El Gobierno de la Provincia de San Luis levantó la intervención de San Luis FC de fútbol femenino, tras considerar que se cumplieron “todos los pasos necesarios para comenzar con la regularización de la institución”, cuyo control comenzó el 29 de diciembre de 2023 por denuncias de corrupción e incompatibilidades institucionales.

“El hallazgo del colectivo que había comprado la exsecretaria de Deportes, Cintia Ramírez, y la conclusión a la que llegaron los interventores del San Luis Fútbol Club, quienes consideran que ya cumplieron todos los pasos necesarios para comenzar con la regularización de la institución, llevaron al Gobierno de San Luis a dar por terminada la intervención que había comenzado el 29 de diciembre del año pasado” afirmó la Agencia de Noticias del Estado Provincial.

“Con la recuperación del colectivo y el inicio de acciones penales contra la presidenta del club, los interventores creen que ya tienen el conocimiento suficiente de las actividades deportivas, institucionales y sobre la existencia de bienes, por lo que van a convocar a una asamblea de oficio para el nombramiento de una nueva comisión directiva y una comisión revisora de cuentas” afirmaron.

Según la misma comunicación esa asamblea “será el viernes 2 de febrero a las 18 en la sede de Personería Jurídica, ya que el club carece de un espacio físico propio”.

Advirtieron además que queda por resolver “el padrón de asociados ya que aseguran que hay 16 socios activos y 153 adherentes, una categoría que eliminó la comisión directiva anterior, por lo que existe una irregularidad”.

La intervención impulsada por el gobierno provincial derivó en la suspensión provisoria de la afiliación de la Liga Sanluiseña, dispuesta por el ente nacional el pasado 8 de enero y en una primera intimación enviada el 29 de diciembre de 2023 contra ese acto administrativo.

La AFA comunicó que para levantar la suspensión el gobierno de Claudio Poggi debía cesar con la intervención a SLFC, ya que la Liga “debía asegurarse de que no se produzca ninguna injerencia por parte de terceros en sus asuntos internos, lo que incluye a sus afiliados" y designó a la funcionaria cuestionada como vicepresidenta del Federal A de AFA.

Ramírez fue denunciada por el gobierno provincial por "violación de deberes de funcionario público", por presuntos adelantos de pagos a una empresa por movimientos de suelos y la realización de un alambrado olímpico para la construcción de canchas de fútbol en la Universidad de La Punta.

Se la acusa de haber ordenado el pago de $45.864.000, más un adelanto de $24.906.000 por 'movimiento de suelos' y otros $12.250.000 por el cierre olímpico, que hasta ahora no se han realizado, denuncia a la que se suma otra radicada a fines de diciembre por haber transferido dinero por sumas que rondan los 300 millones de pesos a un ente descentralizado de deporte y a un club de fútbol, ambas entidades de las cuales la exfuncionaria era titular.

El 15 de enero, Cintia Ramírez, en una conferencia de prensa junto a los abogados Ramiro Rubio y Marcos Juárez, negó la presunta incompatibilidad de cargos como titular simultánea de una cartera gubernamental y una sociedad sin fines de lucro y afirmó que se trata “de una persecución política, como les sucede a otros exintegrantes del Gabinete del exgobernador, Alberto Rodríguez Saá”.

“Las denuncias la afectan a nivel personal y profesional, como también a su futuro. Son acusaciones muy graves sobre malversación de caudales públicos, figura de peculado, hasta una defraudación por la compra de este famoso colectivo cuyo único beneficiario era el equipo, las chicas y el club”, indicó Juárez, quien insistió que su clienta actuó “dentro de los procedimientos administrativos” vigentes.

La Fundación Solidaridad Cáncer Argentina convocó hoy a una marcha para el próximo domingo 4 de febrero en reclamo de soluciones para pacientes oncológicos a los que “no les está llegando el tratamiento en tiempo y forma” para una enfermedad que "no puede esperar”.

Así lo expresó a Télam Radio la titular de la fundación, Débora Bosco, quien sostuvo que buscan “visibilizar que, lamentablemente, hoy los pacientes están teniendo un inconveniente con los tratamientos”.

Junto a familiares e instituciones oncológicas concentrarán este domingo 4 a las 15 frente al Congreso, en el marco del Día Mundial contra el Cáncer.

La convocatoria surge a partir de la necesidad de “que empiecen a entregar los tratamientos como corresponde a estas familias que están tan angustiadas”, aseguró Bosco.

En esa línea, indicó que las instituciones que nuclean a pacientes con cáncer tienen comunicación “con el Ministerio de Salud de provincia (de Buenos Aires)" y desde ese organismo “está llegando la medicación como corresponde”.

Sin embargo, precisó que hay "inconveniente con lo que es Nación”, en relación a tratamientos que se encuentran por fuera del vademécum de la Provincia de Buenos Aires y que solamente entrega la cartera de salud nacional.

“Tenemos 10 familias a la espera del Prembolizumab que, lamentablemente, el tratamiento no les llega. Y esas familias todos los días nos llaman, obviamente muy angustiados, porque el cáncer no espera”, sostuvo Bosco.

Ante esta situación, la organización decidió "salir a dar a conocer esto para que, obviamente, se regularice”.

La concentración, que estará acompañada de intervenciones artísticas, “se va a realizar muy pacíficamente y apolíticamente”, resaltó la titular de la Fundación Solidaridad Cáncer.

“Va a ser algo muy tranquilo, y como siempre decimos en la salud no hay bandera política”, cerró.

La Justicia brasilera dictaminó que las mineras Vale, Samarco y BHP (Broken Hill Proprietary, por sus siglas en inglés) deberán pagar el equivalente de unos 9.560 millones de dólares por los daños provocados por el colapso en 2015 de una represa en la localidad brasileña de Mariana, en Minas Gerais (centro) que mató a 19 personas y devastó la región.

"Las empresas BHP, Vale y Samarco fueron condenadas al pago de indemnización por daños morales colectivos, en razón de la violación de los derechos humanos de las comunidades afectadas", señaló la sentencia.

El fallo determinó que los gigantes mineros brasileños Vale y Samarco y el angloaustraliano BHP deberán pagar 47.600 millones de reales (unos 9.560 millones de dólares), según detalló el documento jurídico.

El juez sustituto Vinicius Cobucci, de un tribunal federal de Belo Horizonte, ordenó que la suma vaya a un fondo administrado por el gobierno de Brasil y se utilice en proyectos e iniciativas en áreas afectadas, a lo que se le debe sumar los intereses desde el 5 de noviembre de 2015, cuando ocurrió la tragedia medioambiental, según publicó hoy la agencia France Press.

El fallo determinó que "las comunidades se vieron impactadas en su vivienda, trabajo y relaciones personales", a causa del siniestro ocurrido en el que también "murieron personas" y "hubo degradación ambiental".

"La perturbación generó afectaciones al ecosistema, con interferencia negativa en varias cadenas productivas y procesos ecológicos", apuntó el fallo.

Sin embargo, un pedido del pago de indemnización por daños a las víctimas consideradas de manera individual, fue rechazado "por razones técnicas".

"La solicitud no aportó elementos mínimos para identificar las categorías de afectados y qué daños sufrieron esas categorías", apuntó el documento, que deja abierta la posibilidad de "considerar una nueva solicitud si cumple con los requisitos mínimos legales".

En tanto, la justicia británica postergó de abril a octubre de 2024 el examen de una demanda colectiva (de más de 700.000 participantes) vinculada también al desastre de Mariana, en el que reclaman miles de millones de libras a BHP.

El gigante angloaustraliano era copropietario, junto con el grupo brasileño Vale, de la minera brasileña Samarco, que administraba la represa.

El colapso del dique cerca de las localidades de Mariana y Bento Rodrigues en el Estado de Minas Gerais vertió casi 40 millones de metros cúbicos de residuos minerales altamente contaminantes.

El desastre medioambiental de lodo recorrió 650 kilómetros por el río Doce hasta el Atlántico, arrasó localidades, mató a 19 personas y devastó la flora y la fauna en toda la región, que alberga el hábitat ancestral de los indígenas krenak.

La condena del accidente de Mariana se conoce el día en que se cumplen cinco años del accidente de Brumadinho, otra tragedia minera que sucedió el 25 de enero del 2019, en el que fallecieron al menos 270 personas y dejó graves consecuencias medioambientales.

En ese entonces, una represa, también propiedad de Vale que contenía más de 11 millones de metros cúbicos de desechos mineros colapsó y cubrió la zona, también en Minas Gerais, de un espeso mar marrón de lodo.

En 2021, la compañía aceptó pagar casi 38.000 millones de reales (unos 7.000 millones de dólares) en daños, incluidas tareas de limpieza ambiental. Vale dijo que también alcanzó acuerdos individuales para pagar otros 3.500 millones de reales a las familias de las víctimas y otros afectados.

Un tribunal federal procesó en enero de 2023 al director ejecutivo de Vale, Fabio Schvartsman, y a otras 15 personas por este desastre.

Los fiscales alegan que Vale y la firma de consultoría alemana Tuv Sud, que auditó la seguridad de la presa, actuaron en complicidad para ocultar el riesgo de colapso.

Tuv Sud también enfrenta un juicio en Alemania.

El juzgado de Feria de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal rechazó hoy un pedido de una medida cautelar, formulada en diciembre pasado por el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, sobre el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, al considerar que "las constancias aportadas resultarían insuficientes para tener por acreditados los supuestos agravios irreparables" que que generaría la normativa.

Así lo estableció la justicia en un dictamen al que tuvo acceso Télam, en el cual se sostiene que además "no" hay criterios razonables para establecer que haya un "peligro en la demora" respecto de la declaración.

Además, el escrito remarca que "la pretensión cautelar resulta sustancialmente idéntica al objeto principal de la acción intentada, por lo que de acogerse favorablemente la medida solicitada, el actor obtendría anticipadamente la satisfacción que persigue con la acción de fondo intentada, afectándose el objeto del pleito con menoscabo a las garantías constitucionales ya referidas".

"En definitiva, y teniendo en cuenta el objeto de la demanda y que, como se dijo, el estudio de la tutela pretendida implica examinar de manera anticipada la materia debatida en la causa, ello determina, junto con el resto de las consideraciones vertidas en el presente pronunciamiento, el rechazo de la medida precautoria requerida", agrega el texto.

El 26 de diciembre pasado, Domínguez presentó una acción acción declarativa contra el Estado Nacional a fin de que se declare la inconstitucionalidad y nulidad absoluta e insanable del DNU 70/2023 y solicitó la medida cautelar que recayó en el juzgado citado "con el objeto de que se disponga la suspensión de los efectos del decreto hasta tanto se dicte sentencia definitiva".

El pedido a la justicia de parte del constitucionalista planteó que "la ejecución del decreto impugnado genera un perjuicio de imposible reparación ulterior puesto que intenta sustituir la función legislativa asignada por la Constitución Nacional al Congreso de la Nación".

Frente a esta situación, el Estado hizo una presentación el 18 de enero pasado y solicitó que se desestime la medida peticionada por Domínguez en tanto la decisión de hoy concluye con que "no se ha podido demostrar alguno de los requisitos" establecidos por el derecho para otorgar la cautelar.

En una jornada que quedará marcada en la historia de Villa Mercedes, más de 4.500 personas se congregaron en una movilización calificada como "histórica", constituyéndose como un segundo frente de resistencia a las medidas implementadas por Javier Milei y Claudio Poggi en la provincia de San Luis. Representantes de diversos sectores se unieron con un mensaje de unidad para expresar su descontento ante las políticas gubernamentales a nivel nacional y provincial.

En una jornada que quedará marcada en la historia de Villa Mercedes, más de 4.500 personas se congregaron en una movilización calificada como "histórica", constituyéndose como un segundo frente de resistencia a las medidas implementadas por Javier Milei y Claudio Poggi en la provincia de San Luis. Representantes de diversos sectores se unieron con un mensaje de unidad para expresar su descontento ante las políticas gubernamentales a nivel nacional y provincial.

La convocatoria, liderada por la Confederación General del Trabajo (CGT) y otros gremios, logró una masiva participación que abarcó desde trabajadores de la salud y la educación hasta profesionales de diversos sectores, estudiantes, comerciantes, agrupaciones políticas y más. La manifestación tuvo lugar en la avenida Mitre, donde la diversidad de consignas reflejó la pluralidad de esferas sociales representadas.

Aníbal Gómez, secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad (ATSA), expresó su satisfacción por la multitudinaria convocatoria y destacó la importancia de la unidad en la defensa de los derechos de los trabajadores y del pueblo argentino.

La jornada de protesta incluyó diversas actividades, desde el paro general hasta expresiones artísticas en la Plaza del Sesquicentenario, organizadas por la Multisectorial Villa Mercedes. A pesar de las diferencias entre los participantes, la movilización unificó a los distintos grupos en una marcha que recorrió las calles de la ciudad hasta llegar a la plaza San Martín.

Marcos Reinoso, integrante del colectivo y militante de la Corriente Obrera Revolucionaria, resaltó la importancia de la participación activa y la organización para lograr un paro contundente. La diversidad de participantes en la movilización reflejó la fuerza de las bases que persisten en las calles en busca de cambios significativos en el país.

La ciudad de Villa Mercedes se erigió como un segundo frente de lucha, sumándose al movimiento de resistencia que se gesta en la capital puntana. La marcha culminó con un acto frente a la Municipalidad, donde cada sector expresó sus preocupaciones y demandas ante las políticas implementadas a nivel nacional y provincial.

El senador de Unión por la Patria (UxP) Mariano Recalde consideró hoy que el presidente Javier Milei "se metió con materias que no están permitidas" al dictar el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023, y dijo que espera que los legisladores de la Cámara alta "voten como piensan" en la sesión especial pedida por la bancada peronista para el jueves de la semana próxima.

"Milei se metió con materias que no están permitidas para un DNU. No lo mandó en tiempo y forma al Congreso, y tampoco se constituyó la Bicameral que debe revisarlo. Transcurrido un tiempo, el Senado y los diputados están obligados a tratar ese decreto de forma inmediata", afirmó Recalde en declaraciones a radio Futurock.

El presidente del PJ Ciudad puntualizó que se "necesita 37 votos para tener quorum y mayoría" y recordó que son los senadores que responden al bloque de UxP son 33, por lo que "solo faltarían cuatro legisladores más" para poder sesionar.

"Esperemos que los senadores que ya se expresaron en contra voten como piensan y que no pase nada raro en el medio", añadió Recalde.

El bloque de senadores de UxP solicitó ayer que se convoque a una sesión especial para el 1° de febrero para expresar el rechazo al DNU 70/23 al considerarlo "inconstitucional" y por pretender "avasallar contra de los derechos de millones de argentinos".

La carta lleva las firmas de José Mayans (Formosa), Juliana Di Tullio (Buenos Aires), Juan Manzur (Tucumán), Anabel Fernández Sagasti (Mendoza) y Sergio Leavy (Salta).

En ese sentido, Recalde afirmó que el reglamento "permite la convocatoria a una sesión especial con la firma de cinco senadores" y que la única manera de bloquear la sesión es "que no haya quorum".

Sobre el paro y movilización convocada ayer por la CGT, Recalde destacó que "fue contundente" y que el pueblo "mostró una madurez que el gobierno no puede exhibir".

"Hace mucho no había una movilización tan grande al Congreso a pesar de todo el trabajo del gobierno para impedirlo. (La ministra de Seguridad, Patricia) Bullrich hizo papelones exponiendo a cadetes de la policía a un cordón alrededor de miles y miles de trabajadores que se expresaron pacíficamente", subrayó.

Añadió que "la ministra del protocolo terminó cortando el Puente Pueyrredón impidiendo que transite la gente".

"Me da mucha esperanza ver que hay un pueblo que sale a la calle a defender sus derechos y que es consciente de la gravedad de lo que está pasando en la Argentina", apuntó.

En tanto, sostuvo que "la gente poco a poco va a darse cuenta que votó una cosa y no es lo que esperaba".

"En este momento el peronismo lo lidera el pueblo, se está reorganizando y no es momento de poner un líder. Falta un tiempo para el próximo desafío electoral", concluyó.

Científicos advierten la falta de evidencia respecto a la efectividad y el impacto ambiental que puede ocasionar el uso sostenido de aviones y cañones "antigranizo", una técnica para mitigar este fenómeno climático que sólo en Mendoza funciona bajo legislación, pero que comunidades rurales denuncian su utilización también en San Juan, San Luis, La Rioja y Córdoba y aseguran que “disipan la lluvia” y profundizan el contexto de sequía en estos territorios.

La práctica es conocida como “siembra de nubes” y supone inyectar yoduro de plata en las nubes de tormenta con el objetivo de reducir el tamaño del granizo, hasta el punto incluso de derretirse antes de caer al suelo, y evitar así los daños que puede provocar especialmente en zonas productivas.

Las inyecciones de este químico se realizan a través de cañones y bengalas que operan desde tierra o por vía aérea mediante aviones.

En las últimas semanas, productores ganaderos y pobladores rurales de distintas provincias del centro y oeste del país reavivaron con fuerza un reclamo que lleva más de 20 años contra la utilización de estas técnicas, al asegurar que "terminan dispersando las nubes” e impiden que llueva en un contexto de sequía y crisis hídrica, según declararon a medios provinciales.

Consultado por Télam, Eldo Ávila, experto en Física de la Atmósfera de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), sostuvo que "no se encuentran casos en que oficialmente se utilice esta técnica para inhibir tormentas pero bien puede ser que, al tratar de mitigar el granizo, se afecte a la lluvia secundariamente si se usa este producto en exceso y sin control”.

“La modificación artificial de eventos meteorológicos es posible y se hace desde hace décadas para frenar el granizo, producir lluvia en lugares donde no llueve o nieve en mayor cantidad, como hacen en Chile", sostuvo el también investigador del Conicet.

Sin embargo, alertó que “introducir modificaciones artificiales siempre trae consecuencias y el problema es que nadie sabe cabalmente cuál es el efecto a largo plazo de esto".

En Argentina, el gobierno provincial de Mendoza, una de las zonas más propensas al granizo del mundo, comenzó ya en 1959 a experimentar distintos métodos para mitigar este fenómeno climático que supone uno de los peligros más dañinos para los oasis agrícolas de ese territorio.

El Sistema Integral de Lucha Antigranizo, implementado por la Dirección de Contingencias Climáticas mendocina, destinó este año una inversión de siete mil millones de pesos en aviones y bengalas, según fuentes oficiales.

Respecto a las dudas planteadas en torno a este sistema, el ministro de Producción mendocino, Rodolfo Vargas Arizu, expresó que se trata de “una creencia popular” y argumentó que “es una siembra de yoduro de plata para achicar granizo y de última hacer llover en un lugar en el que no iba a llover, pero no podés desplazar tormentas”.

Negar la eficacia de estas técnicas, aseguró en diálogo con MDZ Radio, “es como decir que la tierra es plana y no es redonda".

"Sin embargo, la Organización Meteorológica Mundial resalta la falta de evidencia científica que posee la siembra de nubes para la reducción del granizo, cuyos resultados no han podido demostrar un efecto estadísticamente significativo”, sostuvo en diálogo con Télam Juan Rivera, doctor en Ciencias de la Atmósfera y de los Océanos del Programa Regional de Meteorología del Conicet.

En el marco de la Ley provincial 7334, el gobierno mendocino debe evaluar cada 30 días la efectividad y los impactos del sistema antigranizo.

“No se sabe si esos informes se hacen, con qué datos o qué herramientas estadísticas utilizan, pero el sistema continúa funcionando a pesar de los constantes daños generados por el granizo que supuestamente se está mitigando”, apuntó el científico, quien instó a apostar por "la colocación de malla antigranizo para proteger los cultivos" y la adquisición de nuevas tecnologías que "permitirán conocer mejor desde el aspecto científico el desarrollo del granizo destructivo".

En el resto del mundo, a partir de “la imposibilidad de demostrar estadísticamente su efectividad”, el sistema antigranizo es cada vez menos utilizado y atrás quedaron sus años de auge ligados a grandes experimentos en las décadas de 1970 y 1980.

En tanto, el rechazo a su utilización moviliza también a comunidades de San Juan, San Luis, La Rioja y Córdoba donde, pese a no estar legislado, aseguran ver los aviones que se sumergen en las tormentas y oír los estruendos de los cañones “rompetormentas”.

El reclamo fue elevado a la justicia a través de denuncias elaboradas por productores ganaderos del departamento sanjuanino de Sarmiento -donde se solicitó un informe de impacto ambiental a especialistas que aún no se dio a conocer- y del municipio cordobés de Cruz del Eje.

En San Luis se elevó un pedido de "acción urgente frente a la modificación intencional del clima y las tormentas", según indicaron medios locales.

Asimismo, ambos investigadores cuestionaron “la falta de conocimiento” respecto al impacto ambiental del uso sostenido del yoduro de plata.

"A estas escalas, sería importante que se estudie cuáles son los efectos positivos y negativos y se avance en su regulación, porque hacerlo sin control y después ver qué pasa puede resultar catastrófico. Si se inyecta en demasía se pueden contaminar las aguas y cuencas que bebemos", advirtió Ávila.

Entre otras investigaciones, un estudio de la Universidad Complutense de Madrid titulado "Riesgo potencial de toxicidad aguda inducida por la siembra de nubes de AgI (yoduro de plata) en el suelo y la biota de agua dulce" advierte sobre el impacto de las altas concentraciones de químicos utilizados en el sistema antigranizo, que consideran tóxico para los ecosistemas terrestres y acuáticos "si se acumulan grandes cantidades de materiales en el medio ambiente".

“Desconozco si el gobierno (mendocino) realiza mediciones de las concentraciones de químicos en agua y suelo”, acotó Rivera.

Consultados por esta agencia sobre el tema, hasta el momento no se recibió respuesta del Ministerio de Producción mendocino.

"Todavía existe la creencia de que podemos controlar el clima a través de la geoingeniería. Lamentablemente lo hacemos pero para mal", cerró el científico.

La banda estadounidense de hard rock Guns N’ Roses estrenó el anunciado videoclip de su último sencillo, “The General”, que combina imágenes reales de un concierto con animación de estilo distópico y onírico generada por inteligencia artificial.

El clip, disponible en el canal de YouTube de la banda liderada por Axl Rose y Slash, fue producido por el director Dan Potten del estudio inglés Creative Works, y pone a los creadores de “November Rain” y “Don’t Cry” en una senda de moda por en el último tiempo, que es aplicar la inteligencia artificial a distintas áreas de la actividad artística (en muchos casos sin que quede claro si es para producir algo innovador o solo como elemento publicitario).

“Entre las imágenes del concierto, el video se sumerge en el subconsciente de un joven que mira fijamente a los monstruos de oscuros recuerdos de la infancia, difuminando mundos en el proceso”, detalla un comunicado de Potten en redes sociales, que agrega: “El resultado no se a parece a nada que la banda haya hecho antes y continúa una larga tradición histórica de atrevidos visuales de Guns N’ Roses”.

“The General” salió a fines del año pasado como Lado B del vinilo del single “Perhaps”. Los dos temas son trabajos originalmente descartados, luego revisados y mejorados, de la época del disco “Chinese Democracy”, de 2008.

Ya en 2021 el grupo había presentado un EP que contenía otras dos canciones que nacieron en las sesiones de “Chinese Democracy”: “Absurd” y “Hard Skool”.

Los trabajadores estatales de San Luis volverán a cobrar sus salarios, esta vez los correspondientes a enero, en dos cuotas, anunció el Gobierno de la provincia por medio de la Dirección de Recursos Humanos, se informó oficialmente.

Según el cronograma oficial, que se dio a conocer por medio de la Agencia de Noticias del Estado Provincial, los trabajadores de la Administración Pública de San Luis cobrarán el 31 de enero próximo el 50 por ciento de sus haberes, con un pago mínimo de bolsillo de 300.000 pesos; el saldo restante del salario se hará efectivo el 6 de febrero.

"De esta manera, con el pago mínimo del 31 de enero, los agentes de las categorías más bajas de la Administración estarán percibiendo un porcentaje mayor al 50 por ciento previsto para esa fecha", se indicó en un comunicado.

El texto oficial afirmó que, "pese a los esfuerzos realizados, no se podrá realizar el pago íntegramente a fin de mes por cuanto la Legislatura provincial no autorizó la materialización del convenio de adelanto transitorio de haberes con el Banco de la Nación Argentina".

Finalmente, el comunicado destacó que los haberes de los funcionarios "recién serán abonados una vez finalizado el pago de los salarios de todos los empleados de la Administración Pública".

El anunció se llevó a cabo mientras se desarrollaba el paro de 12 horas y la movilización convocada por las centrales sindicales, que en la capital de la provincia reunió más de cinco cuadras de manifestantes y se replicó en las ciudades más importantes de San Luis como Villa Mercedes y Merlo. En las manifestaciones el reclamo común fue "pago de sueldo entero".

A pocos días de asumir el cargo, el gobernador Claudio Poggi anunció una política de ajuste en la provincia, que incluyó que los salarios de los trabajadores públicos correspondientes a diciembre y enero se pagarán en dos cuotas.

Sin embargo, ante una acción de amparo presentada por la seccional San Luis de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Defensoría del Pueblo provincial, debió adelantar el pago de la segunda cuota del salario de diciembre de los trabajadores estatales.

La jueza Penal y Contravencional Daniela Benenatti ordenó en aquel momento al gobierno de San Luis que abonara "de manera urgente e inmediata los haberes adeudados al personal de la administración central y órganos descentralizados, hasta completar la totalidad de la liquidación correspondiente al mes de diciembre de 2023".