Las obstétricas, más conocidas como parteras, reclaman al Congreso la sanción urgente de una ley de ejercicio de su profesión, que jerarquice sus funciones de acuerdo la formación académica universitaria de 4 a 5 años que reciben y les permita trabajar en todos los ámbitos de la salud sexual y reproductiva. Hoy tienen limitadas sus incumbencias y varían según las provincias. La norma nacional que las regula tiene más de 50 años y define a la Obstetricia como “actividad de colaboración” de la Medicina, sin contemplar las competencias que les otorga el título universitario.

La falta de regulación adecuada contribuye, además –advierten-- a la invisibilización de su trabajo y a la precarización laboral, tal como describe desde Córdoba la licenciada en Obstetricia Lorena Musicarelli: “Estoy sola en una guardia como la única representante del Servicio de Obstetricia y atiendo desde un sangrado por una menstruación abundante hasta un aborto en curso o un trabajo de parto”. Por eso, la reforma normativa se vuelve urgente, dice: “Con una ley que nos ampare, nuestro trabajo tendría el marco legal para todas las prácticas que realizamos y que garantizan derechos”, planteó Valeria Plugoboy, licenciada en Obstetricia de Entre Ríos.

El panorama de la Obstetricia se complejiza aún más debido a que “hay una incongruencia entre la formación, la praxis y la ley”, dijo a Página/12 Lidia Regina Fain, licenciada en Obstetricia jubilada: trabajó en la guardia del Hospital Pirovano, y en el Policlínico Bancario, en la ciudad de Buenos Aires y en atención primaria en el partido bonaerense de José C. Paz. En las actividades cotidianas –agregó-- cumplen, sin reconocimiento, más tareas de las que estipula la norma vigente, “porque así lo demanda nuestro compromiso con la salud y los recursos disponibles”.

En el país hay alrededor de 6000 obstétricas. En el reclamo de una ley cuentan con el apoyo de organismos internacionales como el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNPFA) y otras organizaciones que trabajan por los derechos sexuales y reproductivos como IPAS y el Centro de Estudios de Estados y Sociedad (CEDES) y desde donde advierten que el cambio normativo les permitiría a las obstétricas actuar para reducir el alto porcentaje de cesáreas innecesarias que se practican en el país, y mejorar las tasas de mortalidad de mujeres por gestación y de embarazos no intencionales en adolescentes.

Pero la normativa vigente a nivel nacional –la Ley de Ejercicio de la Medicina, de 1967-- no les permite de manera plena proveer los servicios esenciales de salud sexual y reproductiva. Sólo las habilita, como colaboradoras en la atención del embarazo, parto y puerperio, sin considerar la planificación familiar y el acceso a métodos anticonceptivos, entre otras incumbencias fundamentales.

“Todas las normas internacionales de los organismos rectores de la salud pública reconocen el importantísimo rol que juegan las obstétricas en la promoción, la prevención y el tratamiento de algunos problemas en la salud de la persona gestante, la salud neonatal y la salud sexual y reproductiva”, indicó a este diario la socióloga Silvina Ramos, investigadora titular del CEDES e integrante de la Red de Acceso al Aborto Seguro en Argentina (REDAAS).

CEDES, con IPAS, REDAAS y UNFPA lanzaron esta semana una campaña de apoyo el reclamo de las obstétricas. “Será un aporte a la salud pública y a la agenda de género en Argentina”, dijo Ramos.

“Actualmente existe una regulación fragmentada y dispar de las competencias de la Obstetricia en todo el país y muchas regulaciones provinciales son previas a la sanción de importantes normas en materia de salud sexual y reproductiva, como las de parto respetado y la interrupción voluntaria del embarazo”, explicó Sonia Ariza Navarrete, abogada e investigadora adjunta de CEDES.

La disparidad de las normas, aclaró, tiene importantes consecuencias para las obstétricas y para las pacientes. Uno de los aspectos en los que se encuentran diferencias entre jurisdicciones es la participación en el parto: la mayoría de las regulaciones aprobadas desde 2010 permite a las obstétricas conducir, realizar y completar este proceso sin intervención de otros profesionales cuando se trate de partos de bajo riesgo, pero eso no sucede con las normativas previas, detalló Navarrete

Tampoco hay una indicación normativa común sobre la prescripción, entrega o colocación de métodos anticonceptivos (MAC), ya que sólo en la mitad del país las obstétricas están habilitadas para colocar o extraer MAC de larga duración. Debido a que tienen una alta efectividad, en las provincias donde no está aclarada esa competencia, las mujeres y personas con capacidad de gestar tienen una limitación injustificada en la accesibilidad a su derecho a la salud, puntualizó Ramos.

En cuanto al servicio de consejería, otra de las incumbencias recomendada para la Obstetricia, está ausente en la mayoría de las provincias y las que la contemplan tienen variaciones en su alcance. Algunas se limitan a la consejería anticonceptiva, otras amplían su función a la salud reproductiva y unas pocas incluyen consejería en IVE/ILE.