Un creciente rechazo rodea la posible implementación del RIGI en la provincia de San Luis. Ambientalistas y agrupaciones locales advierten que esta medida, impulsada por el gobernador Claudio Poggi, podría derogar legislaciones provinciales que protegen los recursos naturales, beneficiando a grandes empresas sin compromiso ambiental.

La Agrupación de Asambleas Ambientales acudió a la Legislatura para informar sobre las consecuencias negativas que traería esta medida, especialmente en términos de impacto ambiental.

Los activistas denuncian que el RIGI actúa como una "ley madre", capaz de invalidar cualquier normativa provincial o municipal que se oponga a los intereses de las empresas trasnacionales. En este contexto, las empresas recibirían beneficios fiscales y no estarían obligadas a presentar estudios de impacto ambiental, lo que podría afectar gravemente los recursos naturales de la provincia.

El proyecto ha sido presentado como una oportunidad para una "segunda promoción industrial" por parte del gobernador, quien aseguró que los recursos naturales de San Luis serán protegidos. Sin embargo, los activistas se muestran escépticos y afirman que el RIGI otorgaría a las empresas prioridad en el uso de recursos como el agua, lo que podría derivar en delitos ambientales.

La campaña en contra de la adhesión al RIGI ya ha reunido más de 10.500 firmas en plataformas digitales, y el descontento sigue creciendo. El régimen ofrece incentivos a grandes inversiones en sectores como minería, energía y tecnología, prometiendo a los inversores beneficios fiscales durante 30 años, lo que podría transformar el paisaje económico, pero también ambiental, de la provincia.

Los ambientalistas insisten en que la prioridad debe ser la preservación del entorno y de los recursos naturales, y no el beneficio de las grandes compañías.