Cuatro individuos, armados y con rostros cubiertos, dirigieron amenazas a Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, y Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe. En el mensaje, además de críticas a las políticas de seguridad, se hicieron llamados a mejorar las condiciones sociales, como educación y empleo, dejando en claro un intento de sembrar terror tanto en Santa Fe como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Bullrich señaló que las amenazas podrían provenir de una banda de Buenos Aires, dado que menciona operativos recientes en cárceles de alto riesgo, como Ezeiza y Marcos Paz. “La forma de comunicación tiene características de narcoterrorismo”, comentó. Asimismo, aseguró que su ministerio trabaja en un plan para reforzar la seguridad en las zonas más afectadas por la narcocriminalidad, incluyendo Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza y Tucumán.

El Gobierno nacional, por su parte, respondió con firmeza a través de un comunicado que reafirma su postura contra la violencia armada. “No hay espacio para la violencia en la Nueva Argentina”, expresó el presidente Javier Milei, quien destacó que "el crimen no será rentable en su gestión".

Las amenazas se dan en un marco de violencia constante en Rosario, donde el narcotráfico ha dejado un saldo de víctimas, entre ellas trabajadores como taxistas y colectiveros, en respuesta a las medidas de control penitenciario y operativos en la región.

El caso pone de relieve la complejidad del combate al narcotráfico y la necesidad de una estrategia integral que aborde tanto la represión de las bandas como las raíces sociales que fomentan su expansión. El desafío para el gobierno será garantizar que las medidas sean efectivas y sostenibles, tanto en Santa Fe como en otras provincias vulnerables a este tipo de amenazas.