“Analistas advierten que las reformas del Gobierno responden a presiones internacionales”
El reciente paquete de leyes impulsado por el Gobierno nacional —que incluye reformas laboral, impositiva y penal, además del Presupuesto 2026— genera preocupación entre analistas políticos y económicos, quienes sostienen que las medidas responden a presiones externas y benefician principalmente a los grandes grupos empresariales.
Según distintos especialistas, el objetivo central de las iniciativas sería cumplir con compromisos asumidos con organismos internacionales y actores financieros del exterior. En ese marco, se busca endurecer el sistema penal, flexibilizar las condiciones laborales y reestructurar los impuestos de manera regresiva.
Uno de los puntos más sensibles es la situación del sistema previsional. Los expertos advierten que la utilización de fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad dejó al esquema jubilatorio “en terapia intensiva”, con un futuro incierto para los aportantes actuales y los jubilados.
Además, remarcan que la aprobación de estas leyes dependerá del acompañamiento político de los gobernadores y del rol que asuman los bloques opositores en el Congreso. “Hay un intento de acelerar decisiones estructurales bajo un discurso de urgencia económica”, señalaron.
Sobre el impacto inmediato en la economía, los análisis coinciden en que las reformas podrían provocar un nuevo salto inflacionario, con aumentos en alimentos y servicios esenciales. “El escenario de noviembre será más complejo que el de octubre: los precios seguirán en alza y la presión sobre los salarios se intensificará”, explicaron.
Por otro lado, se observa un fuerte optimismo en el sector financiero, que interpreta el rumbo del Gobierno como una oportunidad para los mercados. Sin embargo, los analistas advierten que este tipo de “euforia inicial” ya se ha visto en otras etapas de la historia argentina, con resultados desiguales y un marcado deterioro social.
Finalmente, los recientes cambios en el gabinete son leídos como una jugada política para consolidar poder y asegurar la aprobación de las leyes más polémicas. “Se busca blindar al Ejecutivo con funcionarios afines y garantizar una mayoría parlamentaria que respalde las reformas sin fisuras”, afirmaron.
