causa judicial, la designación de Ramírez se da en un contexto polémico con acusaciones graves y la intervención de San Luis FC, por las que La AFA, a través de su Consejo Federal, resolvió suspender transitoriamente la afiliación de la Liga Sanluiseña de Futbol.

El club San Luis fue intervenido tras el cambio de gobierno en la provincia, en diciembre pasado, y se dispuso el nombramiento de una comisión para normalizar la situación en el plazo de 180 días.

Al conocer la decisión del organismo provincial, la AFA dispuso suspender la afiliación de la Liga Sanluiseña por entender que la medida constituye "una violación al principio de no intervención e independencia de sus miembros" según lo establece el estatuto vigente.

La resolución de AFA deja sin participación al futbol femenino de la provincia puntana, que había logrado el ascenso a la Primera División; y a los clubes Estudiantes y Juventud Unida, que disputan el Torneo Federal y en el caso de uno de ellos (Juventud Unida) la disputa de los 32avos de la Copa Argentina, en donde debe cruzarse con Deportivo Maipú de Mendoza.