El Instituto de Gestión de Emergencias 4.0 en San Luis ha cerrado el año con un impresionante registro de 353,374 llamadas atendidas, abarcando líneas cruciales como el 911, 101, 107, 102 y 104. Este informe destaca el arduo trabajo de más de 300 personas, entre civiles y policías, que garantizan la atención las 24 horas, los 7 días a la semana.
El instituto no solo responde a llamadas de emergencia, sino que también gestiona evidencias de cámaras de seguridad. En 2023, se recibieron 6,500 solicitudes de organismos como el Ministerio Público Fiscal y la Policía para obtener datos cruciales.
Con cuatro centros de monitoreo y 827 cámaras de seguridad públicas, San Luis ha fortalecido su infraestructura. Estas cámaras, junto con tecnologías como el Sistema de Seguimiento Vehicular AVL, permiten la ubicación en tiempo real de vehículos vinculados a la Policía y otros organismos de respuesta.
El año estuvo marcado por varios hitos, incluyendo la expansión de la red de cámaras, formación del personal en atención telefónica para situaciones de suicidio, implementación del sistema ELS para geolocalización de llamadas al 911, y la integración del sistema SUBE 911 para identificación de denuncias en coches que usen la tarjeta.
El Instituto destaca su enfoque preventivo, pero también su contribución a la justicia al proporcionar evidencia en casos como uso de inhibidores, sustracción de elementos de vehículos e identificación de personas con búsqueda de paradero.
Se ha implementado la tecnología ELS para geolocalización de llamadas de emergencia en dispositivos Android, proporcionada por Google. Además, a través de un convenio con el 911 federal, se ha establecido un sistema de alerta temprana vinculado al transporte público de San Luis, permitiendo respuestas rápidas a situaciones de emergencia.
Este informe refleja el compromiso continuo de San Luis en mejorar sus servicios de emergencia y adoptar tecnologías innovadoras para garantizar la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos.
La tragedia que envuelve a Sonia Lara, acusada de provocar la muerte de su hija en un incendio en Villa Mercedes, ha tomado un nuevo giro. Los fiscales Maximiliano Bazla y Marcelo Saldaño han presentado pruebas contundentes ante el juez de Garantías, solicitando que la causa sea elevada a juicio y que, en caso de ser declarada culpable, se imponga la pena máxima: prisión perpetua.
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