La muerte de Alan García, quien se disparó en la cara cuando estaba por ser encarcelado por supuesta corrupción, estremeció al país. Otros mandatarios, incluyendo el actual, también tienen problemas con la Justicia. 

Perú conmemoró este domingo el suicidio de uno de sus principales políticos, el expresidente Alan García, quien se disparó en la cara cuando era inminente su encarcelamiento por presunta corrupción, un ingreso a prisión que ya parece el destino de los exmandatarios del país.

"Dejo mi cadáver como una muestra del desprecio a mis adversarios", escribió en una carta de despedida García, cuya muerte, a los 69 años, estremeció a un país que no acaba de sorprenderse por manejos oscuros de su clase política.

Esta semana, además, Perú vio recobrar su libertad parcial a otro expresidente investigado, Pedro Pablo Kuczynski, mientras que a uno más, Alejandro Toledo, se le ratificaba en cambio la orden de captura que lo tiene a la espera de que Estados Unidos decida si lo entrega en extradición.

Los tres casos, más el de otro exmandatario, Alberto Fujimori, a quien la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) frustró la semana anterior una maniobra para ser excarcelado con un indulto irregular, señalan que en el Perú reciente el Palacio de Gobierno se ha convertido en algo parecido a la antesala de la cárcel.

Corrupción nunca probada

García no era un político cualquiera. Carismático, hábil, culto, con una poderosa oratoria y una personalidad a la que un informe de inteligencia de Estados Unidos llamó "ego colosal", hizo historia desde que en la década de 1970 dejó de cantar rancheras en el metro de París para regresar a su país a buscar el poder.

Asumió la presidencia a los 36 años, en 1985, y cinco años después entregó un país sumido en la hiperinflación. Todos lo dieron por "cadáver político", pero tras un exilio regresó al poder en 2006 con una receta neoliberal antítesis de su primera gestión.

En ambos períodos, el líder del Partido Aprista estuvo rodeado de profundas sospechas de corrupción, las que, según reclamó siempre, no se probaron. En realidad, todo quedó inconcluso, porque una primera causa prescribió y otra se cerró con su muerte.

Como en varios casos que afectan a expresidentes, ronda el fantasma de la firma brasileña Odebrecht. El exrepresentante de esa constructora en Lima, Jorge Barata, quien entrega información a cambio de beneficios penitenciarios, dijo haber pagado sobornos al secretario de García durante su segundo gobierno.

El dinero de Odebrecht

Mientras tanto, el liberal Kuczynski (2016-2018), de 83 años, recobró la libertad el martes pasado, al cumplir 36 meses de prisión domiciliaria preventiva, lo máximo permitido.

Ahora podrá dejar su lujosa casa limeña, pero se le mantendrán el impedimento de salida del país, el congelamiento de cuentas, la incautación de propiedades y el aislamiento.

Los problemas para el exgobernante se derivan de dinero que recibió de Odebrecht a través de una consultora suya cuando era ministro de Economía primero y jefe del gabinete ministerial de Toledo (2001-2006), después.

Las pesquisas apuntan a que esos nexos ocultaban prácticas ilegales. De hecho, Kuczynski, como funcionario, no debió ser consultor. Además, el expresidente es investigado porque, según Barata, recibió dinero de Odebrecht para sus campañas electorales de 2011 y 2016.

Mientras Kuczynsk lograba una victoria pírrica, Toledo, su exjefe, sufrió otro revés al día siguiente, cuando la Justicia desechó el habeas corpus con que su abogado buscó que quedaran sin efecto las órdenes de captura contra él y su esposa, la antropóloga belga Eliane Karp.

Toledo es acusado de recibir indirectamente hasta 35 millones de dólares de sobornos de Odebrecht mediante maniobras en las que intervino Karp, según la Fiscalía, que pide 16 años de cárcel para ambos.

El ex mandatario centroderechista, un economista de 76 años y origen muy humilde, está junto a su esposa en Estados Unidos. La Justicia de ese país ya determinó que la extradición es procedente por la solidez de la acusación, pero la última palabra la tendrá el Departamento de Estado.

Otros dos expresidentes están en aprietos por relaciones con Odebrecht: Ollanta Humala (2011-2016), acusado de recibir fondos no reportados para sus campañas, y Martín Vizcarra (2018-2020), cuyos supuestos nexos con la firma datan de cuando fue gobernador del departamento de Moquegua entre 2011 y 2014.

Para el centrista Humala, un teniente coronel del Ejército de 59 años que ya estuvo nueve meses en prisión preventiva y ahora tiene restricción de movimientos, la Fiscalía pide 20 años de cárcel. Para su esposa, Nadine Heredia, supuesto cerebro de las operaciones y ahora en prisión domiciliaria, pide 26 años.

El centroderechista Vizcarra, un ingeniero civil de 59 años, aún está libre y en una fase preliminar de investigación.

El caso de Fujimori, de 83 años, es distinto, pues los 25 años de cárcel que paga desde 2007 son por 25 asesinatos y dos secuestros. El exmandatario ultraderechista (1990-2000) también recibió varias condenas por corrupción, pero como en Perú las penas no son acumulativas, ya las cumplió.

Tres magistrados del Tribunal Constitucional con públicas simpatías por el fujimorismo validaron en marzo un indulto irregular entregado a Fujimori por Kuczynski en 2017, lo que le abría las puertas de la cárcel. La orden vinculante de la Corte IDH, basada en el principio de no beneficios para casos de lesa humanidad, lo dejó con la valija lista.

En medio de los problemas de los presidentes, incluso el actual, el izquierdista Pedro Castillo, ya tiene acciones en marcha, pero no directas. Según el semanario Hildebrandt en sus trece, el nuevo fiscal general, Pablo Sánchez, a diferencia de su antecesora, Zoraida Ávalos, quiere abrir ya investigación, aunque por el cargo no se le puede procesar.

El jefe de Estado, un profesor rural de 52 años, ha sido incluido en algunos testimonios en una supuesta red de corrupción orquestada por el exsecretario de la Presidencia Bruno Pacheco y dos sobrinos del mandatario.

Políticos en la mira de la Justicia

Varios otros políticos de peso están en la mira de la Justicia, entre ellos la principal líder de la oposición, Keiko Fujimori –hija de Alberto-, para quien la Fiscalía pide 30 años de cárcel por lavado de activos y organización criminal con dineros obtenidos de Odebrecht y otras fuentes.

Los procesos o investigaciones incluyen también a cientos de gobernadores, alcaldes y funcionarios actuales o recientes, lo que hace de la corrupción, según politólogos como Alonso Cárdenas o Roger Santa Cruz, uno de los problemas más agobiantes para el país.