Cuarenta y cinco años de lucha ininterrumpida de las Madres de Plaza de Mayo se cumplen este 30 de abril, fecha que recuerda la primera vez que un grupo de mujeres se reunió en la plaza frente a la Casa Rosada para reclamar por la aparición con vida de sus hijos secuestrados, torturados y desaparecidos.

Lo hicieron en 1977, en pleno auge de la dictadura cívico militar, que finalizó con 30 mil desaparecidos, el robo y la expropiación de muchos de los hijos e hijas de los buscados de entonces, y con la ruina económica del país, sumido en una deuda externa de proporciones inéditas.

Cansadas de presentar amparos y denuncias buscando el paradero de sus hijos e hijas, las Madres cambiaron de estrategia: "Individualmente no vamos a conseguir nada. ¿Por qué no vamos todas a la Plaza de Mayo? Cuando vea que somos muchas, Jorge Videla (el entonces presidente de facto) tendrá que recibirnos", convocó Azucena Villaflor de Vicenti, una de las organizadoras.

El encuentro fue el 30 de abril de 1977, cuando se concentraron alrededor del monolito, en el centro de la plaza. Inmediatamente, varios oficiales intentaron sacarlas del lugar advirtiéndoles que no podían estar allí paradas. Pero, frente a la negativa de las mujeres, insistieron: "Circulen, circulen".

Así comenzó la historia, y las Madres empezaron a caminar lentamente alrededor de la Pirámide de Mayo, tomadas de los brazos, pese al desamparo y al temor que no les impidió seguir con su propósito.

Junto a Azucena Villaflor de Vicenti, se juntaron en aquella primera ronda Berta Braverman, Haydée Gastelú de García Buelas, María Adela Gard de Antokoletz, Julia Gard, María Mercedes Gard, Cándida Gard, Delicia González, Pepa Noia, Mirta Baravalle, Kety Neuhaus, Raquel Arcushin y dos mujeres más de las que no se conocen sus nombres.

Se realizaba así la primera ronda. La primera de muchas otras que se sucedieron todos los jueves -hasta hoy- a lo largo de décadas. Y esa lucha silenciosa siguió pese a los diferentes gobiernos, incluso aquel 20 de diciembre de 2001, cuando la policía montada intentó correrlas también de la Plaza de Mayo, en medio de la represión desatada tras la renuncia del entonces presidente Fernando de la Rúa.

Ese 20 de diciembre, las Madres de Plaza de Mayo -la Asociación y la Línea Fundadora- y otros referentes de organismos de derechos humanos fueron blanco de la represión en un capítulo inédito en la historia de la democracia argentina.

No obstante, las mujeres siguieron concentrándose año tras año, logrando el reconocimiento internacional y el respeto en la lucha por los derechos humanos.

Además de Azucena Villaflor de Vicenti, se juntaron en aquella primera ronda Berta Braverman, Haydée Gastelú de García Buelas, María Adela Gard de Antokoletz, Julia Gard, María Mercedes Gard, Cándida Gard, Delicia González, Pepa Noia, Mirta Baravalle, Kety Neuhaus, Raquel Arcushin y dos mujeres más de las que no se conocen sus nombres.

Una lucha que trascendió en pleno Mundial 78

Otra explica: "Mi hija estaba embarazada de cinco meses cuando se la llevaron, mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado, hasta ahora no he podido saber nada de él. Lo único que sabemos es que los chicos nacen pero los dejan en establecimientos, en casas cuna como NN", denuncia.

"No ve que dicen que tenemos un mundial en paz", interrumpe otra, y frente a la repregunta del periodista, que desliza "En el Gobierno dicen que ustedes son mentirosas", ellas responden indignadas: "¿Mentirosas? ¿Nosotras somos mentirosas?".

De fondo, se observa a un policía que insiste con el "circulen", mientras las mujeres continúan: "No somos mentirosas, está todo comprobado en el Palacio de Justicia, allí están los testimonios, también en el Ministerio de Hacienda y en la Policía Federal tienen todas las denuncias. El gobierno es el que miente".

Otro testimonio da cuenta también de los casos que hoy se juzgan sobre secuestros y torturas: "En mi caso particular allanaron cuatro veces mi casa, me llevaron y me torturaron para que dijera dónde estaba mi hijo". De pronto, una voz que será profética añade: "Yo no quiero a mi hijo solo, yo quiero a todos los hijos, de todas las madres. Somos miles en todo el país".

"No sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, y tenemos desesperación porque no sabemos a quién recurrir, consulados, embajadas, ministerios, iglesias, se nos han cerrado las puertas en todas partes, por eso les rogamos a ustedes que son nuestra última esperanza", finaliza entre lágrimas.

En el medio, muestran listados de personas desaparecidas y hasta una carta enviada a los futbolistas argentinos, de las que les dan copia al entrevistador para que lo difunda en todo el mundo.

"Que muestren la cara y digan dónde están. Hay tantas muertes que no se animan a mostrar. Si dicen que son subversivos que den la cara y nos digan por qué. Mi hijo iba a ayudar a las villas", cuenta una mujer joven. Y otra añade: "Vinieron a nuestras casas y nos robaron todo, el Ejército argentino que se llama cristiano, vino a mi casa a hacer eso".

La histórica nota fue realizada el 1 de junio de 1978, a la misma hora en la que comenzaba el partido inaugural Alemania-Polonia. Y fue posible gracias a que el periodista holandés Jan van der Putten, en vez de cubrir el partido, fue a Plaza de Mayo a registrar las entrevistas.

En tanto, Azucena Villaflor tuvo el mismo destino de su hijo Néstor y de su pareja, Raquel. Fue secuestrada en diciembre de 1977 y desaparecida. Su cuerpo apareció el 20 de diciembre en las playas de Buenos Aires, pero fue enterrada como NN y luego identificada en 2005.

Por otra parte, los pañuelos blancos como símbolo de lucha surgieron en octubre de 1976 cuando, para festejar el Día de la Madre, la iglesia católica realizó una marcha a la Basílica de Lujan, y las madres resolvieron poner en sus cabezas un pañal de tela de sus hijos para identificarse. El pañal, con los años, se transformó en pañuelos blancos y, de esta manera, la gente y el mundo comenzó a reconocerlas.

La organización Unidad Popular (UP) acompañó este domingo el repudio del Consejo Asesor de Malvinas ante la realización de "maniobras armadas" llevadas adelante por Gran Bretaña en el archipiélago, y a las que calificaron como un "anacronismo colonial", una "provocación" y un "acto de desprecio" hacia la Argentina.

"Las fuerzas de ocupación que Gran Bretaña mantiene ilegalmente en territorio argentino, convirtiendo a las islas Malvinas en uno de los territorios más militarizados del mundo, se aprestan una vez a más a realizar ejercicios militares en la zona", se denuncia en el documento generado por el Consejo Asesor Observatorio Cuestión Malvinas, dependiente de la provincia de Tierra del Fuego, al que suscribió UP.

Allí se explica que del 18 al 29 de abril se realizarán "maniobras armadas", que se suman a otros "ejercicios armados ya realizados" en la zona y constituyen así una "provocación" y un "acto de desprecio" hacia la República Argentina.

El comunicado condena la decisión del Reino Unido por su "anacronismo colonial", ya que atenta contra "la integridad territorial" de Argentina al adoptar el "uso de la fuerza", que constituye un hecho "inaceptable en este siglo XXI".

Según se explica en la misiva, Gran Bretaña "contraviene" la resolución 31/49 de la Asamblea General de Naciones Unidas que "insta a ambas partes a que se abstengan de adoptar decisiones unilaterales que impliquen modificaciones en la situación mientras las Islas" atraviesan "el proceso de negociación" encomendado por ese organismo.

Asimismo, se explica que las fuerzas militares "instaladas ilegalmente" constituyen "una demostración de fuerza" por parte del Reino Unido e Irlanda del Norte que hacen "caso omiso" a las resoluciones de la ONU, que buscan "encontrar una solución pacífica y definitiva" a la disputa de soberanía sobre las Islas del Atlántico Sur.

"Por esto, el Consejo Asesor Observatorio Cuestión Malvinas rechaza y condena contundentemente este accionar militar británico que, juntamente a la renovación realizada de medios de defensa aérea y de vigilancia, representa una amenaza a la seguridad del Atlántico Sur y a toda la región", se completa en el escrito.

El gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas de Atlántico Sur, Gustavo Melella, se había pronunciado el sábado sobre este tema a través de su cuenta de Twitter, donde interpeló a la embajadora británica en Argentina, Kirsty Hayes.

"En nombre de las y los fueguinos, expreso mi más profundo repudio respecto a las maniobras militares que su país está realizando en nuestras islas Malvinas y alrededores", expresó el mandatario fueguino.

En la misma dirección que el Consejo Asesor de Malvinas, Melella se refirió al incumplimiento de la resolución 31/49 de la Asamblea General de la ONU y también coincidió en calificar la maniobra como "una provocación innecesaria" llevada adelante "en fechas tan sentidas y especiales para el pueblo argentino", en referencia al 40 aniversario de la Guerra de Malvinas.

"Un accionar del gobierno que usted representa que, de forma reiterada, junto a sus aliados militares, sólo trae inseguridad e incertidumbre a una región que busca velar por la paz y cooperación entre sus Estados miembros", apuntó Melella al dirigirse a la embajadora, y prosiguió: "Una región a la cual su Estado no pertenece más que ocupando ilegalmente parte de nuestro territorio".

Una treintena de organizaciones sindicales ya negocia el reajuste de sus salarios en el marco de paritarias convocadas o no de manera oficial por el Ministerio de Trabajo, mientras la totalidad de los voceros gremiales coincide en que el adelantamiento de las negociaciones debe "ganarle al elevado proceso inflacionario", por lo cual los dirigentes se inclinan por "acuerdos cortos".

La cartera laboral firmó el miércoles 6 de abril la Resolución 388/22, publicada en el Boletín Oficial del día siguiente, que oficializó la convocatoria al diálogo paritario para más de veinte gremios y las cámaras empresariales de cada sector, aunque otras organizaciones sindicales ya habían comenzado a negociar varias semanas antes.

Es el caso de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys), el sindicato con más afiliados del país, que el 21 de marzo inició el diálogo convencional para actualizar salarios con las tres cámaras de la actividad, luego de evaluar "los indicadores y variables económicas, lo que fue totalmente determinante", según comunicó entonces el gremio mercantil.

El propio titular de la organización, Armando Cavalieri, había sostenido en ese momento que "las consecuencias de la aceleración de precios en los últimos meses proporcionó datos alarmantes y, a partir de esos parámetros, se adoptó la decisión de generar acuerdos más cortos; es decir, del orden trimestral".

La totalidad de los gremios avizoran para este año una suba de precios que rondaría casi el 60 por ciento, por lo que la postura adoptada por los sindicalistas es negociar acuerdos más cortos, trimestrales o cuatrimestrales, que puedan ser revisados y/o actualizados.

Uno de los sindicatos que adoptó esta decisión es la Unión Obrera de la Construcción (Uocra) de Gerardo Martínez, que fue incorporada por Trabajo en la apertura temprana de paritarias prevista en su reciente Resolución 388, que lleva la firma de Claudio Moroni.

En 2021, la Uocra firmó una paritaria cuyo último ajuste -del 4 por ciento- se cobrará en mayo próximo, por lo que totalizará para el año una mejora salarial del 56,4%.

En relación a las perspectivas para 2022, desde el sindicato de la construcción confirmaron a Télam que la expectativa con la que iniciarán las negociaciones tras la convocatoria oficial "es firmar un acuerdo que se ubique por encima de la inflación, aunque la modalidad se perfilará cuando comience el diálogo".

"Aún no hubo negociaciones formales, pero sí un encuentro preliminar. Es preciso hacer los números y proyecciones", agregaron las fuentes.

En la Uocra sostienen que ante el proceso inflacionario probablemente sea necesario acordar tramos cortos trimestrales o cuatrimestrales, aunque todavía no descartaron el esquema anual pero siempre con cláusula de revisión.

Otro de los gremios convocados por Trabajo para adelantar la negociación salarial es la Federación Gráfica Bonaerense (FGB) que lidera Héctor Amichetti, cuya paritaria 2021 había vencido el 31 de marzo.

Tras ser incluido en la Resolución de la cartera laboral que convocó a 26 gremios y cámaras empresariales a iniciar las negociaciones, el sindicato de los gráficos llegó a un acuerdo el miércoles último consistente en un incremento salarial del 50 por ciento a pagar entre abril y octubre próximos, en tres tramos, y con cláusula de revisión.

"Luego de quince días de discusión y varios plenarios de delegados, se acordó con la cámara (Federación Argentina de la industria Gráfica y Afines) una mejora del 50 por ciento para el semestre abril-octubre, con cláusula de revisión en noviembre. Esa recomposición se abonará un 21 por ciento en abril, otro 14 desde julio y un 15 en octubre", aseguró Amichetti a Télam.

El plenario general de delegados del sindicato gráfico aprobó el acuerdo el miércoles anterior al inicio del fin de semana largo por las Pascuas, y ya fue presentado en la cartelera laboral.

El sindicato mecánico (Smata) que conduce Ricardo Pignanelli, otro de los gremios fuertes que fue convocado por Trabajo para iniciar la negociación salarial, negocia desde hace muchos años -a partir de 2011- acuerdos paritarios trimestrales en función del costo de vida, y ya abrió la discusión en el sector de los talleres mecánicos.

Pignanelli señaló la semana pasada que el sindicato tiene 72 convenios salariales, entre los cuales se encuentra el de talleres mecánicos, que "está muy retrasado", según palabras del propio dirigente.

En ese panorama, Smata inició las conversaciones formales para casi 18 mil trabajadores.

"Los talleres de alta monta andan muy bien, pero los urbanos y provinciales tienen las escalas salariales atrasadas. El Smata negocia una dinámica trimestral sobre el índice del costo de vida, que se basa en el Pacto Social de precios y salarios determinado por Juan Domingo Perón en 1973", explicó el secretario general.

Para Pignanelli, el objetivo que se impone para la negociación es ganarle a la inflación, porque en los últimos años, repasó, "se perdieron 24 mil pequeñas y medianas empresas y entre 2016 y 2019 se evaporó el 25 por ciento de poder adquisitivo", a lo que se sumó el impacto de la pandemia de Covid-19 que "debilitó todavía más a la industria".

"Es la hora de discutir en paritarias aumentos salariales y puestos de trabajo. Luego vendrá la negociación por la distribución de la riqueza", añadió Pignanelli.

Junto a Uocra, Gráficos y Smata, Trabajo convocó a iniciar las discusiones salariales a los sindicatos de Camioneros, Sanidad, Gastronómicos, seguridad, maestranza, plásticos, pasteleros, del seguro, de la alimentación, textiles, de la televisión, trabajadores de aguas gaseosas, del vestido, químico y petroquímico, molinero, viajante, madera y Uecara: tres de ellos -entre ellos la Federación Gráfica- ya lograron un acuerdo.

Mientras que los gráficos encabezados por Amichetti acordaron para el semestre abril-octubre una mejora del 50 por ciento y una revisión en noviembre, el sindicato del Seguro convino una recomposición del 37 por ciento para el período abril-septiembre y el gremio del vestido cerró en 53,4 por ciento en dos tramos (julio-octubre) más una gratificación extraordinaria del 7 por ciento del salario básico.

En paralelo a estas negociaciones en marcha, otros gremios ya habían cerrado sus paritarias por cuerda separada, más allá de la resolución de la cartera laboral: es el caso de los mineros en sus diversas ramas de la actividad, el gremio de la carne roja y avícola y el sector mutualista del sindicato de entidades deportivas y civiles (Uedyc).

Entre los gremios más influyentes por su poder de negociación, el titular de la Federación de Choferes de Camiones, Hugo Moyano, adelantó que en la mesa de discusión con las cámaras exigirá el pago de una suma fija de 20.000 pesos, para lo cual tomó como parámetro el acuerdo celebrado con ese fin entre los titulares del Senado y Diputados, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa, con el secretario de la Asociación del Personal Legislativo, Norberto Di Próspero.

Desde la Asociación Bancaria, en tanto, su secretario general y diputado nacional por el Frente de Todos, Sergio Palazzo, declaró hace unos días el estado de alerta y movilización ante "la irrisoria propuesta empresaria".

En cuanto a la Resolución 388/22, el ministro de Trabajo subrayó en sus fundamentos que en el marco de la mesa de diálogo y la concertación encabezada por el presidente Alberto Fernández era necesario "alinear expectativas y fortalecer la reactivación productiva de manera articulada con la creación de empleo formal y la mejora de los ingresos".

Además, en el texto se mencionaron los recientes encuentros entre la CGT y la UIA, en los que las partes coincidieron -remarcó la cartelera laboral- en "la necesidad de concertar acciones que permitan afrontar las dificultades económicas locales, agravadas por el conflicto en Ucrania, a fin de mejorar el poder adquisitivo de los salarios, cuidar la canasta básica de consumo de los argentinos y preservar la reactivación de la economía".

La muerte de Alan García, quien se disparó en la cara cuando estaba por ser encarcelado por supuesta corrupción, estremeció al país. Otros mandatarios, incluyendo el actual, también tienen problemas con la Justicia. 

Perú conmemoró este domingo el suicidio de uno de sus principales políticos, el expresidente Alan García, quien se disparó en la cara cuando era inminente su encarcelamiento por presunta corrupción, un ingreso a prisión que ya parece el destino de los exmandatarios del país.

"Dejo mi cadáver como una muestra del desprecio a mis adversarios", escribió en una carta de despedida García, cuya muerte, a los 69 años, estremeció a un país que no acaba de sorprenderse por manejos oscuros de su clase política.

Esta semana, además, Perú vio recobrar su libertad parcial a otro expresidente investigado, Pedro Pablo Kuczynski, mientras que a uno más, Alejandro Toledo, se le ratificaba en cambio la orden de captura que lo tiene a la espera de que Estados Unidos decida si lo entrega en extradición.

Los tres casos, más el de otro exmandatario, Alberto Fujimori, a quien la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) frustró la semana anterior una maniobra para ser excarcelado con un indulto irregular, señalan que en el Perú reciente el Palacio de Gobierno se ha convertido en algo parecido a la antesala de la cárcel.

Corrupción nunca probada

García no era un político cualquiera. Carismático, hábil, culto, con una poderosa oratoria y una personalidad a la que un informe de inteligencia de Estados Unidos llamó "ego colosal", hizo historia desde que en la década de 1970 dejó de cantar rancheras en el metro de París para regresar a su país a buscar el poder.

Asumió la presidencia a los 36 años, en 1985, y cinco años después entregó un país sumido en la hiperinflación. Todos lo dieron por "cadáver político", pero tras un exilio regresó al poder en 2006 con una receta neoliberal antítesis de su primera gestión.

En ambos períodos, el líder del Partido Aprista estuvo rodeado de profundas sospechas de corrupción, las que, según reclamó siempre, no se probaron. En realidad, todo quedó inconcluso, porque una primera causa prescribió y otra se cerró con su muerte.

Como en varios casos que afectan a expresidentes, ronda el fantasma de la firma brasileña Odebrecht. El exrepresentante de esa constructora en Lima, Jorge Barata, quien entrega información a cambio de beneficios penitenciarios, dijo haber pagado sobornos al secretario de García durante su segundo gobierno.

El dinero de Odebrecht

Mientras tanto, el liberal Kuczynski (2016-2018), de 83 años, recobró la libertad el martes pasado, al cumplir 36 meses de prisión domiciliaria preventiva, lo máximo permitido.

Ahora podrá dejar su lujosa casa limeña, pero se le mantendrán el impedimento de salida del país, el congelamiento de cuentas, la incautación de propiedades y el aislamiento.

Los problemas para el exgobernante se derivan de dinero que recibió de Odebrecht a través de una consultora suya cuando era ministro de Economía primero y jefe del gabinete ministerial de Toledo (2001-2006), después.

Las pesquisas apuntan a que esos nexos ocultaban prácticas ilegales. De hecho, Kuczynski, como funcionario, no debió ser consultor. Además, el expresidente es investigado porque, según Barata, recibió dinero de Odebrecht para sus campañas electorales de 2011 y 2016.

Mientras Kuczynsk lograba una victoria pírrica, Toledo, su exjefe, sufrió otro revés al día siguiente, cuando la Justicia desechó el habeas corpus con que su abogado buscó que quedaran sin efecto las órdenes de captura contra él y su esposa, la antropóloga belga Eliane Karp.

Toledo es acusado de recibir indirectamente hasta 35 millones de dólares de sobornos de Odebrecht mediante maniobras en las que intervino Karp, según la Fiscalía, que pide 16 años de cárcel para ambos.

El ex mandatario centroderechista, un economista de 76 años y origen muy humilde, está junto a su esposa en Estados Unidos. La Justicia de ese país ya determinó que la extradición es procedente por la solidez de la acusación, pero la última palabra la tendrá el Departamento de Estado.

Otros dos expresidentes están en aprietos por relaciones con Odebrecht: Ollanta Humala (2011-2016), acusado de recibir fondos no reportados para sus campañas, y Martín Vizcarra (2018-2020), cuyos supuestos nexos con la firma datan de cuando fue gobernador del departamento de Moquegua entre 2011 y 2014.

Para el centrista Humala, un teniente coronel del Ejército de 59 años que ya estuvo nueve meses en prisión preventiva y ahora tiene restricción de movimientos, la Fiscalía pide 20 años de cárcel. Para su esposa, Nadine Heredia, supuesto cerebro de las operaciones y ahora en prisión domiciliaria, pide 26 años.

El centroderechista Vizcarra, un ingeniero civil de 59 años, aún está libre y en una fase preliminar de investigación.

El caso de Fujimori, de 83 años, es distinto, pues los 25 años de cárcel que paga desde 2007 son por 25 asesinatos y dos secuestros. El exmandatario ultraderechista (1990-2000) también recibió varias condenas por corrupción, pero como en Perú las penas no son acumulativas, ya las cumplió.

Tres magistrados del Tribunal Constitucional con públicas simpatías por el fujimorismo validaron en marzo un indulto irregular entregado a Fujimori por Kuczynski en 2017, lo que le abría las puertas de la cárcel. La orden vinculante de la Corte IDH, basada en el principio de no beneficios para casos de lesa humanidad, lo dejó con la valija lista.

En medio de los problemas de los presidentes, incluso el actual, el izquierdista Pedro Castillo, ya tiene acciones en marcha, pero no directas. Según el semanario Hildebrandt en sus trece, el nuevo fiscal general, Pablo Sánchez, a diferencia de su antecesora, Zoraida Ávalos, quiere abrir ya investigación, aunque por el cargo no se le puede procesar.

El jefe de Estado, un profesor rural de 52 años, ha sido incluido en algunos testimonios en una supuesta red de corrupción orquestada por el exsecretario de la Presidencia Bruno Pacheco y dos sobrinos del mandatario.

Políticos en la mira de la Justicia

Varios otros políticos de peso están en la mira de la Justicia, entre ellos la principal líder de la oposición, Keiko Fujimori –hija de Alberto-, para quien la Fiscalía pide 30 años de cárcel por lavado de activos y organización criminal con dineros obtenidos de Odebrecht y otras fuentes.

Los procesos o investigaciones incluyen también a cientos de gobernadores, alcaldes y funcionarios actuales o recientes, lo que hace de la corrupción, según politólogos como Alonso Cárdenas o Roger Santa Cruz, uno de los problemas más agobiantes para el país.