Este hecho ha provocado una fuerte reacción en la comunidad, especialmente entre las numerosas familias humildes que esperaban con ansias la oportunidad de obtener una casa propia.

Entre las funcionarias favorecidas se encuentran Claudina Encabo, directora general de Servicios Generales del Hospital Central “Ramón Carrillo” y cuñada del asesor del jefe de Estado, Facundo Santarone; y María Belén Lucero Estrada, subdirectora de Auditoría Sanitaria del Ministerio de Salud. Estas revelaciones han generado sospechas y dudas sobre la transparencia del proceso de selección de beneficiarios.

A medida que se analiza el listado de adjudicatarios, han surgido múltiples irregularidades que alimentan aún más las sospechas de favoritismo. Por ejemplo, se comenta sobre un matrimonio en la zona de El Trapiche en el que ambos cónyuges resultaron beneficiarios, y hasta se habla de personas fallecidas que habrían sido incluidas en el listado.

El descontento comenzó incluso antes del sorteo, cuando se anunció que se sortearían 617 viviendas, pero posteriormente el número fue reducido a 605 sin una explicación clara. Esto llevó a muchos a preguntarse quiénes serían los adjudicatarios de las 12 viviendas restantes.

Frente a las crecientes críticas, Hugo Rossi, director de Viviendas y Regularización Dominial de la Provincia, intentó calmar las aguas asegurando que las funcionarias que resultaron beneficiadas recibirán sus viviendas si cumplen con todos los requisitos establecidos. Rossi subrayó que este sorteo no corresponde a un plan habitacional nuevo, sino a la reactivación de un plan de 2011, en el que los beneficiarios fueron inicialmente bloqueados por razones que él describió como "injustas".

Sin embargo, la explicación de Rossi no ha sido suficiente para apaciguar la indignación popular. Muchos consideran que, independientemente de la legalidad del proceso, la inclusión de funcionarios en un sorteo destinado a personas de escasos recursos es, cuanto menos, cuestionable desde un punto de vista ético.

El escándalo alrededor del sorteo de viviendas pone en tela de juicio la transparencia de los procesos administrativos en la provincia y genera una sombra de duda sobre la imparcialidad del gobierno en la asignación de recursos. La situación exige una respuesta clara y acciones concretas para restaurar la confianza pública en la gestión de las políticas habitacionales.