Junto a su nueva socia Margarita Stolbizer y al resto de los candidatos del espacio 1País, Sergio Massa ha decidido renunciar a los fueros parlamentarios. Como era de esperar, el acto de la renuncia se llevó a cabo ante escribano público.

La iniciativa es asombrosa aún para el generoso estándar al que nos tiene acostumbrados el líder renovador, potenciado esta vez gracias a la indignación selectiva de su nueva compañera de ruta, la Pasionaria de la hotelería austral. Como tantas otras iniciativas renovadoras, ésta sigue la línea del honestismo antipolítico marcada por los medios: en una columna publicada en Clarín (“Los fueros y el blindaje de los ladrones") el indispensable Héctor Gambini denuncia con fervor un aguantadero legislativo tan indignante como imaginario, junto a la obligada foto del ex ministro De Vido. Para el pensamiento mágico de Clarín, los denunciados son culpables y los jueces no pueden investigar a los legisladores.

Como lo sabe quien haya tomado la precaución de consultar nuestra Constitución- que padece la misma condena que J.L. Borges: es más citada que leída- los fueros parlamentarios no son una prerrogativa personal a la que se pueda renunciar sino un derecho de la institución parlamentaria que protege la independencia de cada legislador frente a las presiones externas, defendiendo en última instancia los intereses de sus representados.

Como escribió Eduardo Menem, “los fueros parlamentarios no otorgan al legislador ninguna impunidad ni inmunidad de proceso, ya que éste puede llevarse adelante hasta su conclusión con la sentencia definitiva, de igual modo que ocurre con cualquier ciudadano. Lo único que no puede hacer el tribunal es privarlo de su libertad antes del desafuero ordenado por el cuerpo legislativo que integra.”

Es decir que un juez puede investigar a cualquier legislador (o al Presidente de la Nación y sus ministros, o a los ministros de la Corte Suprema, que gozan de la misma inmunidad), procesarlo y enviar la causa a juicio oral. Lo único que no puede hacer sin pedir su desafuero, es mandarlo a la cárcel.

Y ese es el punto central de la operación de los medios sobre esta prerrogativa política: la prisión preventiva como espada de Damocles. En nuestro país, los procesos judiciales que involucran a políticos suelen tender a infinito. Ocurre que lo relevante no es la sentencia sino, justamente, el proceso.

Siendo Jefe de Gobierno de la CABA, Macri fue procesado durante 6 años como jefe de una asociación ilícita y sobreseído apenas asumió como Presidente. Hace un año y medio que Milagro Sala está en preventiva por incitación al acampe y huevazos arrojados por telequinesis y De la Rúatardó casi 10 años en ser sobreseído por la represión de diciembre del 2001. Algo similar ocurre con CFK: posiblemente nadie espere una condena en causas extravagantes como la de traición a la Patria por el memorando con Irán o el dólar futuro, la apuesta es desgastarla políticamente durante un largo proceso judicial.

En ese sentido, cada semana, con precisión de metrónomo, los medios publican un nuevo audio de CFK, conversaciones íntimas que no tienen relación con delito alguno pero que alimentan análisis serios de políticos y panelistas (la diferencia entre ambos grupos es cada vez más sutil), quienes denuncian la maldad intrínseca de la ex presidenta, su lenguaje soez o sus intenciones, siempre satánicas. Esas escuchas son el resultado del trabajo en equipo de nuestra Santa Trinidad, conformada por los medios, los servicios y la Justicia Federal.

Conseguir la prisión preventiva sin desafuero para legisladores e incluso gobernantes sería la cereza en el postre ideado por esa Santa Trinidad para disciplinar a nuestros representantes, el único poder que se renueva periódicamente y cuya legitimidad proviene directamente de nuestro voto.

Que un político que representa al pueblo renuncie a sus fueros no sólo es un proyecto irrealizable, como renunciar a la presunción de inocencia o a la libertad de vientres. Como tantas otras boberías honestistas, es, además, una iniciativa reaccionaria que consolida la idea antipolítica del Congreso como aguantadero y desprotege los intereses de la mayoría que representa frente a los de una minoría con poder de presión y fuego mediático.