Los abogados de los imputados consideran improbable la prórroga de la medida, ya que no parece haber indicios de nuevos detenidos. Sin embargo, la jueza ha afirmado que se tomará el tiempo necesario.

Por el momento, no se volverá a interrogar a los detenidos a menos que aparezcan nuevas pruebas, en cuyo caso se fijarán nuevas indagatorias para que amplíen su declaración. El único detenido que fue liberado rápidamente fue el expolicía Francisco Amador Méndez, debido a la falta de mérito determinada por la Justicia el viernes pasado.

Los siete detenidos enfrentan distintas acusaciones:

- **Antonio Benítez**: Captación de personas con fines de explotación, agravado por ser la víctima menor de 18 años, en carácter de coautor material.
- **Laudelina Peña**: Sustracción, ocultamiento de menor y alteración de las pruebas.
- **Mónica del Carmen Millapi**: Captación de personas con fines de explotación, agravado por ser la víctima menor de 18 años, en carácter de partícipe primario.
- **Daniel Ramíez**: Captación de personas con fines de explotación, agravado por ser la víctima menor de 18 años, en carácter de partícipe primario.
- **Carlos Pérez** y **Victoria Caillava**: Ambos acusados de captación de personas con fines de explotación, agravado por ser la víctima menor de 18 años, en carácter de coautor material.
- **Walter Macieil**: Encubrimiento por favorecimiento real, calificado por la gravedad del delito y la calidad de funcionario público.

### Rechazo al Pedido de Querellante del Gobierno de Corrientes

La jueza Cristina Pozzer Penzo rechazó el pedido del gobierno de Corrientes de actuar como querellante en la causa por la desaparición de Loan Danilo Peña, quien es buscado intensamente desde el jueves 13 de junio en la localidad correntina de 9 de Julio.

Según el periodista Leonardo García en El Diario, el fiscal Horacio Ortega presentó un escrito en el Juzgado Federal de Goya. La jueza rechazó el pedido y explicó que la intención del gobierno podría haber sido intervenir en la causa para tener acceso a las pruebas, las cuales están bajo secreto de sumario.

La Justicia mantiene apartada a la gestión provincial debido a posibles vínculos de poder que podrían ser investigados por encubrimiento. Aún no se ha determinado el delito exacto, aunque el subsecretario de Seguridad, Marcelo Romero, mencionó la posibilidad de que el caso esté vinculado a trata de personas.