Acusan al Gobierno de armar la causa por certificados falsos para justificar despidos en la administración pública
En la apertura del juicio por la supuesta venta de certificados médicos falsos, el abogado defensor de los principales acusados denunció una presunta maniobra del Gobierno para legitimar el despido de empleados públicos. Federico Farías, representante legal de Paola Tonelli y José Toledo, aseguró que la causa carece de pruebas sólidas y que responde a una estrategia política para justificar cesantías en la administración estatal.
“El expediente que hoy llega a juicio está armado. Fue una operación del Gobierno para poder despedir empleados sin consecuencias legales. No tienen pruebas concretas ni pericias que confirmen la falsedad de los certificados”, declaró Farías en declaraciones a SanLuis24 Radio.
Según el letrado, durante el desarrollo del juicio –que comenzó este miércoles y se espera finalice el viernes– quedó en evidencia que la acusación presenta debilidades notorias. “No ofrecieron los documentos que supuestamente son falsos ni una sola pericia técnica que sustente la denuncia. Todo esto fue diseñado para encubrir despidos”, sostuvo.
Además, Farías denunció que durante una pausa en la audiencia, la testimonial ofrecida por la Fiscalía de Estado estaba siendo “peinada”, es decir, preparada con pruebas no incorporadas oficialmente al expediente. “Esto demuestra lo irregular de todo el proceso. Mis defendidos han sido condenados públicamente antes de cualquier veredicto”, afirmó.
El juicio es llevado adelante por el tribunal compuesto por José Luis Flores, Adriana Lucero Alfonso y Ariel Parrillis. Además de Tonelli y Toledo, también se encuentra imputada Graciela Apaza Señani, quien habría colaborado en la impresión de los certificados médicos presuntamente apócrifos.
El Gobierno, al momento de presentar la denuncia, sostuvo que numerosos empleados públicos utilizaron estos certificados falsos para justificar inasistencias laborales, lo que derivó en sanciones disciplinarias e incluso despidos. No obstante, la defensa insiste en que todo el proceso judicial es una herramienta para encubrir una “depuración política” en la administración pública.
“Solo faltaba que bajaran el martillo de la sentencia antes de iniciar el juicio”, ironizó Farías, quien reiteró que sus representados deben ser considerados inocentes hasta que se presenten pruebas fehacientes en su contra.
