Estos trabajadores realizan tareas en organismos provinciales y municipales, pero enfrentan condiciones laborales que consideran de precarización: salarios de indigencia, ausencia de aportes jubilatorios, cobertura de ART y estabilidad laboral.

Según ATE, muchos beneficiarios del Plan de Inclusión Social desempeñan funciones esenciales en áreas como hospitales, CAPS, escuelas y el Ministerio de Seguridad, trabajando al mismo nivel que empleados de planta permanente o transitoria. Sin embargo, no cuentan con los mismos derechos ni garantías. La carta presentada por el gremio señala que hay casos de beneficiarios con hasta 15 años de antigüedad en estas condiciones.

“Estos trabajadores no solo han logrado capacitarse y desempeñarse de manera eficiente, sino que en algunos sectores representan la mayoría del personal, como ocurre en el Hospital Pediátrico”, remarcaron desde el gremio.

ATE subraya que el Plan de Inclusión no debería ser utilizado como una “bolsa de trabajo” para cubrir la falta de personal en organismos estatales o municipales. En la actualidad, argumentan, el programa se ha convertido en una herramienta de contratación informal que evade responsabilidades laborales.

La propuesta de ATE incluye la contratación formal de estos trabajadores para garantizarles un salario digno, aportes jubilatorios, ART y estabilidad. Además, buscan poner fin a la dependencia de decisiones arbitrarias por parte de jefes o directores.

Con esta solicitud, el gremio espera abrir una mesa de diálogo que permita avanzar en la regularización de miles de trabajadores que actualmente sostienen servicios esenciales en la provincia, bajo condiciones que consideran injustas y discriminatorias.