Un documento esclarecedor y demoledor que termina de derrumbar la mentira del Ejecutivo, repetida hasta el hartazgo, de que “no hay plata” y que ha servido no solo para justificar un inédito y doloroso desdoblamiento de salarios apenas asumió Claudio Poggi, sino también un ajuste brutal que persiste en medio de una de las crisis económicas más agudas de las que tienen recuerdo los argentinos.

El Diario de la República accedió a un anexo de la rendición de 2023 que todos los años manda el Tribunal de Cuentas en el que se constata que desde el 11 al 26 de diciembre, este Gobierno realizó catorce (14) plazos fijos en el banco Supervielle y (5) cinco en el Nación por un monto superior a los 30 mil millones de pesos, una cifra que a fines del año pasado equivalía al doble del sueldo de la totalidad de los empleados públicos y que en tan solo un mes de depósito, generó intereses por casi 1.500 millones.

El hecho es claro. Estas maniobras financieras resultan imposibles de realizar con un Estado supuestamente quebrado, que fue la letanía que ha repetido el poggismo para justificar el sufrimiento de los puntanos. Si efectivamente la Provincia no tenía dinero, la constitución de los plazos fijos era imposible de ejecutar. No hay vuelta que darle y no hace falta tener un doctorado en economía o ser un experto en finanzas para corroborar esto. Es un ejercicio simple y es lo que ocurre en cualquier hogar: solo aquellas familias que tienen un excedente pueden colocar el dinero para que aporte rendimientos. Dicho de otro modo: si hay una urgencia, no hay plazo fijo, sea en una casa, una empresa o un gobierno.

En diciembre, se necesitaban unos 15 mil millones de pesos para pagar la totalidad de los sueldos a los estatales. Como la anterior gestión había destinado el dinero para el pago del aguinaldo a los empleados estatales, la nueva gestión contaba con los fondos suficientes como para pagar los sueldos de una sola vez e incluso con aumento en los salarios, como se venía implementando en los meses anteriores. Por razones de las que deberá rendir cuentas esta administración, se decidió un ajuste brutal que ha intensificado los efectos de la crisis económica nacional, generando aún más pobreza y desesperanza en la provincia.

La rendición de 2023 que envía el Tribunal de Cuentas, en el apartado "Composición del Saldo Financiero en Moneda Argentina al 31 de diciembre" del año pasado, establece que en el Banco Supervielle fueron constituidos cuatro plazos fijos el 11 de diciembre, tres el 14 de diciembre, cinco el 15 de diciembre y dos el 26 de diciembre por un monto total de 2.719.868.667. Los cinco plazos fijos que fueron realizados en el Banco Nación se constituyeron en las siguientes fechas: 11 de diciembre (10 mil millones de pesos, el más cuantioso), 12 de diciembre (5 mil millones), 14 de diciembre (9.664.364.057), 18 de diciembre (500 millones) y 26 de diciembre (2.300 millones). En esta última entidad, se hicieron plazos fijos por un total de 27.464.364.057.

El 14 de diciembre, Poggi, con gesto adusto y tono apesadumbrado, explicó a través de los medios oficiales, para la estupefacción de los puntanos, que desdoblaba salarios a los estatales, paralizaba la obra pública y buscaba tomar deuda a causa de haber encontrado “una desastrosa situación financiera”. ¿Cómo se puede explicar entonces la enorme contradicción de haber constituido numerosos y millonarios plazos fijos días antes de difundir estas medidas tan severas? Si la Provincia, en teoría, estaba quebrada, ¿por qué, a horas de asumir, Poggi ya estaba haciendo plazos fijos para buscar darle un rendimiento a ese dinero y no atendiendo las cuestiones urgentes e ineludibles, como el pago de los salarios a los trabajadores? Son preguntas a las que se deberán dar respuestas y posiblemente algún representante de los sectores perjudicados por esta maniobra querrá saber, con la intervención de un fiscal, si se ha cometido alguna irregularidad.

El análisis del documento determina que además de este dinero puesto en plazos fijos, había al 31 de diciembre del año pasado $23.797.719.296 en títulos públicos (bonos), $8.142.172.704 en cuentas corrientes, $4.574.970.423 en cauciones y $1.511.633.280 en inversiones. El total del saldo en moneda argentina totalizaba $69.614.406.992. A eso hay que agregar otro saldo de moneda extranjera por $23.975.684.010. Si hacen las cuentas, esto da más de 93 mil millones de pesos, el ahorro que el Tribunal de Cuentas reconoce con el que cerró la Provincia el último día del año pasado.

El documento que el Tribunal de Cuentas ha enviado a la Legislatura puntana encuentra resistencia de parte del oficialismo, lo que en cierta manera es entendible como manifestación de estrategia política para no enfrentar una verdad que le genera un enorme nerviosismo al Gobierno. Los números y las evidencias que demuestran que esta administración asumió con ahorros y finanzas sanas son contundentes, y ahora solo se intenta ganar tiempo. La semana pasada, en una maniobra dilatoria del poggismo, fracasó el tratamiento de las Cuentas de Inversión 2023 en la Cámara de Diputados, debido a que los legisladores que responden al gobierno provincial decidieron no dar quórum.

La Constitución Provincial determina que hay tiempo hasta el 31 de julio para aprobar, rechazar u observar las Cuentas de Inversión del gobierno provincial que abarquen la gestión anterior. Por eso, para que se dieran los tiempos de manera adecuada, era necesario poder agilizar su tratamiento durante esta semana. Sin embargo, el oficialismo no habla de rechazar las Cuentas de Inversión 2023 y tampoco se sabe si se busca su aprobación ficta.

En los pasillos de la Legislatura hay versiones de que Alberto Leyes, presidente de la Cámara de Diputados, tendría “cajoneado” el anexo de la rendición de cuentas de 2023 que todos los años manda el Tribunal de Cuentas y, por eso, los integrantes de la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados no habrían tenido acceso al documento. Incluso, algunas fuentes en la Cámara baja dicen que el informe se habría filtrado desde la misma presidencia.

El depósito de los plazos fijos que realizó Poggi es el capítulo final de una sucesión de evidencias que se fueron acumulando en los últimos meses y que reflejan que el Gobierno tuvo y tiene plata para no incurrir en el ajuste, y para otorgar mejoras salariales que permitan amortiguar los efectos de la profunda crisis económica que atraviesa el país. Además, en este contexto, la Provincia recibe cada vez más fondos federales. La justificación de un hipotético descalabro financiero es insostenible.

Solo en el primer semestre, al Tesoro provincial ingresaron unos $450 mil millones por recaudación y coparticipación federal. Esta cifra contempla el efecto de la inflación, ya que la recepción de fondos exhibe, en realidad, un crecimiento del 20 por ciento actualizado si se lo compara con el año anterior. Solo en mayo, fueron girados casi 109 mil millones de pesos, lo que representó un incremento notable del 372 por ciento en comparación a igual período del año anterior.

Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) sobre las transferencias totales automáticas a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires refleja que solo en junio, San Luis recibió 78.631 millones de pesos, lo que representa una variación nominal positiva de 187%. Este aporte se suma a los más de 300 mil millones de pesos que el Ejecutivo puntano había recibido de Nación en concepto de coparticipación federal durante la primera parte de 2024.