La medida implica la eliminación de una lista de fármacos esenciales de su cobertura gratuita, incluyendo antibióticos, corticoides y tratamientos para enfermedades crónicas. Este cambio afecta a miles de jubilados y pensionados, especialmente aquellos con ingresos limitados, quienes ahora deberán costear medicamentos clave como tramadol, prednisona y sulfasalazina.

El programa también impone nuevos requisitos para acceder a los beneficios, exigiendo a los afiliados demostrar ingresos menores a un monto específico y no ser propietarios de más de un inmueble. Estas restricciones han generado críticas, ya que excluyen a muchos beneficiarios en situaciones vulnerables.

En la provincia de San Luis, donde una proporción significativa de la población jubilada depende de estos beneficios, el impacto es alarmante. Muchas personas mayores enfrentan serias dificultades para acceder a los tratamientos necesarios, lo que podría agravar su estado de salud. Además, la medida genera una mayor presión sobre los servicios de salud provinciales, ya que más jubilados recurrirán a hospitales públicos en busca de alternativas más accesibles.

El ajuste no solo afecta la calidad de vida de los jubilados, sino que también plantea interrogantes sobre el futuro de la seguridad social en el país.