El juez federal de Villa Mercedes, Juan Carlos Nacul, ordenó un embargo de 20 millones de pesos “sobre bienes propios de la procesada, para cubrir gastos y costas procesales”. Si Grando no posee bienes suficientes, “se dispone su inhibición general de bienes”, señala el auto de procesamiento.

El fiscal federal subrogante Federico Baquioni Zingaretti imputó a Grando por realizar alteraciones en el sistema de gestión del personal de la UNVIME. Estas modificaciones afectaron descripciones, categorías y cálculos de liquidación salarial, obstaculizando la labor de los agentes administrativos encargados de gestionar el sistema.

La denuncia fue presentada por el actual rector de la universidad, Marcelo Sosa, días después de asumir el cargo. Grando había integrado el equipo de gestión del exrector David Rivarola.

La exfuncionaria está imputada por daño informático en la modalidad de alteración, agravado por ejecutarse con el objetivo de impedir el libre ejercicio de la autoridad. También está agravado por recaer sobre un sistema destinado a un servicio público, en concurso ideal con abuso de autoridad.

Cuando el fiscal solicitó la indagatoria de Grando, el rector Sosa recordó que, tras detectar la maniobra, la UNVIME pidió una auditoría a expertos informáticos de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Esa auditoría determinó el usuario que realizó las acciones.

“Antes de que asumiéramos, una usuaria permanecía activa por mucho tiempo. Luego, ingresaba uno o dos minutos al mediodía, cuando había menos personal. En esos momentos, se incorporaba información que distorsionaba la liquidación de sueldos”, afirmó Sosa.

La acusada, por su parte, negó las acusaciones y aseguró que tiene pruebas para demostrar su inocencia.

Fuente: San Luis 24 Noticias.