El objetivo principal de esta reforma es modernizar el código y adaptarlo a las nuevas necesidades del sistema judicial para lograr mayor celeridad y transparencia en los procesos laborales, evitando hacer tantas remisiones al Código de Procedimiento Civil y Comercial, que actualmente se aplica de manera supletoria.

La diputada Fernanda Spinuzza fue la encargada de informar sobre el proyecto, destacando algunas de las principales modificaciones que considera clave para mejorar el sistema judicial laboral de la provincia. Entre ellas se encuentra el principio de inmediación, que promueve el contacto directo y personal entre el juez y las partes involucradas en el proceso. Para muchos de los procesos regulados, se establece la obligatoriedad de una audiencia de conciliación, en la cual las partes y el juez deben estar presentes en persona. En caso de no alcanzar un acuerdo de conciliación, se procederá a presentar las pruebas pertinentes sobre los hechos probados.

Una de las novedades más destacadas es la incorporación expresa de la prueba digital, así como la posibilidad de diligenciar pruebas a través de medios electrónicos para entidades públicas y empresas o particulares que cuenten con direcciones electrónicas constituidas ante organismos estatales. También se han eliminado ciertas pruebas que han sido consideradas innecesarias o dilatorias, como es el caso de la confesional.

El nuevo Código Laboral Procesal también establece plazos para la presentación de oficios y pruebas, y en caso de no ser cumplidos, se considerarán desistidos sin necesidad de más trámites. Además, se prevé el dictado de fallos plenarios cuando sea necesario unificar criterios y fijar interpretaciones, con el objetivo de poner fin a las diversas interpretaciones de los jueces en sus sentencias.

Asimismo, se han realizado cambios en la regulación de las demandas de accidentes y enfermedades laborales, y se ha modificado la forma de calcular las sanciones por temeridad y malicia, utilizando el IUS como unidad de medida equivalente al 1% del salario básico de un juez de primera instancia.

En general, estas reformas buscan modernizar y agilizar los procesos laborales en la provincia de San Luis, garantizando una mayor transparencia y eficiencia en el sistema judicial.