A finales de febrero de este año, la jueza Civil, Comercial y Ambiental N°3 de la ciudad de San Luis, Valeria Benavídez, dictó una medida cautelar que ordena a la presidencia del Concejo reincorporar a la planta permanente a 13 empleados.

La condición laboral de los trabajadores fue modificada por la actual presidenta, Agustina Rodríguez Saá, a principios del 2024. Estos trabajadores cumplían labores desde antes en el Legislativo municipal como contratados. Una resolución votada tanto por el oficialismo como por la oposición, en noviembre del año pasado, les permitió acceder a la planta permanente.

Por la infracción, la justicia aplicó una multa de 150 mil pesos diarios, hasta que Arancibia Rodríguez cumpla la disposición judicial.

Dado que el tiempo avanza y la orden no se ejecuta, los trabajadores solicitaron una audiencia con el fiscal de Instrucción. En la reunión, pidieron que le formule cargos contra la infractora por el incumplimiento.

Esteban Badra, abogado de los amparistas, cuestionó la respuesta que les dio Assat Alí a los empleados. “La respuesta fue muy dañina para sus intereses por parte de la Fiscalía. El fiscal les dijo que no es un incumplimiento porque el amparo está apelado”, señaló el letrado, en declaraciones a la prensa.

Badra también informó que el representante del Ministerio Público Fiscal desestimó el planteo que hicieron los trabajadores sobre el impacto negativo en la salud de algunos de ellos debido a esta situación. “Les dijo que eso no es una situación que le incumba a la justicia penal”, remarcó el representante legal de los damnificados.

Y acusó a Assat Alí de denegarle a sus representados “el acceso a la justicia”.