La ministra de Seguridad, Nancy Sosa, informó que un tercio de los celulares y accesorios estaban en tenencia del Servicio Penitenciario, y que la calidad de los teléfonos confiscados ha disminuido con el tiempo. "Desde las recurrentes requisas notamos cómo la calidad de los teléfonos va bajando, debido a que una vez que los secuestramos deben volver a comprar y eso genera un gasto. Ya no son de alta gama, pero algunos siguen apareciendo", aseguró.

Los celulares confiscados quedaron a disposición de la Justicia, tanto Federal como Provincial. Sosa indicó que pedirá su destrucción en un acto público.

“La comunicación de alguien que está detenido con un familiar está permitida, pero hay medios y canales que se deben respetar. Esto alimenta directamente la acción criminal, no podemos pensar que es para una libre comunicación con los familiares de ninguna manera, porque eso está asegurado de otra forma”, afirmó la ministra.

Este operativo subraya la importancia de mantener un control estricto sobre los objetos prohibidos dentro de las instituciones penitenciarias para prevenir la actividad criminal y garantizar la seguridad tanto dentro como fuera de los establecimientos.