La fiscal Alejandra Quiroga Nassivera, titular de la Unidad de Abordaje Fiscal, ofreció detalles sobre esta investigación que ha generado inquietud en la comunidad.

La causa se originó a partir de la denuncia de un efectivo de la misma fuerza, quien alertó sobre supuestas irregularidades en los procedimientos llevados a cabo por sus compañeros. Este reporte fue presentado tanto a través de la plataforma online de denuncias como directamente en la Policía, lo que motivó la intervención inmediata de Asuntos Internos. La pesquisa se centra en las extralimitaciones en los allanamientos, donde se alega que algunos elementos secuestrados no coincidían con lo autorizado por las órdenes judiciales, incluyendo la incautación de computadoras no especificadas.

La investigación ha avanzado gracias a testimonios cruciales. Se ha informado que algunos procedimientos fueron documentados como voluntarios, aunque no se llevaron a cabo de esa manera, lo que podría constituir una violación grave de las instrucciones judiciales. A raíz de la visibilidad del caso en los medios, más personas afectadas y testigos han comenzado a aportar información adicional.

Recientemente, Quiroga Nassivera instó a los vecinos del norte provincial a comunicarse con la Unidad de Abordaje si tenían conocimiento de irregularidades, lo que ha resultado en la suma de nuevos testimonios.

Desde el 10 de octubre, cinco efectivos han sido apartados de sus funciones y están bajo investigación por delitos graves, incluida la posible extorsión a un empresario. Estos policías, que incluyen dos cabos, un suboficial y dos oficiales, fueron separados por orden del jefe de la Policía y enfrentan tanto denuncias penales como administrativas.

La Dirección General de Asuntos Internos inició la investigación luego de recibir una serie de denuncias sobre la participación de estos efectivos en actividades ilícitas en el Departamento Ayacucho desde mediados del año pasado, lo que sugiere una posible complicidad interna y conexiones con otros delitos recientes.