Esta decisión del Ejecutivo profundiza el conflicto con los rectores y genera tensión con docentes y estudiantes, quienes ya anticiparon una nueva marcha de protesta para octubre.

Además de la insuficiencia en los recursos asignados, se mantiene la suspensión del Fondo de Incentivo Docente (FONID), en vigor desde enero, lo que ha provocado el descontento de la oposición en la Cámara de Diputados. A pesar de los intentos de algunos bloques opositores de restituir este fondo a través de una ley, las diferencias internas han impedido su sanción.

El diputado Julio Cobos criticó duramente la medida, señalando que el presupuesto asignado a las universidades públicas está "lejos de lo necesario" y cuestionó las prioridades del gobierno en cuanto a la educación. "Gobernar es administrar prioridades y la educación es prioritaria", afirmó Cobos.

El conflicto toma mayor dimensión tras la reciente aprobación en el Senado de una ley para ampliar el presupuesto universitario para este año, con un impacto fiscal de 738 mil millones de pesos. Sin embargo, el presidente Milei ya anticipó que vetará esta ley, lo que ha generado más descontento en el ámbito educativo.

El gobierno destinó el 5,7% del presupuesto total al sistema educativo para 2025, lo que incluye, además de los fondos para las universidades, programas como el Plan de Alfabetización Nacional y el Programa Progresar. Sin embargo, tanto desde el ámbito académico como desde la oposición, se considera que esta asignación no será suficiente para garantizar el funcionamiento adecuado de las universidades nacionales y otros programas educativos.