La oposición intentará nuevamente derogar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 846, que otorga facultades al ministro de Economía, Luis Caputo, para modificar las condiciones del canje de deuda sin pasar por el Congreso. La iniciativa, frustrada la semana pasada por falta de quórum, dependerá esta vez del respaldo de los gobernadores dialoguistas, quienes también tienen intereses atados a las discusiones por el Presupuesto 2025.
Gobernadores en el centro del debate
La postura de los mandatarios provinciales será decisiva. Mientras algunos de Juntos por el Cambio buscan mantener canales de diálogo con el oficialismo, otros consideran la derogación del decreto como una herramienta de presión para avanzar en las negociaciones presupuestarias. Sin embargo, el Gobierno ya cerró oficialmente las conversaciones sobre el presupuesto, lo que ha generado tensiones incluso dentro del bloque opositor.
La Casa Rosada busca evitar concesiones generalizadas a los gobernadores de la oposición, priorizando acuerdos bilaterales con sus aliados políticos. Este enfoque ha incrementado la presión sobre los representantes provinciales, que enfrentan dilemas internos: mantener la unidad en sus demandas o buscar beneficios individuales.
Proyectos en agenda
La sesión de este martes es solo el inicio de una semana cargada de desafíos parlamentarios. El miércoles, se espera el debate sobre iniciativas vinculadas a la ludopatía, impulsadas por bloques como la Coalición Cívica, Encuentro Federal y el Frente de Izquierda. El jueves, los proyectos de Ficha Limpia y juicio en ausencia volverán a ser el eje, aunque ya enfrentaron fracasos previos por la falta de consenso.
El proyecto de democracia sindical del radical Martín Tetaz, que busca reformas en el ámbito gremial, también figura en la agenda. Sin embargo, sin dictamen de comisión, necesitaría una mayoría especial para ser tratado, lo que parece improbable en el actual escenario.
Escenario polarizado
Con cinco sesiones especiales previstas en tres días, el Parlamento refleja un nivel de polarización que dificulta alcanzar consensos. Tanto oficialismo como oposición intentan posicionarse frente a un eventual llamado a sesiones extraordinarias, que quedarían restringidas a los temas que el Ejecutivo decida tratar.
El resultado de estas discusiones no solo impactará en el funcionamiento institucional, sino también en la dinámica de poder entre el Gobierno nacional, los bloques legislativos y las provincias. La última semana de sesiones promete ser un termómetro de las alianzas y tensiones que marcarán la agenda política en 2025.