El feroz ataque del gobierno de Mauricio Macri hacia las personas con discapacidad demuestra no sólo una gran insensibilidad social sino también una torpeza política inaudita en tiempos electorales.
Pero ¿esto puede ser así de ingenuo? Porque si bien ya nadie pone en duda la incapacidad de gobernar del Presidente y su equipo, el intento permanente de avasallar a todas las instancias democráticas del país, a la justicia y a los derechos adquiridos, este juego de ensayo y error que impunemente implementan, tiene el claro objetivo de profundizar el ajuste que le exige la aplicación de las políticas neoliberales.
En cuanto al tema que nos convoca, es arremeter contra un sistema de Discapacidad, que desde hace mucho tiempo se viene regulando para poder atender a una realidad social que existe y tiene derechos.
Argentina reúne un conjunto integral de leyes, muchas complementarias entre sí, con el objetivo de otorgar a las personas con discapacidad atención médica, educación y seguridad social a través de beneficios como:
● Rehabilitación integral,
● Formación laboral o profesional,
● Préstamos o subsidios,
● Regímenes diferenciales en seguridad social,
● Escolarización,
● Orientación o promoción individual, familiar y social.
En la actualidad los dos marcos jurídicos que conviven en Argentina en materia de discapacidad son la Ley 22.431 sancionada y promulgada el 16 de marzo de 1981 y la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptada en Asamblea General de las Naciones Unidas 2006 y que La Argentina ratificó en 2008 a través de la Ley 26.378. La Convención tiene, desde 2014, rango constitucional e incluso les marca a los Estados Parte el rumbo de revisar sus marcos legales previos y de armonizar sus leyes con la misma.
La Convención plantea un claro marco conceptual, concibiendo a las personas con discapacidad como sujetos activos y de derecho, y propone una línea de intervenciones que pone énfasis en la remoción de las barreras que impiden su participación plena y efectiva en los distintos espacios sociales, no dando respuestas a la diversidad funcional humana.
De esta manera se instala con fuerza normativa el denominado “paradigma social de la discapacidad”, en contraposición al “modelo médico-hegemónico”, lo cual implica situarse en una lectura socio-política de la discapacidad. Se tienen en cuenta no sólo los procesos que operan en su producción sino también las injusticias económicas y simbólico/culturales a las que están sometidas las personas con discapacidad.
Durante los gobiernos kirchneristas, y en concordancia con todas las políticas sociales de inclusión que implementaron, hubo un cambio en la mirada, analizando en la discapacidad no sólo las deficiencias funcionales de las personas sino también el contexto socioeconómico desfavorable en el que vivían.
En ese contexto se aumentó el número de pensiones no contributivas otorgadas. Constatando los datos de pobreza y las cinco millones de personas con discapacidad según el Censo del INDEC, si se aplica el porcentual de argentinos en situación de pobreza y vulnerabilidad social, al menos 1.500.000 personas con discapacidad necesitarían ser beneficiarias de una pensión, de acuerdo al criterio usado para el otorgamiento de las mismas. Nada de clientelismo.
La pensión a través del Programa Incluir Salud (Ex PROFE) ha sido el medio para que miles de personas con discapacidad en situación socioeconómica vulnerable encontraran respuesta sanitaria y asistencial, ya que les otorga (luego de cumplir muchísimos y complicados trámites), una ayuda económica de $4300 y les da derecho a obtener cobertura de medicación, ayudas técnicas, prótesis, oxígeno, rehabilitación, atención especializada, escolaridad, internación en hogares, etc.
Estas son las miles de pensiones que el gobierno de Macri, para profundizar todavía más el ajuste en el Estado, a través de la ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley eliminó, apelando al decreto 432/97 firmado por Menem y que jamás fue aplicado. Decreto por otra parte, que regula los requerimientos que debe cumplir una persona con discapacidad para obtener la pensión, y no expresa ningún criterio para darles de baja.
Dejar a una persona sin el beneficio de la pensión que ya obtuvo es hacer abandono de personas, teniendo en cuenta que es un derecho adquirido. Por otra parte, es irregular aplicar un decreto que establece criterios restrictivos luego de una década de aplicación de otros más flexibles y en desmedro de la población.
Toda nueva propuesta que el Estado Nacional realice debe estar de acuerdo con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y debe ser consultada con las mismas personas con discapacidad, sus familias y las organizaciones de la sociedad civil. Esto está expresamente establecido en la Ley 26.378.
En caso de que la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales considerase que hubo situaciones irregulares en el otorgamiento de pensiones, debería revisarse caso por caso, convocar a los titulares para que se notifiquen fehacientemente y darles la posibilidad de presentar su descargo.
Si bien ahora han dado marcha atrás ante la repercusión pública y la reacción de todos los sectores y organizaciones, impactados por la brutalidad de meterse con las personas con discapacidad, la sociedad debe estar atenta, porque estas acciones son parte de un plan sistemático de ataque generalizado a la solidaridad, a la democracia, al derecho social y a cualquier cosa que interfiera con el poder privado. Los derechos adquiridos a través de años de lucha son puestos en cuestionamiento e incluso atacados con ferocidad por sistemas de gobierno que responden a las corporaciones.
Milton Friedman dice que la cúpula de directores de una corporación (como la que nos gobierna actualmente), de hecho tiene una obligación legal de ser un monstruo, un monstruo ético. Su obligación legal es maximizar los beneficios para los accionistas.
Y para lograr eso, deben producir, como dice Noam Chomsky, “el debilitamiento de la concepción de solidaridad y cooperación”. Y eso es lo que radica en el corazón del ataque a la escuela pública, el ataque a la seguridad social, el esfuerzo por bloquear cualquier forma de sistema nacional de salud, el ataque a cualquier forma de participación popular, a los derechos humanos, tal como viene funcionando desde hace un año y medio.
Gisella Rebollo es Directora del Centro Educativo Terapéutico Sembrar
RELAMPAGOS. Ensayos crónicos en un instante de peligro. Selección y producción de textos: Negra Mala Testa
