Este conflicto, iniciado por los policías y ahora acompañado por docentes y otros gremios, se ha intensificado debido a la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) y un recorte significativo en las transferencias de Nación a las provincias.

El presidente Javier Milei, conocido por su retórica dura, advirtió en enero a los gobernadores que "los voy a dejar sin plata, los voy a fundir a todos". Cuatro meses después, la situación en Misiones confirma que estas amenazas se están materializando. El conflicto salarial en Misiones, con policías, médicos y docentes provinciales en protesta, es un claro ejemplo de las consecuencias de las políticas de ajuste del gobierno nacional.

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, ha intentado calmar las aguas ofreciendo aumentos salariales a la Fuerza de Seguridad local. Sin embargo, los policías rechazaron el aumento del 30%, exigiendo un 100%, y decidieron continuar con los acampes de protesta. Este rechazo se produce en un contexto de recorte de transferencias, caída en la coparticipación, eliminación del Fonid y subsidios al transporte, lo que agrava la situación social y económica en la provincia.

Las tensiones no se limitan a Misiones. En Mendoza, los trabajadores judiciales han extendido su paro en demanda de mejores salarios, descontentos con el aumento del 10% otorgado por el gobernador Alfredo Cornejo. En Rosario, los trabajadores municipales realizaron un paro de 48 horas, y en Chubut, los reclamos salariales de estatales y del sector de salud también se multiplican. En San Luis, las protestas por la caída de los sueldos son cada vez más intensas, con estatales, judiciales y personal de salud rechazando los aumentos salariales ofrecidos por el gobernador Claudio Poggi.

A nivel nacional, la respuesta del Gobierno ha sido de desentendimiento. El ministro del Interior, Guillermo Francos, ha afirmado que las protestas son un “tema de la provincia” y que deben ser resueltas por las administraciones locales. El vocero presidencial Manuel Adorni también ha señalado que la administración de Milei está atenta a los desarrollos, pero insiste en que la resolución del conflicto es responsabilidad provincial.

Este escenario de conflictos salariales y recortes presupuestarios en varias provincias pone de relieve la creciente insatisfacción social y la presión sobre los gobiernos locales para encontrar soluciones en medio de una economía en crisis.