La organización Unidad Popular (UP) acompañó este domingo el repudio del Consejo Asesor de Malvinas ante la realización de "maniobras armadas" llevadas adelante por Gran Bretaña en el archipiélago, y a las que calificaron como un "anacronismo colonial", una "provocación" y un "acto de desprecio" hacia la Argentina.

"Las fuerzas de ocupación que Gran Bretaña mantiene ilegalmente en territorio argentino, convirtiendo a las islas Malvinas en uno de los territorios más militarizados del mundo, se aprestan una vez a más a realizar ejercicios militares en la zona", se denuncia en el documento generado por el Consejo Asesor Observatorio Cuestión Malvinas, dependiente de la provincia de Tierra del Fuego, al que suscribió UP.

Allí se explica que del 18 al 29 de abril se realizarán "maniobras armadas", que se suman a otros "ejercicios armados ya realizados" en la zona y constituyen así una "provocación" y un "acto de desprecio" hacia la República Argentina.

El comunicado condena la decisión del Reino Unido por su "anacronismo colonial", ya que atenta contra "la integridad territorial" de Argentina al adoptar el "uso de la fuerza", que constituye un hecho "inaceptable en este siglo XXI".

Según se explica en la misiva, Gran Bretaña "contraviene" la resolución 31/49 de la Asamblea General de Naciones Unidas que "insta a ambas partes a que se abstengan de adoptar decisiones unilaterales que impliquen modificaciones en la situación mientras las Islas" atraviesan "el proceso de negociación" encomendado por ese organismo.

Asimismo, se explica que las fuerzas militares "instaladas ilegalmente" constituyen "una demostración de fuerza" por parte del Reino Unido e Irlanda del Norte que hacen "caso omiso" a las resoluciones de la ONU, que buscan "encontrar una solución pacífica y definitiva" a la disputa de soberanía sobre las Islas del Atlántico Sur.

"Por esto, el Consejo Asesor Observatorio Cuestión Malvinas rechaza y condena contundentemente este accionar militar británico que, juntamente a la renovación realizada de medios de defensa aérea y de vigilancia, representa una amenaza a la seguridad del Atlántico Sur y a toda la región", se completa en el escrito.

El gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas de Atlántico Sur, Gustavo Melella, se había pronunciado el sábado sobre este tema a través de su cuenta de Twitter, donde interpeló a la embajadora británica en Argentina, Kirsty Hayes.

"En nombre de las y los fueguinos, expreso mi más profundo repudio respecto a las maniobras militares que su país está realizando en nuestras islas Malvinas y alrededores", expresó el mandatario fueguino.

En la misma dirección que el Consejo Asesor de Malvinas, Melella se refirió al incumplimiento de la resolución 31/49 de la Asamblea General de la ONU y también coincidió en calificar la maniobra como "una provocación innecesaria" llevada adelante "en fechas tan sentidas y especiales para el pueblo argentino", en referencia al 40 aniversario de la Guerra de Malvinas.

"Un accionar del gobierno que usted representa que, de forma reiterada, junto a sus aliados militares, sólo trae inseguridad e incertidumbre a una región que busca velar por la paz y cooperación entre sus Estados miembros", apuntó Melella al dirigirse a la embajadora, y prosiguió: "Una región a la cual su Estado no pertenece más que ocupando ilegalmente parte de nuestro territorio".

La muerte de Alan García, quien se disparó en la cara cuando estaba por ser encarcelado por supuesta corrupción, estremeció al país. Otros mandatarios, incluyendo el actual, también tienen problemas con la Justicia. 

Perú conmemoró este domingo el suicidio de uno de sus principales políticos, el expresidente Alan García, quien se disparó en la cara cuando era inminente su encarcelamiento por presunta corrupción, un ingreso a prisión que ya parece el destino de los exmandatarios del país.

"Dejo mi cadáver como una muestra del desprecio a mis adversarios", escribió en una carta de despedida García, cuya muerte, a los 69 años, estremeció a un país que no acaba de sorprenderse por manejos oscuros de su clase política.

Esta semana, además, Perú vio recobrar su libertad parcial a otro expresidente investigado, Pedro Pablo Kuczynski, mientras que a uno más, Alejandro Toledo, se le ratificaba en cambio la orden de captura que lo tiene a la espera de que Estados Unidos decida si lo entrega en extradición.

Los tres casos, más el de otro exmandatario, Alberto Fujimori, a quien la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) frustró la semana anterior una maniobra para ser excarcelado con un indulto irregular, señalan que en el Perú reciente el Palacio de Gobierno se ha convertido en algo parecido a la antesala de la cárcel.

Corrupción nunca probada

García no era un político cualquiera. Carismático, hábil, culto, con una poderosa oratoria y una personalidad a la que un informe de inteligencia de Estados Unidos llamó "ego colosal", hizo historia desde que en la década de 1970 dejó de cantar rancheras en el metro de París para regresar a su país a buscar el poder.

Asumió la presidencia a los 36 años, en 1985, y cinco años después entregó un país sumido en la hiperinflación. Todos lo dieron por "cadáver político", pero tras un exilio regresó al poder en 2006 con una receta neoliberal antítesis de su primera gestión.

En ambos períodos, el líder del Partido Aprista estuvo rodeado de profundas sospechas de corrupción, las que, según reclamó siempre, no se probaron. En realidad, todo quedó inconcluso, porque una primera causa prescribió y otra se cerró con su muerte.

Como en varios casos que afectan a expresidentes, ronda el fantasma de la firma brasileña Odebrecht. El exrepresentante de esa constructora en Lima, Jorge Barata, quien entrega información a cambio de beneficios penitenciarios, dijo haber pagado sobornos al secretario de García durante su segundo gobierno.

El dinero de Odebrecht

Mientras tanto, el liberal Kuczynski (2016-2018), de 83 años, recobró la libertad el martes pasado, al cumplir 36 meses de prisión domiciliaria preventiva, lo máximo permitido.

Ahora podrá dejar su lujosa casa limeña, pero se le mantendrán el impedimento de salida del país, el congelamiento de cuentas, la incautación de propiedades y el aislamiento.

Los problemas para el exgobernante se derivan de dinero que recibió de Odebrecht a través de una consultora suya cuando era ministro de Economía primero y jefe del gabinete ministerial de Toledo (2001-2006), después.

Las pesquisas apuntan a que esos nexos ocultaban prácticas ilegales. De hecho, Kuczynski, como funcionario, no debió ser consultor. Además, el expresidente es investigado porque, según Barata, recibió dinero de Odebrecht para sus campañas electorales de 2011 y 2016.

Mientras Kuczynsk lograba una victoria pírrica, Toledo, su exjefe, sufrió otro revés al día siguiente, cuando la Justicia desechó el habeas corpus con que su abogado buscó que quedaran sin efecto las órdenes de captura contra él y su esposa, la antropóloga belga Eliane Karp.

Toledo es acusado de recibir indirectamente hasta 35 millones de dólares de sobornos de Odebrecht mediante maniobras en las que intervino Karp, según la Fiscalía, que pide 16 años de cárcel para ambos.

El ex mandatario centroderechista, un economista de 76 años y origen muy humilde, está junto a su esposa en Estados Unidos. La Justicia de ese país ya determinó que la extradición es procedente por la solidez de la acusación, pero la última palabra la tendrá el Departamento de Estado.

Otros dos expresidentes están en aprietos por relaciones con Odebrecht: Ollanta Humala (2011-2016), acusado de recibir fondos no reportados para sus campañas, y Martín Vizcarra (2018-2020), cuyos supuestos nexos con la firma datan de cuando fue gobernador del departamento de Moquegua entre 2011 y 2014.

Para el centrista Humala, un teniente coronel del Ejército de 59 años que ya estuvo nueve meses en prisión preventiva y ahora tiene restricción de movimientos, la Fiscalía pide 20 años de cárcel. Para su esposa, Nadine Heredia, supuesto cerebro de las operaciones y ahora en prisión domiciliaria, pide 26 años.

El centroderechista Vizcarra, un ingeniero civil de 59 años, aún está libre y en una fase preliminar de investigación.

El caso de Fujimori, de 83 años, es distinto, pues los 25 años de cárcel que paga desde 2007 son por 25 asesinatos y dos secuestros. El exmandatario ultraderechista (1990-2000) también recibió varias condenas por corrupción, pero como en Perú las penas no son acumulativas, ya las cumplió.

Tres magistrados del Tribunal Constitucional con públicas simpatías por el fujimorismo validaron en marzo un indulto irregular entregado a Fujimori por Kuczynski en 2017, lo que le abría las puertas de la cárcel. La orden vinculante de la Corte IDH, basada en el principio de no beneficios para casos de lesa humanidad, lo dejó con la valija lista.

En medio de los problemas de los presidentes, incluso el actual, el izquierdista Pedro Castillo, ya tiene acciones en marcha, pero no directas. Según el semanario Hildebrandt en sus trece, el nuevo fiscal general, Pablo Sánchez, a diferencia de su antecesora, Zoraida Ávalos, quiere abrir ya investigación, aunque por el cargo no se le puede procesar.

El jefe de Estado, un profesor rural de 52 años, ha sido incluido en algunos testimonios en una supuesta red de corrupción orquestada por el exsecretario de la Presidencia Bruno Pacheco y dos sobrinos del mandatario.

Políticos en la mira de la Justicia

Varios otros políticos de peso están en la mira de la Justicia, entre ellos la principal líder de la oposición, Keiko Fujimori –hija de Alberto-, para quien la Fiscalía pide 30 años de cárcel por lavado de activos y organización criminal con dineros obtenidos de Odebrecht y otras fuentes.

Los procesos o investigaciones incluyen también a cientos de gobernadores, alcaldes y funcionarios actuales o recientes, lo que hace de la corrupción, según politólogos como Alonso Cárdenas o Roger Santa Cruz, uno de los problemas más agobiantes para el país.

Las nuevas funciones llegarán en las próximas semanas, e incluirán novedades en los grupos como el envío de archivos de 2GB y las llamadas de voz hasta con 32 personas.

WhatsApp lanzó este jueves “Comunidades”, una nueva función que permitirá reunir a distintos grupos bajo una misma estructura (por ejemplo: todas las actividades de un club), y además anunció la incorporación de reacciones con emojis para no sobrecargar los chats grupales con nuevos mensajes.

Las nuevas funciones se desplegarán a lo largo de las próximas semanas, e incluirán novedades en los grupos como el envío de archivos de 2GB y las llamadas de voz hasta con 32 personas, describió la compañía propiedad de Meta en un comunicado enviado a Télam. 

“Comunidades” va a permitir a las personas reunir grupos separados bajo un mismo paraguas. Con esta nueva funcionalidad, se podrán recibir actualizaciones enviadas a toda la Comunidad y organizar grupos de discusión más pequeños.

Al centro de cada Comunidad habrá una descripción y un menú de grupos a los que las personas podrán elegir unirse, al tiempo que permitirá crear una estructura para las conversaciones entre grupos más grandes y complejos.

De acuerdo con WhatsApp, estas funciones están destinadas a “facilitar la gestión de conversaciones grupales”, como por ejemplo en escuelas, clubes y organizaciones sin fines de lucro. 

Asimismo, la app de mensajería anunció una serie de “mejoras” de funcionamiento para los grupos, independientemente de que formen o no parte de una Comunidad. Una de ellas, muy esperada, se trata de las reacciones con emojis, que llegarán para que las personas puedan compartir rápidamente su opinión sin sobrecargar los chats con nuevos mensajes.

También se habilitará la posibilidad de compartir archivos de 2GB, y la opción de que los administradores de grupo eliminen los mensajes “erróneos o abusivos”.

Otra de las introducciones serán las llamadas de voz para hablar hasta con 32 personas, las cuales tendrán un diseño renovado. 

WhatsApp aclaró que “las Comunidades son inherentemente privadas”, por lo que seguirá “protegiendo los mensajes con cifrado de extremo a extremo”.

Cómo serán las Comunidades

El foco de Comunidades está puesto en “grupos muy unidos que necesitan más herramientas para organizar y administrar sus conversaciones”, describió la aplicación. 

Los administradores serán los responsables de crear y administrar las Comunidades, y podrán elegir qué grupos formarán parte de ella, ya sea a través de nuevos grupos o vinculando preexistentes. 

Tendrán también la capacidad de desvincular grupos y eliminar miembros individuales, así como de borrar aquellos mensajes “inapropiados o abusivos”, según explicó la app. 

Por su parte, los usuarios podrán administrar sus interacciones: configurar quién puede agregarlos, denunciar abusos, bloquear cuentas y abandonar las Comunidades de las que ya no quieren formar parte.

Asimismo, podrán “salir de un grupo en silencio, para que no se notifique a todos los miembros” 

A diferencia de las redes sociales y otros servicios de mensajería, acá no se contará con la posibilidad de buscar o descubrir nuevas Comunidades.

Para limitar la sobrecarga de chats, solo los administradores de la Comunidad podrán enviar mensajes a todos los miembros mediante anuncios para la Comunidad por grupo. 

Otra característica de este servicio es que los mensajes que ya se han reenviado solo podrán reenviarse a un grupo a la vez, en lugar de a cinco, que es el límite actual. 

Otra aclaración que hizo WhatsApp es que “el número de teléfono del usuario se ocultará de la Comunidad y solo será visible para los administradores y para las personas dentro del mismo grupo”. 

De acuerdo con la aplicación, cada vez que tenga conocimiento de Comunidades que “cometen abusos, como la distribución de material de abuso sexual infantil o la coordinación de actos violentos o el tráfico de personas, WhatsApp expulsará a los miembros o administradores específicos de una Comunidad, disolverá dicha Comunidad o expulsará a todos los miembros de esta”. 

“Utilizaremos toda la información no cifrada disponible, como el nombre, descripción y reportes de usuarios de la Comunidad con el fin de tomar las medidas adecuadas”, remarcó. 

La Asamblea General aprobó este jueves por 93 votos a favor, 24 en contra y 58 abstenciones. Se necesitaba que dos tercios de la Asamblea General votaran a favor.