D'Alessandro apuntó directamente a iniciativas como el plan TuBi, destinado a promover el uso de bicicletas, y otros programas que otorgan beneficios económicos a estudiantes universitarios y secundarios. Según el diputado, estas medidas reflejan una intención del gobernador de "comprar" el voto mediante la asignación de recursos para fines electorales.

“Son 25 páginas de prebendas las que tiene el Presupuesto de la provincia", denunció, refiriéndose al desglose del plan económico presentado por la administración de Poggi.

Aunque hasta ahora no hubo una declaración oficial del gobernador o de sus representantes, el Presupuesto 2025 ha sido defendido por el oficialismo como una herramienta para fomentar la inversión social y el desarrollo económico en la provincia. Sin embargo, las acusaciones de clientelismo podrían generar tensiones políticas y debates sobre la transparencia en el uso de los recursos públicos.

Con las elecciones 2025 en el horizonte, los enfrentamientos entre oficialismo y oposición en San Luis comienzan a intensificarse. Estas declaraciones se producen en un clima político en el que las provincias, incluidas aquellas gobernadas por partidos opositores a la Nación, buscan fortalecer su posición ante un escenario económico marcado por la incertidumbre.

Las acusaciones de clientelismo son un clásico en los años preelectorales, y San Luis no es la excepción. Sin embargo, el desafío está en que ambos sectores políticos puedan sostener sus argumentos con transparencia y evidencia. Para los ciudadanos, el foco debe estar en evaluar si los programas cuestionados realmente responden a necesidades genuinas o son un recurso para captar votos. El cruce entre D'Alessandro y Poggi no solo anticipa una campaña reñida, sino que también pone en el centro del debate el uso de los fondos públicos en la provincia.