¿Te imaginas si la temperatura subiera 30°? Bueno, eso pasó en La Antártida oriental a fines de marzo, rompiendo un «récord absoluto».
  Los termómetros marcaron una temperatura de 11,5°C bajo cero, cuando deberían haber marcado 40 grados bajo cero, que es lo habitual para esta época, en la que, según expertos, la temperatura debería haber bajado con el fin del verano austral. Ahora bien, lo que debemos preguntarnos, cómo siempre que suceden eventos extremos, es si son o no son consecuencia del cambio climático. Para eso te cuento algunos testimonios de investigadores:
  Por un lado, explicaron que si bien los días sin heladas son ocasionales, nunca se habían producido después del 22 de febrero. Por otro lado, algunos expertos sostienen que lo que sucedió en la Antártida probablemente sea solo un evento climático aleatorio y no una señal de cambio climático. Pero que si sucede de nuevo o repetidamente, entonces podríamos vincularlo con el calentamiento global.
  En este sentido, aseguran que si bien en el momento de producirse un suceso no es posible atribuirlo al cambio climático, una de las señales más claras del calentamiento global es el aumento del número y la intensidad de las olas de calor.   El cambio climático nos involucra a todxs, informate y acordate…  

Tres astronautas chinos aterrizaron este sábado en la región septentrional de Mongolia Interior tras permanecer 183 días en el espacio, culminando la misión tripulada más larga de este país, informaron medios estatales.

El equipo de dos hombres y una mujer (Zhai Zhigang, Ye Guangfu y Wang Yaping) aterrizó en una pequeña cápsula poco antes de las 10.00 locales (23 del viernes en la Argentina) tras pasar seis meses en la estación espacial china Tiangong, que todavía está en construcción.

"La cápsula de reentrada de Shenzhou-13 ha aterrizado con éxito", indicó la cadena estatal CCTV.

La emisión en directo de la televisión mostró la cápsula posándose en medio de una nube de polvo, mientras el personal de tierra se acercaba en helicópteros al artefacto, según consignó la agencia de noticias AFP.

La nave Shenzhou-13 es la última misión del programa chino, tras haber hecho aterrizar un róver en Marte y recoger muestras de la Luna

Unos 45 minutos después de aterrizar, Zhai, el comandante de la misión, abandonó la cápsula y fue colocado de inmediato en una silla especial y tapado con una manta, mientras saludaba y sonreía a las cámaras.

"Estoy orgulloso de nuestro país heroico; me siento extremadamente bien", dijo en una entrevista con CCTV poco después de salir.

La nave Shenzhou-13 es la última misión del programa chino, tras haber hecho aterrizar un róver en Marte y recoger muestras de la Luna.

El trío de astronautas despegó en octubre pasado desde el desierto de Gobi, en el noroeste de China, en la segunda de las cuatro misiones tripuladas previstas entre 2021 y 2022 para ensamblar la estación Tiangong, que significa "Palacio Celestial" en mandarín.

Ubicada a unos 350-400 km de altitud, la estación debe contar con tres módulos de los que solo uno está por ahora en órbita, el Tianhe ("Armonía Celestial), donde se alojó la tripulación.

Los otros dos módulos, denominados Mengtian y Wentian, se lanzarán el próximo año y se acoplarán a Tianhe, para permitir que se realicen experimentos en biotecnología, medicina o astronomía.

Los astronautas llevaron a cabo numerosos experimentos científicos, prepararon equipos y probaron tecnologías para las siguientes fases de la construcción

En estos seis meses, los astronautas llevaron a cabo numerosos experimentos científicos, prepararon equipos y probaron tecnologías para las siguientes fases de la construcción.

También realizaron dos caminatas espaciales, una de ellas protagonizada a finales de noviembre por Wang Yaping, la primera mujer china en andar por el espacio.

Las últimas semanas de la misión consistieron en preparar la cabina para la tripulación de la nave Shenzhou-14, cuyo lanzamiento está previsto en los próximos meses.

El récord anterior de permanencia en el espacio para China lo consiguió la misión Shenzhou-12, que estuvo 92 días en órbita, aunque a partir de ahora el periodo de estancia en la estación espacial china será de medio año, según CCTV.

La segunda economía del mundo ha invertido miles de millones en su programa espacial, gestionado por el ejército, con el propósito de disponer de una estación tripulante permanente en 2022 y eventualmente enviando humanos a la Luna.

Además de su estación Tiangong, Pekín planea construir una base en el satélite de la Tierra y la Administración Nacional Espacial asegura que ambiciona enviar una misión tripulada allí para 2029.

La organización Unidad Popular (UP) acompañó este domingo el repudio del Consejo Asesor de Malvinas ante la realización de "maniobras armadas" llevadas adelante por Gran Bretaña en el archipiélago, y a las que calificaron como un "anacronismo colonial", una "provocación" y un "acto de desprecio" hacia la Argentina.

"Las fuerzas de ocupación que Gran Bretaña mantiene ilegalmente en territorio argentino, convirtiendo a las islas Malvinas en uno de los territorios más militarizados del mundo, se aprestan una vez a más a realizar ejercicios militares en la zona", se denuncia en el documento generado por el Consejo Asesor Observatorio Cuestión Malvinas, dependiente de la provincia de Tierra del Fuego, al que suscribió UP.

Allí se explica que del 18 al 29 de abril se realizarán "maniobras armadas", que se suman a otros "ejercicios armados ya realizados" en la zona y constituyen así una "provocación" y un "acto de desprecio" hacia la República Argentina.

El comunicado condena la decisión del Reino Unido por su "anacronismo colonial", ya que atenta contra "la integridad territorial" de Argentina al adoptar el "uso de la fuerza", que constituye un hecho "inaceptable en este siglo XXI".

Según se explica en la misiva, Gran Bretaña "contraviene" la resolución 31/49 de la Asamblea General de Naciones Unidas que "insta a ambas partes a que se abstengan de adoptar decisiones unilaterales que impliquen modificaciones en la situación mientras las Islas" atraviesan "el proceso de negociación" encomendado por ese organismo.

Asimismo, se explica que las fuerzas militares "instaladas ilegalmente" constituyen "una demostración de fuerza" por parte del Reino Unido e Irlanda del Norte que hacen "caso omiso" a las resoluciones de la ONU, que buscan "encontrar una solución pacífica y definitiva" a la disputa de soberanía sobre las Islas del Atlántico Sur.

"Por esto, el Consejo Asesor Observatorio Cuestión Malvinas rechaza y condena contundentemente este accionar militar británico que, juntamente a la renovación realizada de medios de defensa aérea y de vigilancia, representa una amenaza a la seguridad del Atlántico Sur y a toda la región", se completa en el escrito.

El gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas de Atlántico Sur, Gustavo Melella, se había pronunciado el sábado sobre este tema a través de su cuenta de Twitter, donde interpeló a la embajadora británica en Argentina, Kirsty Hayes.

"En nombre de las y los fueguinos, expreso mi más profundo repudio respecto a las maniobras militares que su país está realizando en nuestras islas Malvinas y alrededores", expresó el mandatario fueguino.

En la misma dirección que el Consejo Asesor de Malvinas, Melella se refirió al incumplimiento de la resolución 31/49 de la Asamblea General de la ONU y también coincidió en calificar la maniobra como "una provocación innecesaria" llevada adelante "en fechas tan sentidas y especiales para el pueblo argentino", en referencia al 40 aniversario de la Guerra de Malvinas.

"Un accionar del gobierno que usted representa que, de forma reiterada, junto a sus aliados militares, sólo trae inseguridad e incertidumbre a una región que busca velar por la paz y cooperación entre sus Estados miembros", apuntó Melella al dirigirse a la embajadora, y prosiguió: "Una región a la cual su Estado no pertenece más que ocupando ilegalmente parte de nuestro territorio".

La muerte de Alan García, quien se disparó en la cara cuando estaba por ser encarcelado por supuesta corrupción, estremeció al país. Otros mandatarios, incluyendo el actual, también tienen problemas con la Justicia. 

Perú conmemoró este domingo el suicidio de uno de sus principales políticos, el expresidente Alan García, quien se disparó en la cara cuando era inminente su encarcelamiento por presunta corrupción, un ingreso a prisión que ya parece el destino de los exmandatarios del país.

"Dejo mi cadáver como una muestra del desprecio a mis adversarios", escribió en una carta de despedida García, cuya muerte, a los 69 años, estremeció a un país que no acaba de sorprenderse por manejos oscuros de su clase política.

Esta semana, además, Perú vio recobrar su libertad parcial a otro expresidente investigado, Pedro Pablo Kuczynski, mientras que a uno más, Alejandro Toledo, se le ratificaba en cambio la orden de captura que lo tiene a la espera de que Estados Unidos decida si lo entrega en extradición.

Los tres casos, más el de otro exmandatario, Alberto Fujimori, a quien la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) frustró la semana anterior una maniobra para ser excarcelado con un indulto irregular, señalan que en el Perú reciente el Palacio de Gobierno se ha convertido en algo parecido a la antesala de la cárcel.

Corrupción nunca probada

García no era un político cualquiera. Carismático, hábil, culto, con una poderosa oratoria y una personalidad a la que un informe de inteligencia de Estados Unidos llamó "ego colosal", hizo historia desde que en la década de 1970 dejó de cantar rancheras en el metro de París para regresar a su país a buscar el poder.

Asumió la presidencia a los 36 años, en 1985, y cinco años después entregó un país sumido en la hiperinflación. Todos lo dieron por "cadáver político", pero tras un exilio regresó al poder en 2006 con una receta neoliberal antítesis de su primera gestión.

En ambos períodos, el líder del Partido Aprista estuvo rodeado de profundas sospechas de corrupción, las que, según reclamó siempre, no se probaron. En realidad, todo quedó inconcluso, porque una primera causa prescribió y otra se cerró con su muerte.

Como en varios casos que afectan a expresidentes, ronda el fantasma de la firma brasileña Odebrecht. El exrepresentante de esa constructora en Lima, Jorge Barata, quien entrega información a cambio de beneficios penitenciarios, dijo haber pagado sobornos al secretario de García durante su segundo gobierno.

El dinero de Odebrecht

Mientras tanto, el liberal Kuczynski (2016-2018), de 83 años, recobró la libertad el martes pasado, al cumplir 36 meses de prisión domiciliaria preventiva, lo máximo permitido.

Ahora podrá dejar su lujosa casa limeña, pero se le mantendrán el impedimento de salida del país, el congelamiento de cuentas, la incautación de propiedades y el aislamiento.

Los problemas para el exgobernante se derivan de dinero que recibió de Odebrecht a través de una consultora suya cuando era ministro de Economía primero y jefe del gabinete ministerial de Toledo (2001-2006), después.

Las pesquisas apuntan a que esos nexos ocultaban prácticas ilegales. De hecho, Kuczynski, como funcionario, no debió ser consultor. Además, el expresidente es investigado porque, según Barata, recibió dinero de Odebrecht para sus campañas electorales de 2011 y 2016.

Mientras Kuczynsk lograba una victoria pírrica, Toledo, su exjefe, sufrió otro revés al día siguiente, cuando la Justicia desechó el habeas corpus con que su abogado buscó que quedaran sin efecto las órdenes de captura contra él y su esposa, la antropóloga belga Eliane Karp.

Toledo es acusado de recibir indirectamente hasta 35 millones de dólares de sobornos de Odebrecht mediante maniobras en las que intervino Karp, según la Fiscalía, que pide 16 años de cárcel para ambos.

El ex mandatario centroderechista, un economista de 76 años y origen muy humilde, está junto a su esposa en Estados Unidos. La Justicia de ese país ya determinó que la extradición es procedente por la solidez de la acusación, pero la última palabra la tendrá el Departamento de Estado.

Otros dos expresidentes están en aprietos por relaciones con Odebrecht: Ollanta Humala (2011-2016), acusado de recibir fondos no reportados para sus campañas, y Martín Vizcarra (2018-2020), cuyos supuestos nexos con la firma datan de cuando fue gobernador del departamento de Moquegua entre 2011 y 2014.

Para el centrista Humala, un teniente coronel del Ejército de 59 años que ya estuvo nueve meses en prisión preventiva y ahora tiene restricción de movimientos, la Fiscalía pide 20 años de cárcel. Para su esposa, Nadine Heredia, supuesto cerebro de las operaciones y ahora en prisión domiciliaria, pide 26 años.

El centroderechista Vizcarra, un ingeniero civil de 59 años, aún está libre y en una fase preliminar de investigación.

El caso de Fujimori, de 83 años, es distinto, pues los 25 años de cárcel que paga desde 2007 son por 25 asesinatos y dos secuestros. El exmandatario ultraderechista (1990-2000) también recibió varias condenas por corrupción, pero como en Perú las penas no son acumulativas, ya las cumplió.

Tres magistrados del Tribunal Constitucional con públicas simpatías por el fujimorismo validaron en marzo un indulto irregular entregado a Fujimori por Kuczynski en 2017, lo que le abría las puertas de la cárcel. La orden vinculante de la Corte IDH, basada en el principio de no beneficios para casos de lesa humanidad, lo dejó con la valija lista.

En medio de los problemas de los presidentes, incluso el actual, el izquierdista Pedro Castillo, ya tiene acciones en marcha, pero no directas. Según el semanario Hildebrandt en sus trece, el nuevo fiscal general, Pablo Sánchez, a diferencia de su antecesora, Zoraida Ávalos, quiere abrir ya investigación, aunque por el cargo no se le puede procesar.

El jefe de Estado, un profesor rural de 52 años, ha sido incluido en algunos testimonios en una supuesta red de corrupción orquestada por el exsecretario de la Presidencia Bruno Pacheco y dos sobrinos del mandatario.

Políticos en la mira de la Justicia

Varios otros políticos de peso están en la mira de la Justicia, entre ellos la principal líder de la oposición, Keiko Fujimori –hija de Alberto-, para quien la Fiscalía pide 30 años de cárcel por lavado de activos y organización criminal con dineros obtenidos de Odebrecht y otras fuentes.

Los procesos o investigaciones incluyen también a cientos de gobernadores, alcaldes y funcionarios actuales o recientes, lo que hace de la corrupción, según politólogos como Alonso Cárdenas o Roger Santa Cruz, uno de los problemas más agobiantes para el país.