La medida generó una ola de críticas, especialmente desde el gremio de Aguas Sanitarias, que advirtió sobre el impacto negativo que tendrá tanto en el acceso a servicios básicos como en el empleo de 230 trabajadores especializados.

Con más de seis décadas de historia, el ENOHSA ha sido crucial para llevar agua potable y sistemas de cloacas a las regiones más vulnerables del país, donde las inversiones del sector privado son escasas. A través de su intervención, millones de personas en zonas rurales y en provincias con bajos niveles de acceso a estos servicios se han beneficiado de obras de infraestructura sanitaria.

La decisión de cerrar el organismo llega como parte de un ajuste estructural del Estado, que, según el sindicato, afectará gravemente los avances logrados en materia de salud pública y bienestar social. Actualmente, más del 80% de la población argentina tiene acceso a agua potable, mientras que el 65% cuenta con sistemas de cloacas, aunque las cifras varían significativamente entre regiones, lo que resalta la necesidad de continuar con la labor del ENOHSA.

Desmantelamiento de un derecho fundamental

Desde el Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias, su secretario general, José Luis Lingeri, expresó su preocupación, señalando que "cerrar el ENOHSA es desmantelar un organismo que históricamente ha garantizado un derecho fundamental". Además, destacó que la medida implicará la pérdida de 230 puestos de trabajo altamente capacitados y especializados en la planificación y ejecución de obras de saneamiento, conocimientos técnicos que serán difíciles de reemplazar.

El ENOHSA no solo se ha encargado de la construcción de obras de infraestructura, sino también de brindar asistencia técnica a gobiernos locales para asegurar la sostenibilidad a largo plazo de los proyectos. Su desaparición dejaría a muchas comunidades, especialmente las más vulnerables, sin la posibilidad de mejorar o acceder a servicios básicos, como el agua potable y el saneamiento.

Impacto presupuestario y social

Según datos oficiales del exMinisterio de Obras Públicas, el presupuesto del ENOHSA alcanzaba los $82 mil millones a fines de 2023, un aumento significativo del 1.040% con respecto a 2019. Esta inversión permitió beneficiar a más de 2,5 millones de personas con obras de acceso al agua potable y a 3,1 millones con obras de saneamiento.

Con la disolución del ENOHSA, también se cancelarán importantes negociaciones en curso con organismos internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, que estaban destinadas a financiar proyectos de obra pública en todo el país.

El cierre de este organismo no solo amenaza con frenar los avances en infraestructura sanitaria, sino que también podría llevar a un retroceso en el acceso a servicios esenciales para millones de personas, comprometiendo su calidad de vida y salud pública.