Graves denuncias contra funcionarios de Merlo: recicladores acusan corrupción y vaciamiento
La tensión entre la cooperativa de recicladores de Merlo y el municipio escaló a un nuevo nivel tras el desalojo del predio donde trabajaban. En declaraciones públicas, Gerardo Domínguez, presidente de la organización, acusó directamente al intendente Leonardo Rodríguez, al ministro de Turismo y Cultura, Juan Álvarez Pinto, y al secretario de Gobierno, Bruno Mini, de apropiarse de 9 millones de pesos mediante la facturación de obras y materiales que nunca se habrían concretado.
Según Domínguez, la decisión de desalojar a la cooperativa fue una maniobra para encubrir actos de corrupción. “Nos piden que nos vayamos sin orden judicial, sin notificación legal, solo porque ya no les conviene que sigamos acá”, sostuvo. Además, denunció que el predio asignado por el municipio estaría conectado a la red eléctrica de forma clandestina.
Tras el desalojo, los trabajadores tomaron la planta de reciclado, donde permanecen acampando durante el fin de semana. Un grupo de vecinos se sumó con un abrazo simbólico en apoyo a su reclamo. El lunes será clave: se espera una nueva respuesta por parte de la municipalidad.
El municipio justificó su accionar en un comunicado oficial en el que afirmó que asumirá el control directo de la Planta de Reciclado Municipal, argumentando «pérdidas económicas insostenibles» bajo la gestión cooperativa.
Sin embargo, la medida no es un caso aislado. La cooperativa de recicladores es la segunda organización que el gobierno local decide intervenir. La primera fue la cooperativa de agua, en un contexto donde el Ejecutivo busca asumir el manejo de servicios clave.
En medio del conflicto, el gobernador Claudio Poggi visitó Merlo al día siguiente del desalojo, pero evitó referirse públicamente al tema. Sin embargo, se mostró con los tres funcionarios acusados durante una recorrida por obras públicas, lo que fue interpretado como un respaldo implícito.
Domínguez también apuntó con dureza contra Bruno Mini, a quien señaló como el funcionario con mayor influencia interna, pese a su bajo perfil. “Vos sabés que facturaste combustible y nunca nos diste nada”, lanzó el dirigente, quien también cuestionó duramente a Aníbal Cattáneo, actual director de Gestión Ambiental de Residuos y creador del proyecto cooperativo. “Firmó un expediente que no cierra porque no saben cómo justificar la plata”, denunció.
Otro punto en disputa es el destino de la maquinaria dentro del predio. Mientras el intendente Rodríguez ordenó la restitución de todos los bienes, la cooperativa sostiene que parte del equipamiento fue adquirido por ellos y no pertenece al Estado.
El conflicto sigue abierto y la tensión entre los trabajadores y las autoridades locales se intensifica, en un contexto donde las acusaciones por corrupción, falta de transparencia y persecución política toman cada vez más fuerza.
